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Ministerio de Seguridad

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El gobierno intensifica los controles en las cárceles a presos de alto riesgo

by adminweb 5 febrero 2025
Según indica la resolución 153/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, su principal objetivo apunta a “enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar el accionar de miembros de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas”.

El Ministerio de Seguridad instauró un medida que apunta al mayor control de los presos de alto riesgo dentro de las cárceles. Así determinó una serie de cambios en el sistema de visitas, impidiendo que aquellos detenidos que signifiquen un mayor peligro puedan tener contacto físico con sus allegados.

Según indica la resolución 153/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, su principal objetivo apunta a “enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar el accionar de miembros de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas”.

A su vez, afirma que la intención es «reducir las posibilidades de que participen en actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios” y de que exista “riesgo de corrupción o violación del régimen interno o de entorpecimiento de las investigaciones judiciales».

Patricia Bullrich impone más controles en las cárceles

La cartera al mando de Patricia Bullrich también estableció que la medida regirá para quienes visitan a los presidiarios que forman parte del “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal”.

Por otro lado, la normativa señala que los condenados “podrán recibir la visita de hasta dos familiares directos mayores de 16 años” cada uno.

Asimismo, el encuentro deberá hacerse a través de un locutorio con un mínimo de 15 días entre cada uno de ellos. La duración de los mismo será de una hora, y la modalidad se aplicará también para quienes tengan hijos menores de la edad establecida.

Qué dice la normativa del Ministerio de Seguridad

A partir de estas modificaciones, el ministerio indicó: “El Servicio Penitenciario Federal (SPF) deberá requerir a la autoridad judicial a cuya disposición se encuentre detenido cada interno y al Ministerio Público Fiscal que por jurisdicción corresponda, que se informe si existe algún impedimento para autorizar las visitas de cada uno de los familiares directos solicitados por los internos incorporados en el sistema”.

Además, la determinación apunta que «no podrá ser autorizada como visita cualquier persona a la que un interno le haya revocado la autorización para ese fin. No se autorizará el ingreso como visita a personas que hayan sido condenadas o que se encuentren investigadas por la posible comisión de un delito”, precisa.

«No podrán recibir visitas de apoderados ni de allegados. Las restricciones establecidas no serán aplicables a las visitas de los abogados defensores debidamente acreditados en los expedientes judiciales y con los abogados que hubieran designado en tal carácter”, asevera.

«El SPF deberá denunciar todos los delitos de los cuales se tome conocimiento en el contexto del ´Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo´ en el Servicio Penitenciario Federal, oportunidad en la cual podrá requerir que se disponga la intervención de comunicaciones telefónicas, el monitoreo de visitas, la suspensión o prohibición de visitas o de establecer comunicaciones telefónicas o cualquier otra medida de prueba que resulte pertinente a los fines de disminuir el riesgo comunitario”, describe en su artículo 2°.

Se amplía el Sistema de Alto Riesgo

Esta determinación se oficializa poco más de un año después de que se lance el Sistema de Alto Riesgo. Este protocolo se implementó para vigilar y controlar a los presos que se incluyen en esa categoría.

Se pretende controlar a aquellos que “tengan la capacidad de fugarse, dirigir actividades criminales desde adentro de los penales, intimidar o corromper a funcionarios penitenciarios, entorpecer investigaciones judiciales y coaccionar a otros internos”.

El programa vigentes desde 2024 se ocupa del monitoreo constante de los narcos detenidos, la privación de las comunicaciones por vía de teléfonos celulares, llamados unidireccionales limitados, la instalación de cámaras de reconocimiento facial, sensores infrarrojos, escáneres de cuerpo completo, detectores de metales y el aumento de las requisas en los pabellones.

Ámbito

5 febrero 2025 0 comment
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País

El gobierno de Javier Milei declaró secreta la adquisición de un sistema antidrones

by adminweb 13 enero 2025
De acuerdo a la norma, la decisión del Gobierno fue motivada por la necesidad de enfrentar las crecientes amenazas que representan los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), conocidos como “drones civiles”.

El Gobierno declaró secreta la adquisición de un sistema antidrones, y justificó la medida por razones de seguridad nacional. La decisión se confirmó este lunes a través del Decreto 21/2025 publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei.

