El Presidente publicó un hilo de Twitter en el que afirmó que «la Justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos».
El presidente Alberto Fernández pidió a la Justicia que investigue el presunto espionaje ilegal perpetrado por la AFI bajo el gobierno de Mauricio Macri, tras la difusión del video en el que un funcionario bonaerense expresaba su deseo de tener una «Gestapo» para terminar con los gremios en Argentina en una reunión entre exmiembros de la administración de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI y empresarios.
«La Justicia Federal investiga una denuncia que he ordenado hacer a la Agencia Federal de Inteligencia para que se investiguen acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores», publicó el Jefe de Estado en su cuenta de Twitter.
«A partir de la nueva información quisiera recordar: al inicio de la gestión denunciamos la existencia de mas de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía funcionarios nacionales, pero también personas de la justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos», dijo Alberto Fernández, al tiempo que explicó que «se asignaron esos dispositivos a María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de PBA; a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros».
«¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en “operador judicial”?», se preguntó el Presidente.
Según consignó Alberto Fernández en su cuenta de Twitter, «el uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones criminales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible».
«Ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución, la Justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos», señaló.
Por último, el Presidente impuso «la intervención de la AFI, el deber de poner al servicio de inteligencia en favor de los intereses nacionales». «Así lo hace hoy. Acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista, revaloriza el Estado de Derecho y la convivencia democrática», remarcó.
Los videos que encontraron en la AFI con reuniones entre funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y empresarios de la construcción revelan el modus operandi de la «Gestapo antisindical» que montaron en la provincia de Buenos Aires para «terminar» con los gremios del sector, pero también con los estatales.
El mecanismo que organizó Cambiemos con empresarios y el Poder Judicial buscó quitar derechos a los trabajadores. El modus operandi se iniciaba con la participación de los constructores: en principio serían las empresas de la construcción las generaran tensión con los obreros, por ejemplo, quitándoles las viandas, para que el sindicato paralice las obras.
Luego, los empresarios debían presentarse ante el Ministerio de Trabajo bonaerense con notas de quejas que eran previamente convenidas con los funcionarios de Vidal. Esas cartas eran entregadas en mano al titular de la cartera laboral Marcelo Villegas, con la precaución de no entregarla en la mesa de entrada. «Las notas me las puedan hacer llegar a nombre mío, personal, confidencial, en mano. Avenida 7, las recibe Diego Visilio»,les indicaba el exministro de Trabajo.
En tercera instancia se daba participación al Poder Judicial, donde se presentaba una denuncia penal con palabras «clave» como «extorsión» y «amenaza», que los funcionarios de Vidal les decían a los empresarios que incorporen.
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