Por un crédito laboral originado en un accidente de trabajo, la familia de un empleado reiteró su pedido para que se declare la quiebra de Correo, la firma de la familia Macri. Denuncia maniobras fraudulentas y gravedad institucional.
Por un crédito laboral originado en un accidente de trabajo, la familia de un empleado reiteró su pedido para que se declare la quiebra del Correo Argentino, firma de la familia de Mauricio Macri. Denuncian maniobras fraudulentas y gravedad institucional.
Con la representación del abogado Ricardo Faustino Lopez, la familia de Alberto Domingo Divano, quien prestaba tareas en el Correo Argentino y falleció en 1998, pidió el dictado de la quiebra de la firma y que se rechace cualquier tipo de acuerdo.
Se trata de una presentación del abogado que realizó un pedido similar respecto de otros ex trabajadores de Correo que tienen créditos laborales.
El pedido fue realizado luego de que la concursada no logró la conformidad del Estado Nacional, que es el principal acreedor, y tras el dictamen de la fiscal Gabriela Boquin sobre maniobras de supuestos avales truchos.
El abogado remite al dictamen de la fiscal que sostuvo que la mayoría de conformidades lograda para la propuesta de acreedores se logró de manera fraudulenta ya que “los apoderados de los créditos y cesionarios de créditos que prestaron conformidad se encuentran directamente vinculados a tres estudios que paralelamente son apoderados de la concursada, y al menos dos estudios poseen miembros en el estudio de Correo Argentino”.
De los 708 acreedores de Correo, solo 15 no merecen observaciones había dicho la fiscal.
“Grosero y manifiesto ejemplo de lo expresado es la actuación del abogado Diego Martín Teglia que representa la mayor cantidad de acreedores que prestaron conformidad pero que al mismo tiempo ha sido apoderado de la concursada”, en causas del Correo contra otras empresas y municipalidades, señaló el abogado.
Y agregó: “Inexistente o nula la mayoría lograda en forma fraudulenta para la categoría C por apoderados que representaban directa o indirectamente a la propia concursada, por carácter transitivo no se puede validar jurídicamente la mayoría lograda en fraude de la ley”.
El concurso de acreedores está en un momento crucial y la jueza Marta Cirulli debe definir si dicta la quiebra.
La firma postal ofreció pagar 1.000 millones de pesos, que es una quinta parte de la deuda real según el cálculo de la fiscalía de Cámara,
Para salvarse de la quiebra, el Correo Argentino necesita la conformidad de los acreedores que representan las dos terceras partes del capital. El Estado nacional que es el principal acreedor, ya rechazó la oferta de Correo.
Tampoco lo aceptaron el Banco Nación, la AFIP y numerosos trabajadores. En total hay 708 beneficiarios de la deuda de la empresa.
Correo Argentino alega que desde 2016 que tiene avales de 375 acreedores, a los que se sumaron otros 35. Es decir pretende demostrar que tiene más del 75 por ciento de conformidades.
La fiscal Boquin advirtió que de todas las conformidades que exhibe el Correo hay 354 que están concentradas por 14 apoderados, seis de los cuales tienen el mismo domicilio, y cuatro de ellos formaron parte del directorio del propio Correo Argentino.
Para el abogado Lopez aprobar el concurso “posibilitaría que Correo pague menos a los acreedores quirografarios reales (ya que hay un gran número de inventados), que pague menos al Estado Nacional, que pague sin intereses a los acreedores laborales privilegiados”, lo que importaría un “grave acto de gravedad institucional”. Se estarían amparando desde el Poder Judicial “innumerables actos ilegales”, alegó el letrado.
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