Tarifas

Así lo decidieron los tres interventores del ENACOM, encargados de revisar las regulaciones del organismo.

El ENACOM (Ente Nacional de Telecomunicaciones) eliminó las regulaciones que establecían un tope a las tarifas de internet, celulares y cable. El límite de los aumentos era de entre el 5% y 10% mensual y ahora deja de regir, con lo cual las empresas tienen luz verde para fijar los precios que consideren más convenientes.

Se trata de una decisión de sus interventores Juan Martín Ozores, Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, enmarcada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024 que anulaba el DNU 690/2020, el cual declaraba a los servicios como públicos esenciales y estratégicos y le otorgaba la facultad al ENACOM de regular las tarifas

La normativa entrará en vigencia el día de su publicación, por lo que comenzará a partir de julio.

“Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”, señalan los considerandos

“Surge de los propios considerandos del DNU N° 302/2024 que “…los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar sus precios libremente” y que “…el DNU N° 690/2020 establece una modificación esencial sobre el marco jurídico del sector, que debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de los precios de los servicios prestados”, agrega.

Dicho DNU consideraba: “Resulta necesario proveer los medios necesarios con el fin de lograr un mejor desarrollo de los servicios de telecomunicaciones acorde a las circunstancias fácticas y jurídicas reinantes. Es de destacar que ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida (…)”.

“En los hechos, lo que hace ENACOM es derogar normativas que derivaban del decreto 609 de 2020, que ya había sido frenado por una acción colectiva en la justicia y que fue derogado este año. No hay ningún dique que se rompa y habilite aumentos ni subas que empiecen a regir como resultado de esto”, dijo a este medio Walter Burzaco, presidente de ATVC (Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad).

Infobae

Se postergó nuevamente el aumento en las tarifas de transporte y de distribución, que recién volverán a indexarse desde julio por inflación futura. 

El Gobierno volverá a congelar las subas previstas para junio a las empresas que se encargan tanto de la distribución como del transporte de luz y de gas en el país, en busca de evitar un impacto mayor en la inflación de los aumentos que se vienen. Desde el mes que vienen comienzaría una quita de subsidios sobre los usuarios de ingresos medios y bajos, que pagan menos de un 5% del costo total de la energía, con el objetivo de evitar un salto en el gasto público que ponga en peligro el objetivo de equilibrio fiscal.

Las distribuidoras y transportistas (Edenor, Edesur, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGS, TGN, entre otras) mantienen el descontento por la decisión de volver postergar sus incrementos, medida que también había tomado el ministro de Economía, Luis Caputo, para mayo. Además se trabaja en un cambio en el sistema de actualización mensual que había sido definido en las últimas audiencias públicas según pudo confirmar Infobae con fuentes del mercado.

Una alternativa es utilizar las expectativas de inflación futura que publica el BCRA en su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). Los ingresos que no perciban las empresas por mayo y junio, recién serían reconocidos por el Estado el año que viene.

Sucede que los fuertes aumentos en la luz y el gas que se dieron en el primer cuatrimestre fueron para recomponer los ingresos a las empresas de distribución y transporte en el orden el 500% promedio, después del congelamiento que aplicó el Gobierno anterior. Estos son dos ítems de las facturas que llegan a los hogares. Sin embargo, eso no implicó una quita de subsidios.

La cuestión central es que no hubo cambios sobre los usuarios que con la segmentación actual se conocen como N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios) en lo que pagan por el costo mismo de la energía, otro ítem de las boletas, que es cubierto por el Estado a través de Cammesa. Son 7 de cada 10 usuarios residenciales que cubren menos del 5% del “precio real” de la luz y menos del 20% en el caso del gas. Los N1 (ingresos altos), comercios e industrias pagan pleno por la electricidad y el gas natural que consumen, por lo que no reciben asistencia. Allí apunta Caputo.

A través del Decreto 465/2024 la Secretaría de Energía que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo quedó habilitada a aumentarlo que pagan los usuarios N2 y N3 del precio de la energía, según pudo confirmar Infobae con fuentes oficiales. Allí se plantea un esquema de transición entre junio y noviembre, con posibilidad de extenderlo por seis meses más, para avanzar hacia la implementación de la a Canasta Básica Energética (CBE).

De todos modos, no hubo precisiones sobre lo que eso implicará para los usuarios en sus boletas. Lo que sí anticipa la norma es que habrá una reducción en el bloque de consumo subsidiado de los N3, quienes actualmente son de entre 400 kwh y 650 kwh por mes en base a la provincia en la que se encuentren y a la estación del año. El esquema de segmentación actual preveía que por el excedente, los usuarios paguen pleno.

Por su parte, el consumo de los N2 está subsidiado en su totalidad sin importar cuánta luz o gas utilicen. Esperan poner en marcha un sistema de topes de consumo con asistencia estatal, pero mayor al de los N3 y con escalones.

El mes próximo se pondrá en marcha un nuevo esquema de “focalización” de subvenciones como paso previo para la demorada Canasta Básica Energética (CBE).

