YPF

Se trata de una presentación técnica que hizo el país luego de que el estudio inglés, el principal beneficiario del fallo en primera instancia por más de USD 16.000 millones, pidiera cobrar usando el 51% de las acciones de la empresa que están en manos del Estado.

Las probabilidades de que ocurran son bajas, pero el bufete inglés Burford, principal beneficiario de la condena en primera instancia contra la Argentina por haber expropiado mal YPF en 2012, le pidió a la jueza Loretta Preska –que lleva este extenso juicio en su corte del Distrito Sur de Manhattan hace 9 años– quedarse con el control del 51 por ciento de las acciones de petrolera que están en manos del Estado. Son bajas las chances, pero el pedido está presentado y podría prosperar.

Burford sabe que no podrá cobrar el fallo de Preska que indicó que Argentina debe desembolsar USD 16.000 millones –ahora casi USD 17.000 millones, por los intereses que corren a diario–, y quiere sentarse a negociar con un que hasta ahora no dio señales de querer hacerlo, más allá de los dichos del presidente Javier Milei quien dijo meses atrás que había “voluntad de pago”.

En ese contexto, el estudio inglés pidió formalmente las acciones de la empresa y embargar activos locales en el exterior, dos medidas que avanzan en el estrado de Preska mientras, en paralelo, Argentina defiende su postura en Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York con la intención de revertir la condena de la magistrada que reemplazó al fallecido Thomas Griesa.

Hoy se conocieron los argumentos de la defensa local que presentaron en Nueva York cinco abogados de Sullivan & Cromwell, el estudio que representa al país en EEUU en esa causa y que sigue los lineamientos de la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra.

Se trata de tecnicismos con los que, a grandes rasgos, el Estado busca convencer a Preska de que no puede embargar activos locales en el exterior, ni transferir acciones de la empresa y, sobre todo, que no puede actuar sobre un territorio soberano.

La enumeración de los argumentos es la siguiente:

• 1. “Esta Corte no puede ordenar a un soberano extranjero que actúe dentro de su propio territorio, y mucho menos ordenarle que viole o revise sus propias leyes”.

Básicamente, se asegura que una corte foránea no puede obligar a otro país a repatriar activos.

“Argentina dice que la doctrina de international comity prohíbe que una corte de EEUU ordene a estado extranjero hacer algo en su propio territorio. Sobre todo si implica violar o cambiar una ley (Ley 26.741 prohíbe transferir acciones de YPF expropiadas sin el voto 2/3 del Congreso)”, dijo en X Sebastián Soler, quien fue viceprocurador del Tesoro del gobierno de Alberto Fernández.

• 2. “El artículo 10 de la Ley de Expropiación de YPF no se limita a ‘la asignación de poderes entre el poder legislativo y ejecutivo de Argentina’”.

“Argentina presenta informe experto del Dr. Alfonso Santiago (especialista en derecho constitucional) que explica que la prohibición de transferir las acciones expropiadas sin aprobación del Congreso aplica tanto a transferencias voluntarias como a las ordenadas judicialmente”, destacó Soler.

Otra mitad de la biblioteca cree que la ley de expropiación hace referencia solo a “transferencias voluntarias”, como podría ser una venta, y no, como sucede en este caso, a una orden judicial. Fuentes cercanas a Burford creen que esa prohibición de transferencia no aplicaría ante una eventual orden de Preska.

• 3. “Los demandantes leyeron mal 28 U.S.C. 1610 para incluir propiedades soberanas ubicadas fuera de Estados Unidos”.

“28 US Code 1610″ es una referencia al United States Code –la compilación y codificación de la legislación federal general de EEUU– que en su apartado 1610 hace referencia a “Excepciones a la inmunidad de embargo o ejecución”.

