La noticia fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. De esta manera, se llevarán adelante cambios presupuestarios y se incrementarán partidas destinadas al combate del fuego.
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El Gobierno finalmente avanzó con la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declaró la Emergencía Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, las cuales hace un mes se ven afectadas por los incendios forestales.
La noticia fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. De esta manera, se llevarán adelante cambios presupuestarios y se incrementarán partidas destinadas al combate del fuego.
Esta noticia se suma a los $4.000 millones girados a la provincia de Chubut, en concepto de Aportes del Tesoro Nacional. Por otra parte, desde Casa Rosada también anunciaron el envío de $100.000 millones para el fortalecimiento de bomberos voluntarios, destinados a capacitación, equipamiento, logística y líneas de asistencia financiera para productores afectados.
Antes de la firma del DNU, el Gobierno se debatía si emitir el decreto o si incluir la declaración de la emergencia dentro del paquete a tratar en las sesiones extraordinarias. Finalmente, se procedió con la firma.
Además, este jueves también publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, aumentó el envío de presupuesto para el sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.
El pasado martes, los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) habían exigido al Congreso aprobar la ley.
«La Argentina necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional, priorizando lo más importante: resguardar la vida de los argentinos«, señaló Torres, que puso como ejemplo a Chile y a Estados Unidos.
Desde que se iniciaron los incendios, el Ejecutivo nacional ha aportado, además de los fondos, más de 500 brigadistas en territorio, medios aéreos, vehículos logísticos, fuerzas federales, asistencia sanitaria y ayuda social.
Los incendios de mayor riesgo comenzaron el 5 de enero de 2026. A casi 1 mes de iniciada la crisis ambiental, el fuego ya consumió más de 40 mil hectáreas y mantiene en alerta a las autoridades.
El Gobierno declaró la Emergencia Ígnea en cuatro provincias
La decisión se oficializó mediante el Decreto 73/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y establece además la declaración de zona de desastre en los territorios comprometidos por los incendios, en los términos de la Ley 27.287, que regula el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.
En los considerandos de la medida, la gestión de Javier Milei señaló que los incendios registrados, en particular en el Parque Nacional Los Alerces, generaron consecuencias sobre el patrimonio natural protegido y sobre las poblaciones cercanas. Por otro lado, el texto también detalló que las actuales condiciones meteorológicas adversas – específicamente la sequía y los vientos intensos-, provocaron daños ambientales significativos, afectación de bienes y riesgo para la vida de las personas.
Las acciones serán coordinadas por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo desconcentrado dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. Su tarea será articular el despliegue de los recursos que fueron asignados para combatir la crisis climática.
Además, la AFE tendrá a su cargo acciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales, la atención y mitigación de las consecuencias sobre la vida, los bienes y los medios de subsistencia de las personas afectadas, así como la asistencia a provincias y municipios para la recuperación y recomposición posterior.
La medida prevé que la estrategia a implementarse deberá ser coordinada entre el AFE, las gestiones provinciales y los municipios, respetando los protocolos establecidos en el Plan Nacional de Manejo del Fuego, creado por la Ley 26.815, que designa al Ministerio de Seguridad Nacional como autoridad nacional de aplicación.
Tal como lo establece la Ley 26.122, el decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez y elevar el dictamen para su tratamiento en ambas cámaras.
El fuego ya arrasó con 40.000 hectáreas
En cuanto a la situación de los incendios, en las últimas horas un leve descenso de la temperatura y una llovizna suave ralentizaron el avance de las llamas, que se mantiene activo y con múltiples frentes. En el operativo trabajan alrededor de 500 personas, entre ellos más de 270 brigadistas desplegados en distintos puntos del país, además de bomberos voluntarios y personal de apoyo.
«Está lloviendo desde la madrugada, poca cantidad pero con continuidad y, según el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones podrían repetirse en los próximos días, lo que genera expectativas de alivio en una región duramente castigada por el fuego», dijo el presidente de la federación de bomberos de Chubut, Rubén Oliva.
No obstante, los lugareños son escépticos con la ventana climática y creen que «sólo las lluvias que se esperan para abril podrán detener el avance del fuego».
Mientras el fuego arrasa con vegetación autóctona y bosques implantados, la Justicia Federal inició una investigación para determinar si el desempeño de quienes coordinan el operativo de lucha contra las llamas fue el adecuado para frenar el avance de los focos ígneos.
La investigación está enfocada en el incendio que comenzó el 9 de diciembre pasado en inmediaciones del lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, y avanzó luego a territorio provincial, donde se unió a otro incendio desatado dentro de jurisdicción chubutense.
El fiscal federal Santiago Roldán comanda la pesquisa, que tiene como finalidad determinar la actuación y posible responsabilidad penal de los funcionarios competentes en el manejo del fuego en el siniestro que continúa activo. En este sentido, la fiscalía descentralizada solicitó informes a la Administración de Parques Nacionales y al Sistema Nacional de Manejo del Fuego.
Fuente Ámbito
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