Patricia Bullrich

El Decreto 373/2024 publicado en el Boletín Oficial confiere más atribuciones a la ministra de Seguridad, especialmente en el manejo de las cárceles.

Patricia Bullirch suma más poder y control desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, al concretarse la ampliación de facultades en áreas clave como el Servicio Penitenciario Federal (SPF), Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Prefectura Naval. La medida se oficializó este martes a través del Boletín Oficial con el Decreto 373/2024.

En el comienzo de la gestión del presidente Javier Milei, el SPF cambió de manos y pasó de la órbita del ministerio de Justicia al de Seguridad. La medida se oficializó es área que dejó de depender de Justicia y pasó a estar bajo la órbita de la cartera de Patricia Bullrich al comienzo del Gobierno de Javier Milei.

Patricia Bullrich suma más facutlades en el Ministerio de Seguridad

Mediante través del Decreto 373/2024, publicado hoy, se sustituyeron artículos del Decreto 954/2017. En efecto, además de Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal, se delegó al Ministerio de Seguridad una serie de facultades respecto del personal del Servicio Penitenciario Federal.

Hasta hoy, el Ministerio de Seguridad a cargo de Bullrich podía disponer de:

• Las bajas voluntarias y obligatorias, en actividad o retiro, de los Oficiales Jefes y Superiores.
• Los retiros voluntarios y obligatorios de los Oficiales Jefes y Superiores.
• La reincorporación de los Oficiales Jefes y Superiores.
• El otorgamiento del grado a los cadetes y alumnos que egresen de las escuelas o institutos de reclutamiento y formación del personal superior.
• El alta efectiva del personal superior profesional “en comisión”.
• Los ascensos ordinarios y extraordinarios del personal superior hasta el grado de Comandante Principal, Prefecto Principal y Comisario, a propuesta de los Titulares de las Fuerzas de Seguridad y de la Policía Federal Argentina.
• La conformidad previa a los nombramientos y cambios de destino del personal superior de Oficiales Superiores, los que serán dispuestos por los Titulares de las Fuerzas de Seguridad y de la PFA.
• El llamado a prestar servicios y su cese del personal superior en situación de retiro, a propuesta de los Titulares de las Fuerzas de Seguridad y de la PFA.
• La cesantía y exoneración del personal superior, en actividad o retiro, de la Policía Federal Argentina, a solicitud del Titular de esa Fuerza.
• La conversión de la baja en cesantía o exoneración del personal policial superior y de la cesantía en exoneración del personal superior policial, a solicitud del Jefe de la PFA.
• La baja por cesantía y la baja por exoneración del personal superior de la Prefectura Naval, a solicitud del Titular de esa Fuerza.

Servicio Penitenciario Federal: cuáles son los cambios con las nuevas facultades de Patricia Bullrich

Con los cambios que se oficializaron hoy en el Decreto 373/2024, a partir de ahora la ministra Patricia Bullrich suma las siguientes facultades:

• Los nombramientos, promociones, remociones y convocatoria del personal superior del Servicio Penitenciario Federal.
• El ascenso del personal superior por mérito extraordinario (artículo 83 de la Ley N° 20.416).
• Retiros, bajas, declaración en disponibilidad y reincorporaciones y la fijación de su haber de retiro del personal superior del SPF.
• La modificación del reglamento aplicable a los procesados que se alojen en establecimientos dependientes del SPF.
• La designación de un profesor universitario de Derecho Penal y de un representante de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, con el fin de que integren la Junta Asesora de Egresos Anticipados de la Dirección Nacional del SPF, prevista en el artículo 24 de la Ley N° 20.416.
• La designación de los miembros del Consejo de Planificación y Coordinación de la Dirección Nacional del SPF previsto en el artículo 12 de la Ley N° 20.416″.

Además, se le delegó al titular de Seguridad, “previa intervención favorable de las dependencias competentes del Ministerio de Economía, la facultad de actualizar los haberes mensuales, suplementos generales, suplementos particulares y compensaciones correspondientes al personal del SPF.

Mientras que al titular del Servicio Penitenciario Federal se le delegó la facultad para resolver el otorgamiento de licencia sin goce de haberes por razones particulares por más de 30 días y hasta 6 meses al personal del SPF; la designación y aceptación de renuncia de los docentes que se desempeñen en los institutos de formación y perfeccionamiento del personal y en establecimientos dependientes del SPF; retiros, bajas, declaración en disponibilidad y reincorporaciones y la fijación de su haber de retiro, del personal subalterno del SPF.

“Es primordial simplificar los circuitos administrativos para dar respuesta a las necesidades de las mencionadas Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, asegurando las correspondientes instancias de evaluación política en aquellos casos que ello se considere necesario”, argumentó el Gobierno en el decreto que lleva las firmas de Milei y de Bullrich.

Ámbito

“Caros no son”, sostuvo Bullrich al ser consultada por los aumentos en los servicios: “Pagar 30, 40, 50 dólares por un servicio público no es caro. Vayan a Uruguay a ver cuánto cuesta, cinco o seis veces más”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró que “no es caro” pagar hasta 50 dólares por un servicio público y sostuvo que las tarifas son accesibles si se lo compara con otros países de Latinoamérica.

“Caros no son”, sostuvo Bullrich al ser consultada por los aumentos en los servicios: “Pagar 30, 40, 50 dólares por un servicio público no es caro. Vayan a Uruguay a ver cuánto cuesta, cinco o seis veces más”.