“El Foreign Sovereign Immunities Act solo permite ejecutar ‘bienes en EEUU de un estado extranjero… usados para una actividad comercial en EEUU’. Las acciones expropiadas están en Argentina (registradas en Caja de Valores) y solo se usan para votar en asambleas en Argentina”, explicó Soler en X.

Burford pide que Argentina transfiera a EEUU las acciones y luego se las entreguen. Quienes defienden la postura local creen que aún si esas acciones estuvieran por algún motivo en EEUU tampoco podrían ser embargadas porque el Estado local no las usa para una actividad comercial. “La excepción tampoco funciona para el caso en que YPF haya tomado deuda en EEUU. En ese caso la actividad comercial es de la empresa, no del Estado”, destacó un abogado que conoce la causa al detalle.

• 4. “Los demandantes se equivocan al afirmar que la República utilizó sus acciones [de YPF] para efectuar el incumplimiento del requisito de oferta pública de adquisición establecido en los estatutos de YPF”.

“Argentina no usó las acciones expropiadas para incumplir el estatuto de YPF al no hacer la OPA porque según la propia sentencia de Preska el incumplimiento se produjo el 16 de abril de 2012 (Argentina lo cuestiona) y en esa fecha las acciones no habían sido expropiadas aún”, explicó Soler.

“Son cuestiones técnicas, pero sólidas. Argentina dice que hay que cumplir con las leyes internacionales y que se debe mantener el respeto entre países soberanos. Pero es verdad que el año pasado Preska ya dijo que tiene el poder de repatriar activos en el caso de Bainbridge [un holdout] cuando rechazó el pedido de repatriar activos porque ese fondo no había podido identificarlos. Los beneficiarios del fallo ahora identificaron esos activos, es decir, las acciones de YPF. Entonces Preska podría decir que sí puede ordenar la repatriación. Como sea, hay que esperar a ver cómo sigue el caso”, destacó en diálogo con Infobae Sebastián Maril, de Latin Advisors.

Sobre el juicio, Marial destacó que Argentina está siguiendo la misma estrategia legal que ha utilizado en el pasado. “Dejar que las cortes hablen hasta agotar toda instancia legal disponible. En el mientras tanto, evita dialogar con los beneficiarios de los fallos quienes pueden ofrecer un acuerdo mucho más adecuado que el que siempre terminamos pagando por agotar toda instancia legal disponible. Argentina comenzó la apelación de YPF el año pasado y no habrá decisión de la corte hasta el año que viene. Mientras tanto, sumamos intereses por USD 840 millones anuales y no aprovechamos una oportunidad de negociar acuerdos menores. Hoy, me atrevo a decir que se puede negociar un importante descuento de los USD 16.100 millones más intereses”, detalló.

La semana próxima Burford tendrá que presentar su descargo sobre este punto y Preska decidirá luego. Argentina podría quedar más cerca del embargo de activos.

En paralelo sigue la apelación sobre el fallo condenatorio de los USD 16.000 millones, algo que podría demorar un año y medio más. Al respecto, Maril mostró una estadística demoledora: desde 2015, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revirtió, como máximo, el 11,7% de los fallos de primera instancia que analizó. Esa cifra fue en 2018, los otros cuatro años fue bastante menos.

Infobae

La magistrada le ordenó a la Argentina probar que la empresa y la autoridad monetaria son “alter ego” del Estado.

En una nueva medida en el juicio por US$ 1.600 millones por YPF, la jueza estadounidense Loretta Preska le exigió hoy a la Argentina demostrar que la petrolera y el Estado representan los mismos intereses.

La magistrada pretende que se demuestre la figura del “alter ego” entre el Estado argentino e YPF y el Banco Central.

Mientras se cursan estos pedidos y audiencias en el tribunal del Preska, la Argentina apeló el fallo condenatorio en primera instancia y espera la decisión de fondo de la Cámara de Apelaciones. Ese nuevo fallo podría tardar al menos un año.  

