Cristina Kirchner

Además, la sala segunda del máximo tribunal penal también ordenó apartar a los jueces de la sala primera de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que fue la que intervino en el expediente como tribunal de apelaciones.

La Cámara Federal de Casación Penal declaró este martes la nulidad de todo lo instruido por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, a quien antes había apartado por recusación, en el proceso en el que se investigaba el presunto uso irregular del avión presidencial para el traslado de muebles por parte de la vicepresidienta Cristina Fernández de Kirchner cuando ejerció la presidencia.

La sala segunda del máximo tribunal penal también ordenó apartar a los jueces de la sala primera de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que fue la que intervino en el expediente como tribunal de apelaciones, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por mayoría a través de una acuerdo que lideró el juez de Casación Alejandro Slokar, quien se refirió al derecho que tienen los imputados a ser juzgado por un juez imparcial y de la expresa prohibición legal que impide a quien denunció un hecho intervenir luego como juez, como fue el caso de Bonadio.

«Menester es destacar que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial constituye una garantía esencial del debido proceso legal», remarcó el magistrado en el fallo al que accedió Télam en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto uso irregular de la flota de aviones presidencial para el traslado de muebles hacia el sur del país entre 2003 y 2015 y que ahora está radicada ante el juzgado que encabeza Sebastián Casanello.

En este expediente se dio la situación de que el denunciante fue luego el juez del caso, según surge del criterio exhibido por la Casación: ocurre que la causa de los aviones se inició por una extracción de testimonios ordenada por el juez Bonadio en el marco de la causa «Cuadernos» después de llamar a declarar a los pilotos de los aviones presidenciales.

«Resulta a todas luces evidente que con toda la asertividad posible el juez denunciante prefijó la totalidad de los extremos que constituirían a posteriori las piezas inaugurales de la presente causa, individualizando la prueba relevante e incluso tipificando las conductas con la adecuación legal que ponderó de aplicación, la cual -no sin sorpresa- replicó ulteriormente en el dictado del auto de mérito», sostuvo Slokar.

«No puede omitirse que el incumplimiento de apartarse por parte del juez denunciante -luego ocurrido por vía de recusación- vio comprometer irremediablemente el deber de imparcialidad, condición indispensable para asegurar un proceso debido, a la par que atributo esencial de la función a fin de procurar la confianza ciudadana en el Poder Judicial», sostuvo el magistrado.

«En definitiva, es en virtud del quebrantamiento a una garantía básica que afecta al orden justo, que debe fulminarse con la sanción de nulidad todo lo actuado por el juez denunciante y a la vez instructor en la causa», enfatizó Slokar.

La jueza Ángela Ledesma, que adhirió a la solución alcanzada por la mayoría, sostuvo que «la actuación del magistrado denunciante como juez del caso ha transgredido la garantía de imparcialidad del juzgador, principio estructural básico para dotar de validez al procedimiento penal en un Estado de Derecho». Según informó Télam.

Los jueces de Casación también dispusieron el apartamiento de los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Llorens, quienes en el pasado, y luego del apartamiento de Bonadio, habían confirmado el procesamiento de la expresidenta en el marco de este expediente.

«Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta», enfatizó a través de una carta titulada «A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad».

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reiteró este lunes que la «quieren presa o muerta», tras advertir que para ella «no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima», al criticar la decisión del fiscal Carlos Rivolo de cerrar la investigación en torno a los tres acusados por el intento de asesinato en su contra y pedir que los envíen a juicio oral.

«Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022», el día en que intentaron matarla.

«Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta», enfatizó a través de una carta titulada «A 40 años de Democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad»

El texto completo de la Vicepresidenta

«En un nuevo acto de consagración de la impunidad, el fiscal Rívolo dio por cerrada la investigación del intento de asesinato que sufrí el 1 de septiembre del año pasado y pidió la elevación a juicio de la causa únicamente respecto de Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo.

En su dictamen, el fiscal omite por completo valorar todo lo relacionado con las líneas de investigación que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo.

Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos. Lo que queda no se investiga nunca más. Y Comodoro Py tiene un penoso historial en ese sentido.

Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa.

Rívolo menciona las pruebas producidas en relación con la línea Millman, pero no dedica ni una sola palabra a sopesar su importancia para la causa. Ni siquiera menciona la reciente declaración de Ivana Bohdziewicz, ex asesora de Millman, en la que contó cómo la llevaron a borrar su celular a las oficinas de Patricia Bullrich , en Av. De Mayo.

