Boletín Oficial

La medida fue oficializada a través del Decreto 269/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece una actualización del organigrama junto con la redefinición de funciones en distintas secretarías y subsecretarías.

El Gobierno nacional dispuso una reconfiguración interna en la Jefatura de Gabinete de Ministros, con cambios en la estructura organizativa y en los objetivos de áreas clave vinculadas a la comunicación, la innovación y la gestión estratégica.

La medida fue oficializada a través del Decreto 269/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece una actualización del organigrama junto con la redefinición de funciones en distintas secretarías y subsecretarías.

Según se detalla en la norma, la iniciativa apunta a optimizar recursos y mejorar la coordinación de competencias, adaptando el funcionamiento de los organismos bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Qué cambios tendrá la Jefatura de Gabinete

En ese marco, se dispuso el traspaso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos desde la Secretaría General de la Presidencia hacia la Jefatura de Gabinete, que conduce Manuel Adorni.

A partir de estos cambios, la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Asuntos Estratégicos y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología pasan a tener funciones ampliadas y objetivos actualizados.

También se fortalecen las atribuciones de la Unidad Gabinete de Asesores, que desde ahora tendrá un rol central en la coordinación de la comunicación institucional, la relación con la prensa y la difusión de contenidos oficiales.

Dentro del nuevo esquema, se reorganizan áreas clave como la Secretaría de Comunicación y Prensa, que incluye las subsecretarías de Prensa, de Comunicación y Actos de Gobierno y de Medios Públicos, así como la Secretaría Ejecutiva, que incorpora funciones de coordinación interministerial y evaluación presupuestaria.

Cambios en comunicación e innovación

En paralelo, el decreto introduce nuevos lineamientos en materia tecnológica, con énfasis en la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas del sector público, además del desarrollo de marcos regulatorios para tecnologías como inteligencia artificial, blockchain e internet de las cosas.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tendrá además a su cargo la conducción del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y la administración de participaciones estatales en empresas como AR-SAT y el Correo Oficial. También ejercerá control sobre organismos como el ENACOM, el CONICET y la CONAE.

El decreto establece, a su vez, la aprobación de la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo, con el detalle de responsabilidades de cada área, y dispone que, hasta que finalice la transición, se mantendrán vigentes las estructuras inferiores para garantizar la continuidad administrativa.

El gasto derivado de la reestructuración será cubierto con las partidas asignadas a la Jurisdicción 25 – Jefatura de Gabinete de Ministros, mientras que la adecuación técnica del nuevo esquema contó con la intervención de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional y la Oficina Nacional de Presupuesto.

Ámbito

Según publicó en el Boletín Oficial, se habilita el arancelamiento del sistema sanitario y se endurece el acceso a la ciudadanía.

El Gobierno modificó por decreto  la ley 25.871 que regula la política migratoria y, según publicó este jueves en el Boletín Oficial, entre los cambios se destacan que se la administración nacional endurece las deportaciones y el acceso a la ciudadanía, mientras que habilita el arancelamiento del sistema sanitario y señala que, si las universidades lo desean, pueden cobrar por el servicio a los extranjeros.

Se trata del DNU 366/2025 y en uno de los artículos indica: «El Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes a las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, de acuerdo con los derechos y obligaciones correspondientes a cada categoría migratoria, en particular en lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social».

«Los extranjeros tendrán derecho, aun cuando su condición migratoria fuera irregular, a ser admitidos como alumnos en un establecimiento educativo inicial, primario o secundario, ya sea público o privado; nacional, provincial o municipal, para lo cual su situación migratoria no podrá ser causa de discriminación alguna. Las autoridades de los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria”, señala en otro artículo.

Además, manifiesta que «en casos de emergencia, no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Los extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos».

«Por fuera de los supuestos establecidos en los párrafos precedentes, en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el ESTADO NACIONAL, solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio, de conformidad con las condiciones que establezca el MINISTERIO DE SALUD”, añade.

También, expresa: «Los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las categorías de ´residentes permanentes´, ´residentes temporarios o ´residentes transitorios´.
La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES determinará la viabilidad del cambio de la categoría o subcategoría en que los extranjeros fueron originariamente admitidos. Una vez iniciado el trámite correspondiente y hasta su resolución, la Autoridad de Aplicación podrá conceder una autorización de ‘residencia precaria’, la cual será revocada por dicha autoridad cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento. Su validez será de hasta NOVENTA (90) días corridos y podrá ser renovada por resolución fundada de la referida autoridad migratoria».

«La residencia a la que refiere el párrafo anterior habilitará a sus titulares a permanecer, egresar, ingresar, trabajar y estudiar durante su período de vigencia en el territorio nacional.
La extensión y renovación de la residencia precaria no genera derecho a una resolución favorable respecto de la admisión solicitada, ni resulta residencia válida a los efectos de acreditar arraigo, necesario para la obtención de la residencia permanente, o para la adquisición de la nacionalidad por naturalización”, agrega.

Asimismo, añade: «Se considerará ´residente permanente´ a todo extranjero que, con el propósito de establecerse definitivamente en el país, obtenga de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES una admisión en tal carácter. Al tramitar el pedido de residencia, el interesado deberá acreditar que cuenta con los medios económicos suficientes para subsistir en el país y que no cuenta con antecedentes penales que pudieren motivar el rechazo de la solicitud, todo ello de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación. A los hijos de argentinos nativos, naturalizados o por opción que nacieren en el extranjero se les reconoce la condición de residentes permanentes. Las autoridades permitirán su libre ingreso y permanencia en el territorio”.

«Reunificación familiar: ser cónyuge, progenitor o hijo de argentino nativo, naturalizado o por opción; o ser cónyuge, progenitor o hijo soltero menor a DIECIOCHO (18) años no emancipado o mayor con capacidades diferentes, de un residente permanente o temporario, con autorización para permanecer en el país por un máximo de TRES (3) años o por el período de tiempo autorizado a su familiar radicado temporario, prorrogable, con entradas y salidas múltiples. Para su otorgamiento, la autoridad migratoria deberá tener en cuenta el alcance del derecho de reunificación familiar establecido por el artículo 10 de la presente ley”, indica.

En relación a la educación, uno de los artículos señala: «Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país. La gratuidad implica la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos. Las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán establecer retribuciones por los servicios de educación para aquellos que no estuvieren incluidos en el párrafo anterior, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la presente ley».

«Sin perjuicio de ello, quienes no contaren con residencia permanente en el país podrán ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”, añade.

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