La Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos se mostró preocupada por la aprobación de la reforma electoral, la composición del Consejo Supremo Electoral, la disolución de dos partidos políticos y las acusaciones en contra de una de las aspirantes a la Presidencia.
La Oficina Regional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) llamó a Nicaragua a modificar la ley electoral y garantizar los derechos fundamentales en el país, como requisitos “indispensables” para que sea “creíble” el proceso de comicios previsto en noviembre próximo.
La oficina del Alto Comisionado hizo esas peticiones tras alertar que las recientes decisiones de cara a los comicios presidenciales y legislativos del 7 de noviembre próximo “alejan la posibilidad de un proceso electoral con respeto de los derechos humanos”.
Mencionó en específico la aprobación de la reforma electoral, la composición del Consejo Supremo Electoral, la disolución de dos partidos políticos y las acusaciones en contra de una de las aspirantes a la Presidencia.
La reforma electoral aprobada el pasado 4 de mayo “contiene causales excesivamente amplias para inhabilitar candidaturas, suspender y cancelar la personalidad jurídica de los partidos políticos, e incorpora restricciones a la libertad de expresión, reunión pacífica, asociación y participación política que son incompatibles con la normativa internacional en materia de derechos humanos”, según el organismo.
La mayoría de estas restricciones, recordó el ente de la ONU, “ya estaban previstas en las leyes Nº 1040 sobre Agentes Extranjeros y Nº 1055 sobre Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, aprobadas a finales del año pasado”.
La OACNUDH señaló que la forma cómo fueron nombrados los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral, por un Parlamento dominado por los afectos al presidente Daniel Ortega y sin las consultas civiles establecidas en la Constitución, “pone en duda” la “independencia e imparcialidad” de estos funcionarios designados.
Este nuevo Consejo Supremo Electoral canceló el pasado martes al Partido de Restauración Democrática (PRD), “precluyendo la participación de varias candidaturas de la oposición en las próximas elecciones y sin haber dado la posibilidad a sus representantes de presentar argumentos en su defensa”, y un día después al Partido Conservador (PC).
“La disolución es el castigo más severo que se puede imponer a un partido, y por lo tanto solo puede ser tomado cuando su mera existencia supone una amenaza grave a la democracia”, señaló el representante de la OACNUDH, Alberto Brunori.
La causal para cancelar al PRD, “una supuesta separación de los principios bíblicos fundacionales del partido (…) no se encuadra en ninguno de los supuestos aceptados por el derecho internacional de los derechos humanos para restringir la libertad de asociación”, agregó Brunori.
Asimismo, el 20 de mayo, el Ministerio de Gobierno difundió una nota de prensa señalando a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y a su ex directora y ahora aspirante presidencial, Cristiana Chamorro, por presuntas irregularidades financieras y lavado de dinero, anotó el ente de la ONU.
Ese mismo día, añadió, “la Policía allanó las oficinas de la Fundación, que estaban vacías, y las instalaciones del medio informativo Confidencial, dirigido por su hermano Carlos Fernando Chamorro. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro permanece cerrada desde el 5 de febrero pasado, tras negarse a funcionar bajo los requisitos de la Ley de Agentes Extranjeros”.
“Lamento que, a menos de seis meses de las elecciones generales, el Estado de Nicaragua haya tomado estas medidas que alejan, en lugar de acercar, la posibilidad de un proceso electoral donde se respeten los derechos humanos de todas las personas a asociarse libremente en forma de partidos políticos, a postular sus candidaturas y a votar por las opciones políticas de su elección”, declaró Brunori.
La OACNUDH “hace un llamado al Estado nicaragüense a modificar la ley electoral para alinearla con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, y a restablecer plenamente las garantías para el disfrute de los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y de participación política que resultan requisitos indispensables para un proceso electoral libre, creíble, equitativo y participativo”.
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