La junta militar prolongó este lunes la prisión preventiva de la depuesta líder Aung San Suu Kyi, cuya libertad es una de las demandas clave de la ola de protestas.
La junta militar de Myanmar prolongó este lunes la prisión preventiva de la depuesta líder Aung San Suu Kyi, cuya libertad es una de las demandas clave de la ola de protestas que estas jornada continuaron en el país asiático, aunque menos numerosas tras el despliegue de tropas del Ejército.
Suu Kyi, acusada del delito de importación ilegal de dispositivos telefónicos, ahora estará en prisión preventiva hasta el 17 de febrero, cuando probablemente comparezca ante el tribunal por videoconferencia, según Khin Maung Zaw, un abogado al que Liga Nacional para la Democracia (LND), su partido, le pidió que la representara.
Es probable que su detención prolongada avive aún más las tensiones entre los militares, que tomaron el poder en un golpe de estado el 1 de febrero, y los manifestantes que persisten en sus reclamos en busca del regreso del Gobierno que eligieron.
Hoy, los manifestantes continuaron reuniéndose en todo Myanmar, la antigua Birmania, después de una larga noche en la que la junta militar ordenó cortes en el acceso a Internet del país y aumentaron la presencia de seguridad en las principales ciudades para sofocar la protesta.
En Yangón, la ciudad más poblada del país, se reunieron menos manifestantes hoy debido a la escasa conectividad y a los informes de la imponente presencia de vehículos militares en las calles.
Aún así, más de 1.000 manifestantes prodemocráticos se congregaron frente al edificio del Banco Central de Myanmar, flanqueado por camiones militares llenos de soldados, policías antidisturbios, camiones carros hidrantes y vehículos blindados de transporte de personal, informó la agencia de noticias AFP.
Desde el golpe unas 400 personas fueron detenidas, incluyendo dirigentes políticos, activistas, médicos y estudiantes.
El Ejército también difundió una lista de siete destacados activistas que están siendo buscados y se publicó órdenes de detención que piden a la gente que ayude a la policía a encontrar a estos «fugitivos». Cualquiera que les proporcione asistencia o refugio será objeto de represalias.
En respuesta a las oleadas de detenciones nocturnas, surgieron espontáneamente comités de vigilancia ciudadana que piden a los residentes que vigilen a sus vecinos en caso de operaciones para detener a los opositores.
A nivel internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó ayer a la junta a «garantizar que se respete plenamente el derecho de reunión pacífica», y pidió a los generales que autoricen «urgentemente» a la diplomática suiza Christine Schraner Burgener a «evaluar directamente la situación».
«Se responsabilizará» a los jefes de la junta de la violencia, advirtió Tom Andrews, relator especial de la ONU para Myanmar.
Washington detalló hace varios días una serie de sanciones contra varios generales, pidiéndoles que entreguen el poder, hasta ahora en vano.
Cientos de miles de manifestantes salieron a las calles en los últimos días, las protestas más importantes desde la «revolución de azafrán» de 2007, liderada por monjes.
Muchos funcionarios, trabajadores del ferrocarril, profesores y médicos se unieron a una huelga en apoyo del movimiento, y los medios de comunicación locales informaron incluso de deserciones policiales.
Los generales golpistas y su líder Min Aung Hlaing, paria internacional por los abusos cometidos contra la minoría musulmana rohingyas de Myanmar en 2017, rechazan la legalidad de las elecciones legislativas de noviembre, ganadas de forma abrumadora por la LND.
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