La fiscalía que investiga la muerte del funcionario judicial ratificó que se trató de un homicidio vinculado a la investigación del atentado a la AMIA y la denuncia por el Memorándum con Irán.
La fiscalía que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman ratificó que se trató de un homicidio vinculado a su investigación del atentado a la AMIA y a su denuncia por la firma del Memorándum con Irán, en un informe sobre el estado de la causa penal publicado a ocho días del décimo aniversario del hecho.
«El fiscal federal Natalio Alberto Nisman fue víctima de un homicidio y que su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI-AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán», concluye el informe de 56 carillas en la investigación que lleva adelante el fiscal federal Eduardo Taiano.
Los investigadores remarcan que a la fecha «se encuentran en curso la producción de medidas tendientes a determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron, conforme a la hipótesis de la fiscalía».
La investigación está delegada en la fiscalía de Taiano por decisión del juez del caso, Julián Ercolini y, según el informe difundido hoy, se apunta entre otros aspectos al rol de los servicios de inteligencia en el gobierno de Cristina Kirchner además del desarrollo de medidas de prueba para dar con los autores materiales y con quienes ordenaron el crimen.
«La vinculación de los servicios de inteligencia con la investigación del atentado a la sede de la AMIA fue algo que se verificó desde sus albores. Esta relación tomó mayor relevancia luego de la creación de la UFI-AMIA por orden del Presidente Kirchner y el mandato de colaboración de la entonces SIDE al fiscal Nisman», recordó el documento.
Pero, la fiscalía advierte que, en relación a esa colaboración, «se incorporaron constancias indicando que con posterioridad al fallecimiento del Presidente Kirchner la situación cambió», explica en el informe difundido por el sitio web de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.
«Aproximadamente para finales del año 2010 y principios de 2011, el Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, decidió un viraje en su política exterior respecto de la República Islámica de Irán, que se tradujo en una orden a la Secretaría de Inteligencia para que cese en la investigación del atentado a la sede de la AMIA y su colaboración con el fiscal que llevaba adelante la causa», asegura la fiscalía.
Ante ello, hubo una «negativa de un sector del organismo dedicado a la inteligencia nacional de cumplir esa orden, se dio comienzo a una fractura entre este grupo y las máximas autoridades nacionales y las dependencias de la Secretaría de Inteligencia que continuaban respondiéndole».
En ese período ubicó la fiscalía la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado y «la labor desplegada por Nisman para sostener su inconstitucionalidad».
Taiano y su equipo de investigación ubican en ese lapso medidas del Poder Ejecutivo para «favorecer y fomentar» la labor de inteligencia del Ejército Argentino, uno de los aspectos que se investiga en la causa por la muerte de Nisman, encontrado con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento en las torres Le Parc el 18 de enero de 2015, cuatro días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Kirchner y otros imputados por encubrimiento agravado a raíz de la firma del Memorándum.
En la investigación se «han solicitado nuevas medidas de prueba a distintas dependencias. Se libraron nuevas órdenes de presentación a empresas telefónicas a los efectos de obtener los registros entrantes y salientes de abonados que siguen surgiendo en la trama descripta, que se traducen en cerca de 100 nuevas líneas telefónicas que serán incorporadas a las actividades de entrecruzamiento y análisis de comunicaciones que se encuentran en trámite».
«Se imputó a Luis Alberto Heiler -prefecto general de la Prefectura Nacional Argentina-, Román Di Santo -jefe de la Policía Federal Argentina-, Sergio Berni -secretario de Seguridad del Ministerio
De Seguridad de la Nación- y Darío Ruiz -secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales,
Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad de la Nación-, quienes intervinieron en el procedimiento llevado a cabo en el complejo Le Parc Puerto Madero a raíz de las irregularidades detectadas en el ámbito de su accionar», recordó además la fiscalía.
En la actualidad sigue la declaración como testigos de agentes de inteligencia que mantuvieron «comunicaciones relevantes» el fin de semana de la muerte de Nisman y continúa el entrecruzamiento de la información.
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