El proyecto de ley fue presentado por el diputado oficialista Eduardo Valdés y, de aprobarse, sería una herramienta para más de tres millones y medio de personas.
El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) presentó este martes un proyecto de ley para la creación de la Defensoría Nacional de las Personas con Discapacidad que vele por los derechos de ese grupo compuesto por más de tres millones y medio de personas.
La iniciativa propone que el organismo se rija bajo la órbita del Poder Legislativo y tenga como misión prioritaria «la defensa y protección de los intereses y derechos de las Personas con Discapacidad, tutelados por la Constitución Nacional, Tratados Internacionales y las leyes, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública nacional, entidades o personas jurídicas, públicas o privadas, que presten todo tipo de servicios, cuidados y asistencia».
Su titular será elegido por el Congreso previo a la conformación de una comisión bicameral integrada por cinco senadores e igual cantidad de diputados.
«Entre los miembros de la Comisión, debe incluirse a quien ocupe la Presidencia de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados y a quien ocupe la Presidencia de la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Honorable Senado», se explicó en el proyecto.
Al respecto, Valdés afirmó que con esta moción se busca que «el sector tenga una voz propia que defienda sus derechos para que tanto el Estado como otros ámbitos brinden las respuestas que el sector está esperando».
«Las dificultades de las personas con discapacidad para acceder a las prestaciones que brindan tanto el sector público como privado son muchas, y se vieron agravadas en el marco de la pandemia. Creemos que una Defensoría específica para este enorme universo, conformado por personas de todas las edades, extracciones sociales y provincias, es un gran paso hacia un país más justo y solidario», sostuvo el diputado.
La Defensoría propuesta será el espacio propicio y con competencia para velar por el derecho a la vida, la educación, el empleo, la salud y la no discriminación de personas con al menos una discapacidad, entre otros derechos que frecuentemente son vulnerados.
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