Bonos

Esta medida se suma a la reciente ejecución de una garantía por u$s325 millones en el caso del Cupón PBI en Londres, aumentando la presión sobre Argentina en los tribunales internacionales.

La jueza Loretta Preska autorizó el embargo de u$s210 millones correspondientes al colateral de los Bonos Brady. Además, ordenó la congelación de otros u$s100 millones hasta que Attestor Master y Bainbridge Fund, dos grupos de acreedores de deuda en default, resuelvan su disputa sobre esos fondos.

Esta medida se suma a la reciente ejecución de una garantía por u$s325 millones en el caso del Cupón PBI en Londres, aumentando la presión sobre Argentina en los tribunales internacionales.

El trasfondo de la medida

Los acreedores, conocidos por su posición de holdouts desde el default de 2001, han logrado obtener fallos favorables para embargar activos de Argentina, debido a que no recibieron pagos en los procesos de reestructuración de deuda. En este caso, Attestor Master tiene derecho sobre u$s460 millones, y Bainbridge Fund, sobre u$s100 millones. La Corte Suprema de EEUU rechazó en enero la apelación presentada por Argentina, lo que dejó en pie la orden de embargo de la jueza Preska.

El conflicto involucra los activos argentinos ligados al colateral de los bonos Brady, los cuales habían sido entregados como garantía para el pago de la deuda reestructurada en los años 90. En 2023, Argentina culminó el pago de sus obligaciones, lo que liberó ciertos activos. Sin embargo, la reciente disputa ha resultado en nuevos embargos, sumando más presión sobre el país.

A pesar de que otros fondos, como Bainbridge Fund, intentaron ampliar el embargo, la jueza Preska solo autorizó la congelación de u$s100 millones. En cuanto a los fondos involucrados, como Attestor Master, Trinity Investments, y Bison Bee LLC, se trata de tenedores de deuda argentina que no participaron en los canjes realizados por el país en 2005, 2010 y 2016, y que ahora buscan recuperar su inversión mediante el embargo de activos del Estado argentino.

Este nuevo embargo a los activos argentinos resalta la persistencia de los holdouts en su lucha por cobrar deuda impaga desde el default de 2001. La decisión de la jueza Preska, sumada al rechazo de la apelación de Argentina por parte de la Corte Suprema de EE. UU., refuerza la presión sobre el país en un contexto económico complicado.

A pesar de los esfuerzos por liberar los colaterales de los bonos Brady, los acreedores continúan avanzando en sus reclamos, lo que demuestra que las consecuencias del default aún persisten más de dos décadas después. Este escenario plantea nuevos desafíos para Argentina, que deberá enfrentar una disputa legal prolongada mientras busca estabilizar su economía.

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