Curiosamente, este hecho es el único “olvido” de Rívolo al repasar los testimonios brindados en la causa. Como es de público conocimiento, todas las pruebas producidas en relación con la participación de Millman han resultado incriminatorias.

Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad. Está plagada de testigos que borraron sus teléfonos, prueba que se destruyó sin investigar sus causas y motivaciones, y un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores.

Todo ello, sin perjuicio de que en otra investigación inexplicablemente separada a la del atentado, hay pagos injustificados de la familia Caputo y posible lavado de dinero en torno a personajes relacionados con el atentado, junto a innumerables indicios pendientes de investigación que muestran un vínculo entre agrupaciones pseudo políticas violentas y los perpetradores del ataque.

Respecto del imputado Carrizo, quien tiene mensajes tales como “ahora vamos a matar al jefe de la Cámpora” y hace constantes alusiones a un alto nivel de organización del atentado, Rívolo considera que su única intervención fue otorgar un arma que no se usó.

Además, el fiscal no se expresa en lo más mínimo respecto al borrado del celular de Sabag Montiel, cuyo contenido se perdió el día del intento de asesinato con una intervención, cuanto menos, negligente de la jueza.

Esto se vincula con que Rívolo no se expresa respecto de las medidas de prueba pendientes de producción, que hacen inadmisible elevar la causa a juicio.

Todo esto, entre otras decenas de pruebas que la querella que ejerzo detalló y requirió incesantemente, y particularmente al oponerme a la elevación a juicio. No se entiende cómo ni por qué Rívolo pretende clausurar una causa en pleno trámite, en la que, necesariamente, la responsabilidad de los autores materiales está atada a la de cualquier persona que haya colaborado desde “atrás”.

Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta. Me quieren presa o muerta».

Fuente Télam

Es en la causa que tiene tres detenidos por el atentado del pasado 1° de septiembre contra la Vicepresidenta, que insiste con otras medidas de prueba en la investigación con algunas vinculaciones a la oposición y al financiamiento del hecho.

El fiscal federal Carlos Rívolo pidió enviar a juicio a Fernando Sabag Montiel y a su novia Brenda Uliarte como coautores del intento de asesinato de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina kirchner, el pasado 1 de septiembre en inmediaciones de su departamento de Recoleta.

También insistió en que vaya a juicio el denominado “jefe de los copitos”, Nicolás Carrizo, como partícipe secundario

La fiscalía, la cual tiene delegada la investigación, es quien hizo el pedido en momentos en que la Vicepresidenta quien es querellante en la causa solicita más medidas de prueba y vincula a sectores de la oposición como ser el diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman.

Es que 48 horas antes del atentado, un asesor legislativo del bloque de Frente de Todos declaró que en un café cercano al Congreso hubo una reunión enter Milman y dos asesoras suyas, y en el que el legislador le dijo que tenía previsto irse a la Costa Atlántica “cuando la maten” a la Vicepresidenta.

Si bien Milman no fue imputado sí se está investigando a sus secretarias sobre si dijeron o no la verdad respecto a que eso que se le atribuye a Milman es falso.

En el pedido hecho ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, el fiscal aseguró que los acusados actuaron de forma “premeditada” esto es que “habían ideado un plan para llevar a cabo el asesinato” de Cristina Kirchner. 

“Aprovechándose de la confusión y desprolijidad que generaba la multitud de personas, Sabag Montiel extiende su brazo para pasar la primera línea de individuos que conformaban un cordón humano frente a la Vicepresidenta, apunta el arma de fuego que portaba en dirección a su rostro, la acerca a escasos centímetros y acciona el gatillo, al menos en una oportunidad, llegándose a escuchar incluso el click”, detalló la fiscalía.

La acción de Sabag Montiel fue interrumpida primero por los militantes que aguardaban saludar a la Vicepresidenta en la puerta de su casa, y luego por los custodios de la Policía Federal a cargo del cuidado de Cristina Kirchner.

Además de contar con las imágenes de las cámaras de seguridad y de las tantas que ese día estaban presentes en el departamento de la Vicepresidenta, el fiscal se valió de otra gran cantidad de pruebas. Entre ellas de los mensajes entre Sabag Montiel y Uliarte se mandaron planificando el hecho desde muchos días antes, incluso con la idea de llevarlo a cabo antes, y de los que ellos tuvieron con terceras personas. 

