Así lo determina un informe realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que precisó que la ejecución en los primeros nueve meses del año fue de $671.868 millones.
Los programas sociales registraron un nivel de ejecución de $671.868 millones en los primeros nueve meses de 2020, con un incremento de 447% en términos reales respecto de igual período de 2019, impulsado, esencialmente, por las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, de acuerdo con un informe difundido por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El trabajo destacó que en el período enero-septiembre «los ingresos totales de la Administración Nacional se incrementaron 5%» año contra año en términos reales, en tanto que «las transferencias al Tesoro por $1.172.000 millones por utilidades provenientes del Banco Central lograron contrarrestar la caída de la recaudación tributaria y de los recursos de la Seguridad Social».
«Si se descuentan dichas utilidades tanto de 2019 como de 2020, los ingresos totales del período muestran un retroceso real de 17,6% en términos interanuales», añadió el informe.
La OPC detalló que «los gastos primarios aumentaron 21,9% en comparación con la ejecución registrada en el mismo período de un año atrás, a partir de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria».
Entre estas medidas, se consideró al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la atención del Salario Complementario en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
En este capítulo, se destacó que «debido a la caída interanual de los intereses de la deuda (44,8%), los gastos totales tuvieron una suba más moderada de 9,4%».
En concreto, a raíz de la caída de los ingresos y al aumento en los gastos primarios, el resultado primario (neto de utilidades del BCRA) pasó de un superávit de $75.892 millones al 30 de septiembre de 2019 a un déficit de $1.374.743 millones en igual período de 2020. Si se toman en cuenta las utilidades transferidas tanto el año pasado como el actual, el resultado primario pasó de un superávit de $280.137 millones a un déficit de $202.743 millones, en tanto que el resultado financiero se incrementó de un déficit de $314.838 millones a otro de $676.719 millones.
En cuanto a los gastos corrientes devengados, se destacaron las «transferencias a universidades (75,4%), y se ubicó en el otro extremo la inversión real directa (43,6%).»
Desde el punto de vista de las funciones del gasto, agua potable y alcantarillado resultó aquella con el mayor nivel de ejecución registrado (74,5%), mientras que, por el contrario, comercio turismo y otros servicios devengó el menor nivel (19,8%).
Los servicios sociales representaron la finalidad más relevante, con el 68,1% del gasto total ejecutado por la Administración Nacional a septiembre.
En el informe, se destacó la función seguridad social ($2.639.088 millones) que concentra el 77,5% del total devengado en servicios sociales, y devengó 70,4%.
Los recursos de la Seguridad Social ($979.352 millones) se retrajeron 12,7% a partir del deterioro del mercado de trabajo y de las medidas dispuestas por el Gobierno nacional para atenuar los efectos económicos de la crisis sanitaria para los sectores económicos afectados, entre las que se destacó la reducción o postergación del pago de las contribuciones patronales .
Asimismo, la remuneración imponible y de la cantidad de aportantes al sistema registraron disminuciones, impulsadas por el atraso del salario real y la caída del empleo, indica el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Las transferencias a provincias ($254.980 millones), reflejaron un alza real de 115,6%, como consecuencia de los incrementos en el programa Asistencia Financiera a Provincias y Municipios, los Aportes del Tesoro Nacional y los fondos canalizados a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
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