“El problema es que durante años se mintió y se dijo que la electricidad, la educación y la salud son gratis, y así estamos, con todo destruido”, sostuvo en TN.

Para Bullrich, “la gente está viendo resultados todos los días, íbamos hacia una hiperinflación y no vamos, se dijo que íbamos a reducir el gasto para después poder bajar los impuestos y vamos por ese camino, no se permiten más piquetes, se va camino a levantar el cepo”.

Sin embargo, pese al ajuste, Bullrich expresó que se trata de “una operación con anestesia”.

La ministra de Seguridad aclaró que las repercusiones por la alianza entre el PRO y LLA son «espuma», ya que en la práctica las dos fuerzas están trabajando juntas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se diferenció hoy del ex presidente Mauricio Macri y aseguró que las repercusiones por la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) son “espuma”, dado que en la práctica eso ya ocurre. 

«El acuerdo ha marchado, por eso el PRO votó masivamente la ley (ómnibus), en particular y en general«, afirmó Bullrich respecto de la posible fusión entre el partido que preside y el oficialismo.

En esa línea, la funcionaria rememoró el conflicto que ese acercamiento generó en “sectores» de Juntos por el Cambio que fueron «reacios a acompañar un cambio”, lo que provocó “una crisis” en la alianza que gobernó el país entre 2016 y 2019.

En relación a la alianza con LLA, Bullrich le bajó el tono a las repercusiones que se generaron ente la eventual fusión con el oficialismo y apuntó contra Macri y su potencial candidatura a presidir el partido amarillo.  

“Toda esta espuma de que el PRO está alineándose, me parece que hay más espuma que otra cosa. O quizás tiene que ver con que el 19 de marzo hay elecciones internas en el PRO y va a cambiar el presidente”, consideró la ministra en declaraciones radiales. 

Cuando se refirió a la figura del ex mandatario, la titular de la cartera de Seguridad dijo que «puede presentarse con una lista», pero se negó a hablar en su nombre. 

En tanto, Bullrich se expresó acerca de los entredichos que tuvo con el ex jefe de Estado cuando aceptó formar parte del Gabinete del presidente, Javier Milei, y manifestó que no es un «problema de tironeo”. 

“El cambio hay que apoyarlo sin especulaciones. De frente. Yo soy más directa y no tengo que pedirle permiso a nadie. Lo que hago es coherente con lo que hicimos cuando salimos a apoyar a (Javier) Milei en la segunda vuelta”, explicó. 

En este sentido, la integrante del Gabinete presidencial, afirmó: “Yo represento a una parte mayoritaria del PRO, por eso cuando nadie lo pensaba logré ganar la interna. Mostré que el pensamiento que tenía era el dominante en el partido y en la gente, porque no fue una interna cerrada”.

Las declaraciones de Bullrich ocurrieron mientras LLA y el PRO están llevando adelante negociaciones para converger en un sólo partido, que le de mayor volumen político al oficialismo.

 A su vez, los dichos de la ministra se dieron en medio de la interna de cara a las elecciones en el partido amarillo que ocurrirán en marzo. 

NA

El juez Federal Sebastián Casanello actuará en la causa que solicitó la «inconstitucionalidad» de esa medida e instó a la titular del Ministerio de Seguridad a que brinde un informe sobre los efectos de su aplicación y sobre «la opinión de la Secretaría de Derechos Humanos u otros organismos internacionales».

El juez federal Sebastián Casanello se declaró este lunes competente en la causa en la que se pide la «inconstitucionalidad» del protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad e instó a su titular, Patricia Bullrich, a que presente «en las próximas 72 horas» un informe que detalle los «fundamentos jurídicos» de su aplicación y «si fueron consultadas» la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.

«Líbrese oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación, a efectos de que, dentro de las 72 horas, presente el informe circunstanciado previsto en su Art. 11, respecto del dictado de la Resolución nro. 943/2023 (protocolo antipiquete)», detalló el documento firmado por Casanello, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 7.

En ese informe solicitado a Seguridad, el magistrado pide que se indique «pormenorizadamente el procedimiento que precedió su emisión, informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados».

«A su vez, deberá informar si fueron consultados otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales», agrega la orden judicial.

Casanello pide «precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el ‘Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación'» y si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos».

«Del mismo modo deberá informar si el dictado de esa resolución fue acompañado y/o precedido del dictado de otros actos administrativos que lo complementen, aclaren y/o modifiquen; en su caso, deberá aportarlos junto con sus antecedentes», remarca el texto.

Además, el magistrado solicita al ministerio de Bullrich que informe si desde la puesta en vigencia del protocolo antipiquete «se recibieron denuncias en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia».

La decisión del juez es respuesta a la acción de «inconstitucionalidad» presentada por la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro el 18 de diciembre pasado, cuando aseguró que la iniciativa que prohíbe que sean cortadas calles y rutas durante protestas «amenaza derechos políticos».

«Tras deambular 50 días por ocho juzgados y una cámara, de los fueros electoral, contencioso y penal, por fin un juez acepta nuestra causa contra el protocolo represivo, que iniciamos el 18 de diciembre como ‘acción declarativa de inconstitucionalidad'», dijo Fierro en un comunicado.

La legisladora calificó la medida judicial como «un primer paso positivo» y pidió que «cuanto antes» Casanello «suspenda el protocolo y lo declare inconstitucional».

El dirigente del MST Alejandro Bodart consideró al protocolo como «una muestra más del régimen político totalitario que pretende imponer el gobierno de Javier Milei» y dijo que forma parte de «un estado de sitio de hecho».

Télam