Tal fue la planificación que hasta idearon alquilar un inmueble cercano a la vivienda de la Vicepresidenta y desde un balcón atentar con un arma de fuego, algo que finalmente desistieron según surge de esas conversaciones. 

Respeto a Carrizo, detenido semanas después del hecho, la fiscalía valoró una conversación minutos después del fallido atentado entre él y Uliarte, donde él pensaba que Sabag Montiel había utilizado un arma de fuego provista por él.

“Estamos decididos a matarla a la puta esa”, dijo Carrizo quien además mantuvo una conversación con otras personas donde les hacía saber que él había participado en la planificación del hecho. 

“Corresponde mencionar que, durante la instrucción, al menos hasta este momento y luego de haberse producido numerosas medidas tanto por esta Fiscalía como por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), no se ha podido corroborar, tanto que el ataque investigado haya requerido de una financiación específica, como que los imputados hubieren recibido financiación externa o pago alguno para llevarlo adelante”, concluyó la fiscalía.

“Respecto a la financiación del ataque, resulta objetivo e incontrastable que la logística y la materialidad del acto en sí, no requirió de una gran inversión de dinero u otros recursos, dijo el fiscal y tuvo en cuenta que el arma utilizada incluso pudo llegar de forma gratuita a Sabag Montiel ya que la misma pertenecía a un amigo suyo que había fallecido tiempo atrás y con el cual el ahora acusado había convivido.

“En cuanto a una posible financiación o pago directo a los imputados, la prueba incorporada también permite, por el momento, descartarlos. Sobre ello, indicó que Sabag Montiel apenas tenía ingresos de dinero por trabajar con una aplicación de traslados y ella contaba con un plan asistencial de la ANSES. Carrizo era quien les había cedido a ellos la maquina de hacer copitos de azúcar para poder trabajar en venta ambulante en la vía pública. 

“Los nombrados no recibieron durante los dos años previos al atentado ninguna suma de dinero que hiciera presumir que hubiesen sido financiados para llevar adelante un hecho como el aquí investigado, pues todas las transferencias e ingresos analizados guardan absoluta correlación con las actividades informales que los nombrados realizaban para subsistir”, indicó la fiscalía.

También Rívolo se refirió a la posible vinculación de los imputados con algún partido político o agrupación. “No surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso”, dijo.

“Tampoco lo dicho por los testigos apuntó en dirección a terceras personas, o a la relación de los imputados con agrupaciones o partidos políticos, etc. Toda la prueba reunida hasta aquí revela que los imputados llevaron a cabo el acto por sí solos”, sostuvo.

Ahora la jueza correrá vista a las partes, defensas y querella para que opinen, y luego definirá si la causa pasa a instancias de juicio oral para juzgar a los 3 detenidos. No obstante, un tramo de la causa podría seguir bajo investigación si faltan medidas de prueba por delante. 

Fuente Noticias Argentinas

Ante una multitud, la vicepresidenta recordó que el préstamo por 57.000 millones de dólares que el FMI le otorgó al Gobierno de Mauricio Macri «fue político» y por ende «la solución debe ser política».

La vicepresidenta Cristina Kirchner aseguró hoy que si la sociedad argentina no logra que el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) sea «dejado de lado va a ser imposible» pagar la deuda con ese organismo.

Ante una multitud que se acercó a escucharla en Plaza de Mayo en un acto a 20 años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, la ex jefa de Estado recordó que el préstamo por 57.000 millones de dólares que el FMI le otorgó al Gobierno de Mauricio Macri «fue político» dado que tenía como objetivo la reelección del líder del PRO y por ende «la solución debe ser política».

«Si no logramos que ese programa que el FMi impone a todos sus deudores sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, de industrialización, de innovación tecnológica, va a ser imposible pagarlo por más que digan lo que digan», afirmó.

Al respecto, propuso «investigar la deuda y a sus responsables» y dijo que «es hora de que las instituciones de la Republica Argentina no estén para cuidar los intereses de las corporaciones y de los poderosos sino de todos los argentinos y argentinas».

«Néstor decía que los muertos no pagan las deudas. ¿Se creen que lo van a poder pagar únicamente con commodities? No, olvídense. Es imprescindible unidad nacional frente a eso. Fue un préstamo político y política tiene que ser también la solución», planteó, en un llamado a reestructurar los términos del acuerdo con el FMI.

En este sentido, Cristina Kirchner volvió a sugerir una metodología de pago de la deuda atada al superávit comercial.

