El presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, Oscar Zago, indicó que buscan darle celeridad al tratamiento del proyecto. «Todos tienen que entender que Argentina, además de no tener plata, no tiene tiempo», agregó el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.
Luego de la presentación del proyecto de ley «ómnibus», denominada «Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», el oficialismo buscará apretar el pie en el acelerador y llevar la mega iniciativa al recinto el jueves 25 de enero en la Cámara de Diputados. Así lo adelantó el presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, Oscar Zago, en declaraciones televisivas.
«Queremos llevarlo al recinto para el 25 de enero», expresó, y indicó que se van a juntar para definir la integración de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores y Culto.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, adelantó que estas cuatro comisiones podrían incluso constituirse antes de que termine esta semana para recibir a los funcionarios de cada una de las áreas del Poder Ejecutivo involucradas en las reformas en los primeros días de enero.
«Todos tienen que entender que Argentina, además de no tener plata, no tiene tiempo», resumió el riojano en declaraciones a los medios acreditados en Diputados, acerca de los tiempos expeditivos en los que se quiere abordar la ley ómnibus.
Por su parte, Zago anticipó que «entre el martes y el miércoles de la semana que viene» quedará conformada la comisión bicameral de Trámite Legislativo que tendrá como responsabilidad revisar la validez o invalidez del mega DNU de desregulación del Estado dispuesto por el presidente Javier Milei.
El ministro de Interior, Guillermo Francos, fue el encargado de ir a buscar a la Casa Rosada el copioso proyecto de ley de 664 artículos y 351 páginas, para entregarlo en mano a Menem pasadas las 15 hs en el Palacio Legislativo.
Como primera medida, el Poder Ejecutivo apunta con esta iniciativa que el Congreso declare «la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025», plazo prorrogable por dos años más.
La reorganización administrativa declarada en el artículo tres apunta a dotar de un marco regulatorio a la Administración Pública Nacional, fusionar o disolver dependencias, profesionalizar la carrera administrativa de los agentes, e intervenir todas las entidades descentralizadas del Estado nacional, con excepción de las universidades.
También se declara a todas las sociedades propiedad del Estado o con propiedad mayoritaria estatal sujetas a privatización.
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