Por pedido del demandante, el fondo de inversión Burford Capital, exigió pruebas al país para determinar, o no, que son lo mismo, que representan los mismos intereses y que tomaron y toman decisiones de manera alineada. 

Así lo decidió luego de una audiencia en su corte del segundo distrito de Manhattan, donde hace ocho años lleva adelante la causa que se generó luego de la expropiación de YPF en 2012.

Preska ya emitió un falló que condenó a la Argentina a pagar unos US$ 16.000 millones, del que Burford es el principal beneficiario.

En la audiencia las partes presentaron argumentos a favor y en contra de obligar al país a presentar información sobre si ciertas entidades administradas por el Estado son “alter ego” del país. 

En esa lista estaban YPF, Aerolíneas, BCRA, Arsat, Banco Nación y otras.

Preska dijo que la petrolera de bandera -el Estado es dueño del 51% del paquete accionario- y el Banco Central podrían encuadrarse bajo esa figura y ordenó que la Argentina presente información de los últimos 2 años para probar su relación con el Estado.

El objetivo detrás del pedido de Burford es embargar activos locales ante la idea de que el Estado no pagará la sentencia que tiene a favor.

Ahora, la jueza dejó de lado a las demás empresas y organismos, pero indagará sobre YPF y el Central. 

Y, eventualmente, podría autorizar embargos sobre los bienes de ambos: acciones en Wall Street, inversiones en el exterior, bonos y otros activos.

NA

La jueza del distrito sur de Nueva York confirmó como 10 de enero la fecha para comenzar a trabar embargos de los demandantes.

Llegó la noticia que el Gobierno no esperaba. La jueza Loretta Preska confirmó el 10 de enero como fecha para que la Argentina presente garantías y de esta manera evite embargos durante la apelación del fallo por la expropiación de YPF.

Con esta decisión, y como no se han presentado avales, desde hoy, jueves 11 de enero, los demandantes,  podrán comenzar con los pedidos de embargos de activos ubicados en los EEUU y en el resto del mundo. Los demandantes son los fondos Burford Capital y Eton Park.

El Estado argentino fue obligado a pagar una indemnización de US$16.100 millones en septiembre pasado por la sentencia en contra por el juicio de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, y tenía plazo hasta ayer para presentar avales de garantía y evitar embargos durante el proceso de apelación. 

De esta forma, como los avales no han sido presentados y con este fallo el aplazamiento de la fecha negado, el Estado argentino corre el riesgo de recibir embargos en sus bienes y activos, como ya le ha ocurrido tiempo atrás en el juicio con los fondos buitres tras la salida de la convertibilidad. 

En esa oportunidad, retuvieron 77 días en Ghana a la Fragata Libertad y para que no retengan el Tango 01, el avión presidencial, muchos vuelos se hicieron en aviones privados cuando las autoridades viajaban al exterior.  

El CEO de  Latin Advisors y especialista en el caso, Sebastian Maril, comentó en su cuenta de X parte del fallo de la jueza donde responde a parte de las razones que invocaba el país para lograr un nuevo aplazamiento de la fecha. «La Jueza Preska le está diciendo al Gobierno argentino que se simpatiza con la inflación, la pobreza y otras urgencias que tiene el país, pero también le «recomienda» que empiece a preparar la hoja de ruta para resolver el caso por la expropiación de YPF.», sostuvo.

Ahora el Estado argentino, que es representado en la causa por  el estudio Sullivan & Cromwell, tiene la posibilidad de continuar con el proceso de apelación del fallo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Para ello deberá presentar el 22 de febrero el escrito con los argumentos por los cuales los jueces de segunda instancia deberían darle lugar y revisar la sentencia de Preska.

Noticias Argentinas

Lo dispuso la jueza de Nueva York Loretta Preska. La mala noticia se consolida en medio de la campaña electoral.

La Justicia de Estados Unidos dejó firme hoy el fallo por la expropiación de YPF que obligaría a la Argentina a desembolsar una suma multimillonaria al fondo de inversión Burford.