«En todo caso, que lo aten a un porcentaje de exportaciones, pero que dejen de querer dirigir la política y clausurarnos la industrialización del país y que seamos únicamente proveedores de materias primas. No alcanza únicamente con la materia prima, tenemos que agregar valor, incorporar tecnología», enfatizó.

También insistió en retomar una política de «buenos salarios», situación que considera que se perdió en los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

«Trabajo de calidad y buenos salarios que es lo que es país necesita. Se puede hacer porque nosotros lo hicimos durante 12 años y medio», resaltó.

Al respecto, la vicepresidenta aseveró que «no es pecado pagar buenos salarios, al contrario, es de buenos cristianos», y recordó que su segundo gobierno terminó «con el mejor salario en dólares de toda Latinoamérica, con la mejor jubilación y con la mayor participación de trabajadores en el PBI, más del 51%».

«Muchos dicen que mi segundo gobierno no fue tan bueno como el de Néstor y el primero mío. Tengo claro que es porque cuando más ganaban los trabajadores y cuando más podría ahorrar la gente. No tengo ninguna duda», subrayó.

Fuente Noticias Argentinas

La vicepresidenta se hizo eco del informe de la Auditoría General de la Nación sobre el acuerdo del gobierno de Macri con el FMI.

Cristina Kirchner resaltó a través de las redes sociales el informe en el que la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció múltiples incumplimientos cometidos durante el gobierno de Mauricio Macri al firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Es escandaloso lo que hicieron y lo que pasó”, afirmó la vicepresidenta, que apuntó a la “cantidad enorme de violaciones a la ley cometidas en el otorgamiento y posterior ejecución del préstamo”. “Lo podríamos titular Cronología de la manganeta”, aseguró.

A través de las redes sociales, Cristina compartió dos videos del informe de la AGN que revelan una serie de irregularidades en el otorgamiento del acuerdo con el FMI. «No es la opinión de un partido político ni de un dirigente opositor. Es el resultado del informe aprobado por la AGN que detalla la enorme cantidad de violaciones a la ley cometidas en el otorgamiento y posterior ejecución del préstamo del FMI», remarcó la vicepresidenta. 

Además, Cristina explicó que la AGN «es el organismo constitucional que, por el artículo 85 de la Carta Magna, tiene el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad estatal. Es escandaloso lo que hicieron y lo que pasó», sintetizó la vicepresidenta, que luego publicó otro de los videos del organismo: «Lo podríamos Cronología de la manganeta. Se detalla cómo los funcionarios de Macri intercambiaron roles y funciones para cometer esta estafa a todo el pueblo argentino».

Las irregularidades del acuerdo de Macri con el FMI que detectó la AGN

La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó este miércoles un informe donde expuso los múltiples incumplimientos que cometió el gobierno de Macri al firmar el acuerdo que endeudó al país por casi 57.000 millones de dólares. 

Según el relevamiento, la auditoría especializada reveló que el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien firmó el acuerdo, no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública. 

Por otra parte, se reveló que además se omitió la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales y no se le solicitó al Banco Central un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, tal como exige el artículo 61 de la ley 24.156 de Administración Financiera.

El informe fue aprobado por mayoría en una reunión llevada adelante en la sede de la AGN de la que participación su titular Jesús Rodríguez, y los auditores generales Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, Miguel Ángel Pichetto y Alejandro M. Nieva.

El auditor general Francisco Javier Fernández, como presidente de la Comisión de Supervisión de Deuda Publica, presentó un video a modo de resumen y explicó los hallazgos principales destacando la importancia de esta auditoría por ser la primera que se realiza sobre un préstamo del FMI y por la importancia del financiamiento.

Deuda record y fuga

La AGN informó que el acuerdo resultó ser el más importante de la historia de la Argentina y también de la historia del FMI, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento del país, determinando que, por su magnitud y características, impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos.

Los fondos ingresados de la deuda con el FMI se aplicaron casi exclusivamente al pago de servicios de deuda detectándose que el 71 por ciento de los mismos, equivalentes a 27.732 millones de dólares, fueron utilizados para cancelar servicios de deuda de corto plazo emitida entre 2016 y 2019, es decir, durante el mismo gobierno de Mauricio Macri.

“Estos pagos resultaron en una masa de recursos volcada al mercado que coexistió con una salida de capitales sin control, situación que debería haber sido evitada conforme al Convenio Constitutivo del FMI”, remarcó la AGN en el comunicado distribuido este miércoles.