El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió que desde junio comenzará una quita gradual de subsidios en luz y gas para los segmentos de ingresos bajos y medios, los cuales representan 7 de cada 10 usuarios residenciales de la Argentina. Los aumentos en las tarifas que llegarán desde el mes próximo tendrán impacto sobre la población más vulnerable, que pagaba en promedio solo un 5% del costo “real” de la energía.

En concreto, se pondrá en marcha un esquema de subvenciones más focalizado, o restrictivo, que el actual como una transición hasta la aplicación de la Canasta Básica Energética (CBE), tal como había adelantado Infobae. Es decir, la quita total que pretendía el Gobierno difícilmente se realice este año.

La medida se oficializó este martes a través del Decreto 465/2024 publicado en el Boletín Oficial con la firma de Caputo. Allí se prevé un período de transición que durará de junio a noviembre, con posibilidad de extenderlo seis meses más, hasta la aplicación de la CBE.

La segmentación de subsidios para usuarios residenciales que había aplicado el Gobierno de Alberto Fernández, vigente hasta el momento, contemplaba tres universos de usuarios: los de altos ingresos (N1), los de bajos ingresos (N2) y los de ingresos medios (N3). Actualmente los N1 no tienen subsidios en sus boletas de energía, mientras que, por caso, los N2 y N3 pagan en promedio solo el 5% del costo de la energía. El resto se cubre con aportes que realiza el Tesoro Nacional a través de Cammesa a las empresas generadoras.

Los fuertes aumentos del primer cuatrimestre no se reflejaron en una quita de subvenciones. Incluso hubo un crecimiento de la asistencia que reciben las boletas por encima de los niveles que dejaron Fernández y Sergio Massa, ya que se concentra en los costos de generación y las subas de estos meses se dieron en transporte y distribución que son, además de los impuestos, otros ítems que componen las facturas que llegan a los hogares.

Ahora la Secretaría de Energía que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo aumentará lo que pagan los usuarios N2 y N3 del precio de la energía, según pudo confirmar Infobae con fuentes oficiales. La magnitud en la que se realizará y el impacto final para los usuarios no fue precisado por el Gobierno.

Lo que sí anticipa el Decreto 465/2024 es que habrá una reducción en el bloque de consumo subsidiado de los N3, quienes actualmente son de entre 400 kwh y 650 kwh por mes en base a la provincia en la que se encuentren y a la estación del año. El esquema de segmentación actual preveía que por el excedente, los usuarios paguen pleno.

Por su parte, el consumo de los N2 está subsidiado en su totalidad sin importar cuánta luz o gas utilicen. Esperan poner en marcha un sistema de topes de consumo con asistencia estatal, pero mayor al de los N3.

Otro punto importante es que los aumentos no tendrán más un tope atado al coeficiente de variación salarial (CVS), que publica el Indec, del año anterior. El CVS creció 152,7% el año pasado, muy por debajo del 211,4% que arrojó la inflación del período. Esto llamó la atención de analistas, quienes señalan que de todos modos las subas que hubo hasta ahora superaron ese umbral.

La segmentación que puso en marcha Fernández en 2022 contemplaba que la suba de las tarifas para los N2 no podía superar el 40% del CVS del año anterior y para los N3 el límite era 80% de lo que arrojara la variación del indicador.

Sobre eso, se buscará evitar la superposición de otros subsidios como son la tarifa social, los beneficios por zonas frías, garrafas, entre otros. También habrá nuevos criterios de exclusión que serán más restrictivos que el actual, como la posesión de automóviles, prepagas o compra de dólares.

La aspiración de Chirillo era resolver este frente con la implementación de un nuevo esquema de asignación de subvenciones a partir de la CBE. Primero se iba a aplicar en abril, pasó a mayo, luego a junio y ahora se postergó a noviembre. Mientras tanto, se avanzará en este “esquema de transición”.

La hoja de ruta del Palacio de Hacienda preveía un recorte de 0,5 puntos del PBI este año en el gasto de subsidios a las tarifas, a lo que se sumarían otros 0,2 puntos del PBI por el transporte del AMBA. La cuenta es de entre USD 2.500 y USD 3.000 millones. Pero el empeoramiento de la situación social hizo que Caputo buscara una calibración distinta en el ajuste.

«Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”, informa el decreto 302/2024.

El Gobierno derogó una norma de la gestión anterior que regulaba los precios de las tarifas de internet, líneas de telefonía celular, y servicio de TV por cable, por lo que ahora las empresas los establecerán libremente. Así lo determinó un decreto publicado en el Boletín Oficial.

“Resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios”, sostiene la norma. Ahora se espera la decisión de los prestadores para saber qué aumentos aplicarán en adelante.

«Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”, informa el decreto 302/2024.

Esa parte seguirá vigente con respecto a la normativa que regía hasta ahora, pero se eliminó un segundo párrafo que indicaba que “las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia, las de los prestados en función del Servicio Universal y de aquellos que determine la Autoridad de Aplicación por razones de interés público, podrán ser reguladas por ésta”.

Esa autoridad de aplicación, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), ya no podrá interferir en los precios.

También se derogó el artículo 15 de la ley que reconocía “el carácter de servicio público esencial y estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de Servicios de TIC”. «El Servicio Básico Telefónico mantiene su condición de servicio público”, se aclara.

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