Gas

La medida se aplicará a partir de este 1° de abril y alcanza tanto a los volúmenes comercializados como al autoconsumo.

El Ministerio de Economía estableció que el recargo correspondiente al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas será del 6% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), según la resolución 356/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial.

La medida se aplicará a partir de este 1° de abril y alcanza tanto a los volúmenes comercializados como al autoconsumo. El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) deberá ajustar los procedimientos de facturación para que las distribuidoras trasladen correctamente el recargo a las tarifas finales.

La decisión se enmarca en el proceso de reestructuración de los subsidios energéticos encarado por el Gobierno nacional, en el contexto de emergencia energética y económica declaradas por los decretos 55/23, 70/23 y 1023/24. 

En ese sentido, el Poder Ejecutivo busca avanzar hacia un esquema de subsidios focalizados que reemplace al sistema generalizado financiado históricamente con aportes del Tesoro 
Nacional.

La resolución recuerda que el Fondo Fiduciario fue creado por la ley 25.565 y ampliado por las leyes 25.725 y 27.637, y permite aplicar un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas natural en el PIST. El nuevo valor del recargo fue definido tras una proyección económico-financiera realizada por la Dirección Nacional de Economía y Regulación, que estimó una mayor necesidad de fondos para sostener el régimen de compensaciones del Fondo, en función del nuevo esquema de tarifas y precios definidos por la Secretaría de Energía.

Además, se instruye a las comercializadoras a aplicar y trasladar el recargo en su exacta incidencia sobre el precio de compra del gas en el PIST. En el caso del autoconsumo, el monto a ingresar deberá calcularse según el volumen consumido, el precio promedio ponderado de ventas de la empresa y la alícuota del 6%. La norma lleva la firma del ministro de Economía, Luis Andrés Caputo.

NA

Las empresas manifestaron un desacuerdo en torno al mecanismo que ideó el Enargas para separar las tasas municipales de las facturas y evitar los cortes de servicio si los usuarios las pagan parcialmente.

Si el Gobierno finalmente aprueba el pedido formulado por las compañías que brindan el servicio de transporte y distribución de gas natural por redes, las tarifas de gas subirán un promedio del 15% durante el 2025.

En ese sentido, las empresas pidieron que se les autorice un aumento de tarifas en torno al 45%, lo que se traduce en un impacto en las boletas finales de los usuarios del 15%. Bajo ese marco, también propusieron un esquema de incrementos mensuales de sus ingresos a fin de no perder contra la inflación y que se garanticen los fondos para las inversiones.

Las empresas manifestaron un desacuerdo en torno al mecanismo que ideó el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para separar las tasas municipales de las facturas y evitar los cortes de servicio si los usuarios las pagan parcialmente.

Así surge de las presentaciones que enviaron al Enargas las compañías Transportadora de Gas del Norte (TGN), Transportadora de Gas del Sur (TGS), Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas y Gas Nea. Dicha documentación se debatirá en la audiencia pública prevista para el próximo jueves 6 de febrero.

Una de las principales distribuidoras de gas domiciliario consideró «inconveniente e innecesario» la idea del Ministerio de Economía de separar las tasas municipales para ir forzar a los intendentes a bajar el gasto público y generar un doble cupón de pago para darles libertad a los usuarios sin que se les corte el gas si no pagan la porción de las tasas, pues cree que generaría problemas para la gestión del servicio.

La postura del Gobierno

Asimismo, la intención del Gobierno es poner un tope para los aumentos de tarifas del 9,9% final para los usuarios por encima de la inflación a partir de abril.

En el caso de que esa postura prospere, las propuestas de las empresas deberían ser rechazadas y sus planes de inversiones se tendrán que ajustar a una menor disponibilidad de ingresos.

El transporte de gas tiene un peso cercano al 16% en la factura final de los usuarios, mientras que el costo propio de la producción o las importaciones de gas alcanza el 27%, el margen de distribución un 34% y los impuestos un 23%.

Ámbito

Los problemas de producción del país vecino produjeron una considerable merma en el envío de gas en el periodo de mayor demanda.

A días del comienzo del invierno y con la irrupción de las bajas temperaturas, el consumo de gas se intensifica en los hogares argentinos, pero al mismo tiempo se reduce el ingreso del fluido desde Bolivia, principal proveedor del país.

En mayo pasado, Bolivia le vendió un 47% menos de gas natural a la Argentina en comparación con el mismo mes del 2022, de acuerdo a lo informado por el medio boliviano El Deber, en base a los datos del Centro Departamental de Monitoreo y Fiscalización de Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, dependiente del Ministerio de Hidrocarburos y Energía.

El organismo precisó que el mercado argentino recibió solo 6,34 millones de metros cúbicos día (MMm3/d) el mes pasado, en contraste con los 13,58 MMm3/d comercializados en mayo de 2022.

En cuanto al desempeño de junio, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) informó que YPFB ha estado enviando un promedio de 9 MMm3/d de gas natural en los últimos seis días.

La merma en el envío del fluido ocurre en un momento en que los precios internacionales del gas natural están en su nivel más alto debido al conflicto en Europa del este, entre Rusia y Ucrania. El portal boliviano recordó que en 2022 la petrolera estatal boliviana aprovechó esta situación para negociar mejores precios para el gas exportado durante el invierno, compensando así la disminución de los volúmenes.

Raúl Velázquez, analista de hidrocarburos y energía de la Fundación Jubileo consultado por el citado medio, aseguró que la reducción en las ventas de gas natural a Argentina refleja el fracaso de los programas de exploración y explotación de hidrocarburos en Bolivia, que arrancó en 2015.

El experto mencionó que en 2006 ambos países acordaron el envío de 23 MMm3/d, pero debido a los problemas de producción, en 2010 se firmó una adenda que establecía envíos promedio de 13 MMm3/d durante la temporada de invierno.

«Posteriormente, se redujo ese cupo debido a la baja producción de gas natural. En la actualidad, esta situación obliga al país a malabarear para responder a los mercados de Brasil, Argentina y el mercado interno. Para cumplir con Argentina, se reduce el suministro a Brasil y ahora se recurre al gas de la planta de amoníaco y urea con el argumento de que se la paralizará durante aproximadamente 45 días debido a fallas mecánicas», advirtió Velázquez.

Por otro lado, José Padilla, exsecretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, indicó que la paralización de la Planta de Amoniaco y Urea (PAU) y la venta del gas no utilizado son ejemplos de las dificultades que YPFB enfrenta para cumplir con Argentina.

Además, mencionó la desesperación de la firma boliviana por captar divisas y expresó que “lo que llama la atención es que el Gobierno habla de industrialización y justo paraliza una planta que genera valor agregado, para seguir exportando materia prima. Eso muestra una gran contradicción entre lo que se dice y lo que se hace”.

El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, se refirió al tema y admitió en una entrevista con Página Siete que la PAU se encuentra paralizada y que el gas no empleado en la planta se exportará al mercado argentino a un precio más favorable.

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