Asimismo, el organismo resaltó la falta de intervenciones técnicas adecuadas para evaluar los costos y riesgos de la operación, inexistencia de opinión de la Unidad de Auditoría Interna, como así también la falta de asesoramiento jurídico oportuno y efectivo, destacando sobre todo la omisión de la actuación del Ministerio de Finanzas, que tenía a su cargo específicamente la gestión de la deuda pública. En el informe se destaca incluso que no se pudo encontrar el documento definitivo del acuerdo dado que existen múltiples versiones del texto del crédito stand-by.

Como conclusión, la auditoría especializada señaló que los procesos y procedimientos relacionados al préstamo no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda, provocando incumplimientos legales, afectando la prudencia en la administración del endeudamiento, y vulnerando la adecuada supervisión del financiamiento. “El auditado tomó decisiones sin contar con la debida información en cuanto al costo y riesgo asumidos, impactando en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública”, subrayó el organismo.

El informe de la AGN, que tiene 200 páginas y se difundirá completo dentro de un par de semanas, le será enviado a la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Magistrada que tiene a cargo la causa contra Mauricio Macri, Luis Caputo (ex ministro de Finanzas) y Federico Sturzenegger (ex titular del BCRA) por los delitos de malversación de fondos y administración fraudulenta en la contratación del crédito con el FMI en 2018 y el posterior desvío de los recursos obtenidos. El fiscal interviniente imputó a los tres mencionados y a otros dos ex integrantes de los equipos económicos de Macri. Sin embargo, ninguno de los cinco fue llamado ni una sola vez a declarar por Capuchetti, a pesar de que pasó más de un año y medio desde aquella imputación.

Antecedente

La AGN ya había aprobado el pasado 8 de febrero un informe sobre la cuenta de inversión de 2018. En aquella oportunidad el organismo evaluó el estado de la deuda publica incluida en los estados contables de la rendición anual de cuentas de la nación al 31 de diciembre del año 2018, considerando los movimientos y registros realizados. Allí se subrayó que a fines de 2018 la deuda publica ascendió a 332.192 millones de dólares y pasó a representar el 85,2 por ciento del PIB, en comparación al año anterior que fue de 320.935 millones de dólares equivalente al 56,5 por ciento del PIB. En términos de PIB el peso de esa deuda aumentó en casi 30 puntos del producto y la emisión neta de deuda de ese año ascendió a 55.940 millones de dólares, siendo el préstamo tomado con el FMI la causa central que explicó esa situación.

En el nuevo informe de auditoría aprobado este miércoles se buscó puntualmente determinar el impacto del acuerdo con el FMI en la solvencia y la sostenibilidad de la deuda pública, evaluar si el proceso de toma de crédito con el FMI cumplió con las leyes nacionales y si se evitó el uso indebido de fondos.

Fuente Pagina 12

Lo confirmó Andrés Larroque mientras se definen los detalles de la conmemoración del 20° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner.

La vicepresidenta Cristina Fernández será la oradora principal del acto que distintos sectores del Frente de Todos (FdT) realizarán el jueves 25 de mayo en la Plaza de Mayo.

Así lo confirmó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, en conferencia de prensa en medio de la reunión que el FdT realiza en la sede porteña de Smata.

En efecto, distintos sectores del Frente de Todos (FdT) permanecen reunidos en la sede porteña del gremio de Smata para ultimar detalles del acto en conmemoración al 20° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner.

Entre los representantes de las distintos espacios del FdT se encuentran el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés «Cuervo» Larroque; el secretario general de la CTA, Hugo Yasky; el diputado Leopoldo Moreau; el intendente de Ensenada, Mario Secco; el jefe de ATE Capital, Daniel Catalano, y el titular del Sindicato de Canillitas, Omar Planini, quienes se ubicaron a la cabeza de la reunión.

La movilización del 25 de Mayo se sostiene a pesar de la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de no ser «candidata» en las elecciones de este año, tal como explicitó este martes a través de una extensa carta publicada en sus redes sociales.

«Nos juntamos para poder planificar el acto por el 25 de Mayo. Nos reunimos con colegas intendentes y con la plana del movimiento obrero, tanto la CGT como la CTA, y los movimientos sociales», había detallado Secco por la mañana.

Este mismo colectivo se había reunido el pasado 10 de abril en Smata, y en esa oportunidad bajo el lema «Democracia o Mafia Judicial», para anunciar detalles sobre un acto que se hizo en Plaza Lavalle frente a los Tribunales.

Télam