La jueza de Nueva York Loretta Preska dispuso que la Argentina deberá pagar US$ 16.099 millones por la decisión que en su momento tomaron Cristina Kirchner y quien por entonces era su ministro de Economía, Axel Kicillof.El 16 de abril de 2012 el gobierno argentino anunció la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF pertenecientes a la petrolera española Repsol.

A partir de allí se desencadenaron acontecimientos que derivaron en este fallo.La ahora vicepresidenta Cristina Kirchner acusó a los fondos buitres de «sobornar» a jueces para que emitan fallos a su favor.Una semana después de dar a conocer su resolución, la jueza de Nueva York Loretta Preska publicó la sentencia final del juicio por la expropiación de YPF.

Se trata de un fallo por el que la Argentina deberá pagarle poco más de 16.000 millones de dólares al fondo Burford por haber expropiado de manera indebida las acciones de YPF que pertenecían a la petrolera Repsol y al grupo Eskenazi.

La Argentina pretendía pagar no más de 5.000 millones de dólares.

La diferencia entre la cifra de la sentencia y la pretensión argentina radicaba en calcular intereses según la fecha de la irrupción de los funcionarios en YPF y la fecha en que la expropiación fue aprobada por ley del Congreso.

El gobierno argentino quería que la jueza Preska indicara que la fecha de expropiación había sido el 7 de mayo de 2012, cuando salió la ley de expropiación. De esa forma, la compensación sería desde ese día. Además, el país buscaba que la tasa de interés anual retroactiva que le iban a aplicar (desde 2012, cuando se expropió, a 2023) fuera del 0%. Eso daría cerca de US$ 5.000 millones.

El fondo Burford consideraba que la intervención de YPF se materializó el 16 de abril, cuando el ministro de Economía de ese momento -Axel Kicillof- fue nombrado interventor de la empresa y desplazó a los accionistas privados. Desde ese momento hasta el 7 de mayo, las acciones de YPF cayeron un 25%.En ese escenario, Burford hubiera cobrado alrededor de US$ 8.300 millones, aun con un 0% de interés, como quería Argentina.

De todas formas, los litigantes aspiraban a que les reconocieran una tasa del 8% anual, lo que llevaría el cheque a US$ 16.000 millones, lo que finalmente decidió la jueza. Es decir que la magistrada se inclinó por la mayor penalización para la Argentina. 

La Argentina reservó su derecho de apelar.

La Argentina reafirmó su voluntad de cooperar de buena fe con los pedidos de la justicia de Estados Unidos de trabajar sobre de monto de la fórmula determinado en el juicio por la nacionalización de YPF, al tiempo que reiteró que se reserva su derecho de presentar la apelación de la sentencia final en el caso.

Así lo indicó la defensa del Estado argentino a cargo del estudio de abogados Sullivan & Cromwell, en un carta enviada a la jueza Preska.«La República respetuosamente discrepa de que estas cifras de daños sean correctas y además no está de acuerdo con las sentencias de responsabilidad del Tribunal y se reserva todos sus derechos de apelación», aclara la defensa, que tiene un período de 30 días para realizar el pedido formal.

La misiva es en realidad una respuesta a una carta enviada por los representantes del grupo Petersen y Eton Park, del estudio Kellog, Hansen y asociados, quienes acusaron al país «de que se ha negado a conferir de buena fe con los demandantes para preparar un presentación conjunta», afirmó el abogado litigante Dereck Ho.

El pasado 8 de septiembre, apenas se conoció el fallo en contra del país sobre la fórmula para calcular el monto de la sentencia emitida en marzo de 2023, el Gobierno nacional anunció que iba a apelar «inmediatamente». El estudio de abogados Sullivan & Cromwell manifestó «su desacuerdo con la decisión sin precedentes y errónea de la corte de distrito» de Nueva York, y ratificó «la intención de apelar la sentencia».