La iniciativa incorpora nuevas sanciones administrativas y penales, crea un Consejo de Seguridad Nacional y amplía el concepto de Defensa Nacional.
Ingresó al Congreso este jueves el proyecto denominado “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, la iniciativa del Gobierno cuyo objetivo es establecer un régimen integral para proteger los derechos soberanos de la Argentina. Contempla nuevas sanciones para quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina, crea un Sistema de Seguridad Nacional y modifica aspectos centrales de la legislación vigente en materia de Defensa.
Según los fundamentos del proyecto, la iniciativa busca ser una “materialización concreta” del mandato establecido por la Constitución Nacional respecto de la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El texto sostiene que la propuesta pretende dotar al Estado de herramientas para “proteger los recursos naturales, las Infraestructuras Críticas, el Atlántico Sur y los intereses estratégicos” del país.
Malvinas como eje de la iniciativa
El proyecto coloca la cuestión Malvinas como uno de sus fundamentos centrales. En los considerandos, el Gobierno recuerda la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece la recuperación de las islas y de los espacios marítimos e insulares correspondientes como un objetivo permanente e irrenunciable.
La iniciativa sostiene que las herramientas propuestas buscan acompañar el reclamo soberano por medios pacíficos, diplomáticos y jurídicos: “La cuestión de las Islas MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR y SÁNDWICH DEL SUR constituye una causa nacional y permanente”, afirma el texto, que agrega que su defensa requiere también fortalecer las capacidades estatales para proteger los recursos naturales, el Atlántico Sur y los intereses estratégicos argentinos.
El proyecto concluye solicitando al Congreso “el pronto tratamiento y sanción” de la iniciativa, que ahora deberá comenzar su recorrido parlamentario.
Nuevas sanciones para la explotación de recursos naturales
Uno de los primeros ejes del proyecto apunta a endurecer el régimen vigente para las actividades vinculadas con recursos naturales realizadas sin autorización de una autoridad argentina. El Gobierno propone ampliar el alcance de la Ley 26.659, que actualmente está vinculada principalmente con actividades hidrocarburíferas.
El nuevo régimen alcanzaría a “toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”. Además de multas, la Autoridad de Aplicación podrá disponer la suspensión o cancelación de habilitaciones e imponer inhabilitaciones por un plazo determinado.
La inhabilitación tendrá consecuencias adicionales para los infractores. El proyecto contempla la prohibición de desarrollar actividades económicas en el territorio nacional, la revocación de habilitaciones, el cese de exenciones o facilidades impositivas y previsionales y la resolución de contratos vinculados con el infractor que se ejecuten en la Argentina o tengan por objeto bienes situados en el país.
El texto también incorpora un régimen penal más severo para determinadas conductas. Prevé mayores penas de prisión, multa e inhabilitación para quienes realicen actividades de prospección o exploración de recursos no renovables en el lecho o subsuelo del mar territorial argentino o de la Plataforma Continental Argentina sin autorización.
El Gobierno propone crear un Consejo de Seguridad Nacional
Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, que tendrá como órgano rector al Consejo de Seguridad Nacional. De acuerdo con el proyecto, el objetivo es coordinar áreas estatales que actualmente actúan de manera separada en cuestiones vinculadas con la seguridad.
El texto plantea articular las funciones diplomáticas, económicas, cibernéticas, de defensa, jurídicas y de inteligencia nacional, además de aquellas relacionadas con la protección de Infraestructuras Críticas y la soberanía nacional.
El Consejo será presidido por el Presidente de la Nación e integrado por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía. También participarán el Secretario de Inteligencia de Estado y el titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.
El organismo tendrá a su cargo la elaboración de una Política de Seguridad Nacional, que el proyecto define como obligatoria y transversal para todos los organismos que integren el sistema.
Infraestructura crítica y nuevas herramientas de intervención
El proyecto también incorpora un régimen específico para identificar, planificar y proteger las denominadas Infraestructuras Críticas. La iniciativa incluye dentro de esa categoría a estructuras físicas, redes, sistemas o partes de ellos, públicos o privados, que resulten indispensables para servicios esenciales vinculados con la sociedad, la salud, la seguridad, la defensa, la economía o el funcionamiento del Estado.
El Consejo de Seguridad Nacional deberá elaborar una Estrategia Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas y un Plan Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas. Además, tendrá la facultad de identificar aquellas infraestructuras consideradas de interés nacional y establecer medidas coordinadas para su protección.
El Gobierno sostiene que una afectación de redes, instalaciones, sistemas o servicios esenciales puede generar consecuencias similares o incluso superiores a las de una agresión convencional. Por eso, el proyecto incorpora su protección como una dimensión específica de la Seguridad Nacional.
Sanciones ante amenazas a la Seguridad Nacional
El proyecto establece además una nueva infracción administrativa para actos, actividades, decisiones u operaciones que afecten o amenacen la Seguridad Nacional cuando intervengan Estados u organizaciones extranjeras, o personas o empresas que actúen por cuenta, orden, bajo control, con financiamiento o en beneficio de ellos.
Entre las conductas alcanzadas aparecen los actos destinados a “atentar contra la integridad territorial de la REPÚBLICA ARGENTINA”, interferir mediante medios clandestinos, engañosos o coercitivos en el proceso de decisión de las autoridades, afectar Infraestructuras Críticas o financiar y facilitar esas conductas.
Las sanciones previstas incluyen multas, revocación de autorizaciones, permisos, habilitaciones y concesiones, inhabilitación para contratar con el Estado Nacional y pérdida de créditos, garantías, beneficios fiscales, subsidios u otros mecanismos de financiamiento estatal.
El proyecto también contempla medidas urgentes cuando exista un riesgo o amenaza grave e inminente para la Seguridad Nacional. Según el texto, deberán ser excepcionales, guardar relación directa con la amenaza y tener un plazo de vigencia determinado o una condición objetiva para su finalización.
Cambios en la Ley de Defensa Nacional
Otro capítulo modifica la Ley de Defensa Nacional 23.554. La iniciativa redefine la Defensa Nacional como la función estatal destinada a garantizar de manera permanente la soberanía e independencia, la integridad territorial, la capacidad de autodeterminación y la protección de la vida y la libertad de los habitantes.
El proyecto amplía además el alcance de la Defensa frente a “riesgos, amenazas y desafíos de origen externo, de carácter estatal o no estatal, sean cinéticos o no cinéticos”. También establece que las Fuerzas Armadas deberán prepararse para enfrentar esos escenarios mediante operaciones convencionales y no convencionales, además de otras operaciones militares.
La propuesta contempla asimismo la participación de las Fuerzas Armadas en la protección de Infraestructuras Críticas que sean identificadas por el Consejo de Seguridad Nacional.
Fuente Ámbito
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