adminweb

Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA reveló que seis de cada 10 menores de edad sufren los efectos de la pobreza en sus hogares.

El Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó este jueves su informe sobre los ingresos de la población de centros urbanos en el que consta que el 60,4% del total de menores de edad vive en la pobreza, y un 16%, en la indigencia.

Los datos se desprenden de una encuesta del ente de la UCA que compara datos recolectados entre julio y octubre de 2020 en el que quedó en evidencia que el 64,1% de las personas de entre 0 y 17 años vive en hogares donde los ingresos no alcanzan para cubrir el costo de bienes y servicios básicos, informó el diario La Nación.

Por otra parte, el 60,4% del grupo de menores de 17 años no sólo reside en hogares pobres, sino que tampoco puede acceder a derechos sociales elementales, como la vivienda de calidad, el servicio de agua potable o ir a la escuela.

Si se tiene en cuenta las cifras interanuales, en 2019 el porcentaje de menores de edad afectados por la pobreza «por ingresos» era de 59,5%, mientras que un 54,6% sufre la «multidimensional». En esa misma comparación, la indigencia en el grupo etario llegó al 16% en 2020 cuando el año pasado se fijó en alrededor del 14%.

Los números obtenidos por la UCA no son comparables con los del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que al ser un organismo del Estado tiene llegada a más poblaciones y no sólo a ciertos centros urbanos.

En ese sentido, el INDEC informó que la pobreza en el primer semestre del año fue de 40,9%, pero que entre abril y junio llegó al 47%.

Para la UCA el índice de pobreza multidimensional entre julio y octubre de 2020 fue del 41% para la población general cuando en ese período de 2019 fue del 37,5%.

Además, el 44,2% de la población de Argentina está bajo la línea de pobreza en los centros urbanos.

Con lo reportado este jueves suman 39.305 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.447.732 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

Otras 149 personas murieron y 7.629 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 39.305 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.447.732 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este jueves el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 3.916 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 56% en el país y del 60,4% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

El intendente bandeño disertó el miércoles, en el cuarto bloque de la segunda jornada del foro.

El intendente Pablo Mirolo disertó en el XVII Foro Metropolitano Edición 2020, organizado por la Fundación Metropolitana, que se desarrolló del 1 al 4 de diciembre, donde participaron intendentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y referentes políticos de varias provincias.

Este año el foro se desarrolló por primera vez de forma virtual debido a la pandemia de coronavirus y tuvo como eje central el lema: «Construyendo Gobernabilidad para el Área Metropolitana de Buenos Aires».
Mirolo disertó el miércoles, en el cuarto bloque de la segunda jornada del foro, momento en el cual los expositores compartieron su experiencia de trabajo vinculados a los siguientes temas: Los gobiernos locales para el desarrollo, la relevancia de las ciudades para gestionar la crisis y la importancia de la cooperación y coordinación de políticas públicas.

Los expositores de este bloque fueron, además del mandatario bandeño, la intendente de La Rioja, Inés Brizuela; la coordinadora del Observatorio del Conurbano UNGS, Adriana Rofman y el referente de la Fundación Metropolitana, Gustavo Urquiza. El moderador del bloque fue Lucas Delfino, subsecretario de Cooperación Urbana Federal – GCBA.

Durante su exposición Mirolo señaló: “Tenemos que empezar a mirar a la Argentina hacia adelante, fijar políticas públicas de consenso, a pesar de tener diferentes miradas debemos ponernos de acuerdo en ejes que son fundamentales.

Uno de esos ejes es el tema que está tocando la Fundación Metropolitana, creo que no puede haber un desarrollo del Amba sin un desarrollo del federalismo y los gobiernos locales del interior y sobre todo en este momento que es un tema tan discutido que parece que rememoramos unitarios y federales. Creo que esas cosas tenemos que dejar de lado y ver cómo podemos trabajar en conjunto porque todos necesitamos poner a la Argentina en marcha”.

La medida es por 90 días y, a diferencia de lo que había establecido el gobierno nacional en su fallido intento, los miembros del directorio mantienen sus cargos.

En un nuevo giro de la serie de suspenso en que se ha convertido la historia del vaciamiento de Vicentin, el juez Lorenzini «acaba de dictaminar su intervención por 90 días», reveló el periodista Juan Chiummiento quien aclaró que «al frente de la intervención quedará Andrés Shocron, uno de los veedores que había propuesto el comité de acreedores». La subintervención será ocupada por quien proponga el gobierno de Santa Fe.

En medio del descalabro producido por el vaciamiento llevado adelante por las familias propietarias –avalado con el desmanejo crediticio de los bancos oficiales durante el gobierno de Mauricio Macri, en especial el Banco Nación conducido por Javier González Fraga, y por la justicia santafecina que impidió el rescate que propuso el gobierno de Alberto Fernández–, la decisión vuelve a otorgar un lugar al estado en la resolución del caso.