De acuerdo a la norma, la decisión del Gobierno fue motivada por la necesidad de enfrentar las crecientes amenazas que representan los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), conocidos como “drones civiles”.

En de los argumentos del decreto, el Ministerio de Seguridad expone que estos dispositivos, debido a su accesibilidad y versatilidad, podrían ser utilizados para atentar contra la libertad, la vida y el patrimonio de los ciudadanos, así como contra objetivos estratégicos clave.

El Gobierno declaró secreta una operación para adquirir un sistema antidrones

En el texto, además, se menciona la facilidad que representa la adquisición de uno de estos objetos y al “amplio alcance, facilidad de traslado y simplicidad de uso”.

La norma publicada hoy en el Boletín Oficial indica que el sistema antidrones permitirá mitigar riesgos asociados al uso indebido de estos aparatos que, en algunos espacios, han sido empleados con fines ilícitos, como envíos ilegales en unidades penitenciarias, hasta intentos de fuga mediante explosivos o ataques.

“Se pueden resaltar ataques con drones de naturaleza terrorista, deliverys con drones en el ámbito de distintas Unidades Penitenciarias, el uso de este equipamiento con explosivos a efectos de facilitar fugas de personas alojadas en el ámbito de dichas Unidades, entre otros”, describe el texto.

Frente a este escenario, la cartera de Seguridad considera imperativo dotarse de tecnologías avanzadas para neutralizar dichas amenazas, garantizando así la seguridad interior en el marco de un sistema democrático.

“Con el fin de evitar que se conozcan los dispositivos y la tecnología que se pretende adquirir y, a tales efectos, se recurra a otras tecnologías existentes en el mercado para eludir el correcto funcionamiento de los sistemas que se pretenden adquirir, el Ministerio de Seguridad considera necesario sustanciar la contratación”, subrayó el documento.

Además, sostiene que es menester “entender en la determinación de la organización, doctrina, despliegue, capacitación y equipamiento de la Policía Federal Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; e intervenir en dichos aspectos con relación a Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina”.

La decisión también incluye la intervención del servicio jurídico de la cartera de Seguridad, para garantizar que la adquisición cumpla con las disposiciones legales correspondientes.

Por dicha razón, el organismo que dirige Patricia Bullrich subraya la urgencia de mejorar las capacidades técnicas frente a nuevas modalidades delictivas que emplean drones e insiste en que resulta imperioso “declarar secreta por razones de Seguridad Nacional la operación contractual para la adquisición”.

Finalmente, el decreto dispone que el Ministerio, a través de la Secretaría de Coordinación Administrativa, instrumente los procedimientos necesarios para implementar esta medida de manera efectiva.

Ámbito

13 enero 2025 0 comment
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DestacadasPaís

El Ministerio de Seguridad multó por $40 millones a la CGT por la marcha a Tribunales

by adminweb 11 enero 2024
El funcionario de la cartera que encabeza la ministra Patricia Bullrich sostuvo que los gremios y organizaciones deberán abonar ese «pago solidario» en «el plazo perentorio de 10 días hábiles luego de recepcionada esta carta-documento», que envió ayer a través del Correo Argentino.
Télam

El secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, Martín Siracusa, intimó hoy a sindicatos nucleados en la CGT y otras organizaciones sociales a abonar casi $40.500.000 en concepto de «pago solidario» por «los costos operativos ocasionados el 27 de diciembre para que cesaran actos ilegítimos y mantener el orden».

«En virtud de las Resoluciones 943 y 949/23 y varios informes se determinaron los gastos ocasionados el 27 de diciembre último y las organizaciones que participaron en la interrupción total o parcial del tránsito vehicular, por lo que intimo al pago solidario de $40.419.227,56 en el plazo de 10 días hábiles», tal como afirmó Siracusa.

El funcionario de la cartera que encabeza la ministra Patricia Bullrich sostuvo que los gremios y organizaciones deberán abonar ese «pago solidario» en «el plazo perentorio de 10 días hábiles luego de recepcionada esta carta-documento», que envió ayer a través del Correo Argentino.

Ámbito

11 enero 2024 0 comment
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