En esta oportunidad, a diferencia de la intervención que había decretado el gobierno nacional, los miembros del actual directorio continúan en sus cargos. Sin embargo, a partir de ahora todas las decisiones deberán contar con el visto bueno de la Intervención, lo que pone límites a la discrecionalidad de los propios vaciadores que la justicia, con el respaldo entusiasta de la oposición y los medios que le responden, se preocupó de mantener en sus lugares.

Hasta que la provincia de Santa Fe designe alguien en el cargo, la subintervención queda en manos de María Victoria Stratta, responsable de la Inspección General de Justicia santafesina. Una funcionaria muy consustanciada con la causa ya que fue en sus oficinas donde se inició el pedido de intervención del gobierno provincial.

Por otro lado, el juez prohibe la modificación del capital accionario de Vicentin. En otros fallos que salieron este jueves, autorizó la celebración de nuevos contratos con Oleaginosa Moreno (Glencore) y con Renova.

El primer país afectado en Europa, registró hasta ahora más de 56.000 muertes, y el Gobierno teme una tercera oleada después de las vacaciones de invierno si no se toman medidas estrictas.

El Gobierno italiano adoptó un decreto ley para restringir la movilidad dentro del país durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, como parte de un paquete de medidas para combatir la propagación del coronavirus.

Las nuevas medidas adoptadas a partir de este jueves se dan en momentos donde Italia registró este jueves su peor dato en lo que a fallecidos se refiere desde el inicio de la pandemia, con 993 decesos en 24 horas.

Según informó el Ministerio de Salud, en la última jornada se contabilizaron además otros 23.225 contagios de entre los más de 226.000 test efectuados, un dato en línea con días anteriores aunque ligeramente superior, reportó la agencia de noticias Europa Press.

Con ello, la pandemia deja ya en Italia 1.664.829 contagios confirmados y 58.038 víctimas mortales desde que se detectó el primer caso a finales de febrero.

El decreto firmado por el primer ministro Giuseppe Conte prohíbe trasladarse de una región a otra entre el 21 de diciembre y el 6 de enero de 2021, excepto por motivos de salud o laborales, informó la agencia de noticias AFP.

El país está dividido en 20 regiones que el Gobierno ha clasificado por colores de acuerdo a tres niveles de riesgo de contagio: alto, intermedio y moderado.

Los viajes a las regiones con una situación epidemiológica grave, clasificadas rojas, ya estaban prohibidos.

El ex vicepresidente había sido condenado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. En abril pasado le fue otorgada la domiciliaria.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena impuesta en el caso de la ex Ciccone Calcográfica al ex vicepresidente Amado Boudou, sentenciado a 5 años y 10 meses de prisión.

Para así decidir, la Corte desestimó los recursos que había presentado Boudou contra el fallo del Tribunal Oral Federal 4, que lo había condenado, en 2018, junto con su socio y amigo José María Núñez Carmona, Nicolás Ciccone, Alejandro Vandenbroele (el arrepentido que actuó como testaferro del ex vicepresidente), Rafael Resnick Brenner y Guido Forcieri.

De esta forma el ex vicepresidente está a un paso de volver a la prisión. Para que esto ocurra, la fiscal de ejecución Guillermina García Padin deberá pedir que Boudou vuelva la cárcel y el que deberá resolver sobre la cuestión es el juez Daniel Obligado, el mismo que en mayo le había concedido el beneficio de la prisión domiciliaria. También podría ocurrir que el magistrado lo decida sin necesidad de que la fiscal se lo pida.

Boudou había sido condenado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. En abril pasado le fue otorgada la domiciliaria por la emergencia sanitaria en el marco de la pandemia por el coronavirus.

Ahora que la condena está firme de toda firmeza, el magistrado ordenaría que el ex vicepresidente vuelva a prisión al revocar el arresto domiciliario. Es que sin el principal argumento por el que lo había sacado de la cárcel, es complejo que el juez encuentre otro motivo para sostener esa condición de detención.

Además de rechazar los recursos presentados por la defensa de Boudou, la Corte tampoco hizo lugar a los pedidos del ex socio del ex vice José María Núñez Carmona; el anterior dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone; el jefe de asesores de Ricardo Echegaray en la AFIP, Rafael Resnick Brenner, y el asesor de Boudou en el ministerio de Economía, Guido Forcieri.

El caso Ciccone investigó la maniobra por la cual Boudou y su amigo Núñez Carmona presionaron a los hermanos Ciccone para quedarse con su imprenta, y de inmediato obtuvieron por parte de la AFIP comandada por Ricardo Echegaray un inmejorable plan de pago para las deudas fiscales que habían asfixiado a sus anteriores dueños.

Sin demasiadas explicaciones, la Corte descartó de plano los recursos de Boudou contra su condena, por lo que a partir de este jueves 3 de diciembre su pena queda firma. La misma ya había sido revisada pro la Cámara de Casación.

En este caso, Boudou fue hallado culpable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.