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Los requisitos no son restrictivos y permiten el ingreso con distintas alternativas.

El Gobierno de Santiago del Estero a través de la Sub Secretaría de Turismo difundió los requisitos para ingresar al territorio, permiso que estará habilitado a partir del 4 de diciembre del presente año.

Para el ingreso de personas sin domicilio legal en la provincia, se exigirá declaración jurada y aplicación CuidarSE, que debe descargarse de la play store del celular.

En el caso de vuelos de cabotaje habilitados desde el cuatro de diciembre, sólo se exigirá declaración jurada.

Requisitos para ingresar como Turista para provincias del norte: Tucumán, Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja: Solo descargar la aplicación Cuidarse, alojada en la play store del celular.

Para turistas del resto del país: reserva confirmada en alojamiento habilitado por la Subsecretaria de Turismo de Santiago del Estero, que será debidamente publicado en medios de comunicación y en la web: http://turismosantiago.gob.ar/ 

También debe contar con:

Seguro personal de salud COVID-19 provisto por alguna compañía de seguros.

Aplicación CUIDARSE instalada en su celular, en caso que por alguna razón no pudiera hacerlo, deberá llenar una declaración jurada manual al ingreso.

No presentar síntomas, se controlará temperatura y olfato.

Por mayores consultas, se puede hacer click en este enlace: Turismo de la provincia 

La iniciativa prevé que los dadores voluntarios puedan realizar la donación en el edificio de la Defensoría el próximo día viernes 11 de diciembre en los horarios de 8:30 a 12:30 hs.

En horas de la mañana en las instalaciones del Banco de Sangre, el titular de la Defensoría del Pueblo de la ciudad Capital, Lic. Luis Ger, acompañado por el secretario de Relaciones Institucionales y Políticas el Sr. Carlos Navarro, la directora del Banco de Sangre Dra. Maria Elena Sanchez y el presidente de la fundación CEPSI el Dr. Rolando Filipa, realizaron el lanzamiento de la campaña de donación de sangre con la opción de poder efectuar las extracciones en las instalaciones de la defensoría en Urquiza 342.

El licenciado Ger se pronuncio a favor de colaborar activamente con la donación de sangre en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo de la ciudad Capital, «El Banco de Sangre va a proveer de los insumos y los profesionales que realizaran la tarea, para que aquellas personas que deseen donar puedan hacerlo en Urquiza 342, que en principio se llevará a cabo el próximo día viernes 11 de diciembre en los horarios de 8:30 a 12:30 hs. La idea es darle continuidad en el tiempo dada la importancia de lo que representa donar sangre por que es dar vida».

Asimismo la Dra. Sanchez aprovecho la oportunidad para agradecer la determinación de: «reforzar la iniciativa para que los integrantes de la comunidad que lo necesitan, reciban el hemocomponente adecuado que es el que viene de un donante voluntario y altruista. Salir, hacer colectas en instituciones, en estructuras es lo que nos ayuda a seguir adelante, avanzar en salud en Santiago del Estero y fortalecer nuestra comunidad».

La defensa del ex Presidente se opuso a una orden de entrecruzar llamados con los integrantes de su mesa judicial.

La Cámara Federal porteña ratificó un entrecruzamiento de llamados telefónicos que apuntan a una reunión entre el empresario Federico de Achával y Fabián Rodríguez Simón, alias “Pepín”, uno de los arquitectos de la mesa judicial del macrismo, en junio de 2016 en la causa en la que se investigan presiones al Grupo Indalo.

En esa reunión, en el despacho de Mario Quintana, del equipo económico de Mauricio Macri, el empresario de Achával, que era socio de Cristóbal López, habría sufrido presiones relacionados con el pago de ingresos brutos.

El Tribunal rechazó un recurso de la defensa de Macri, quien se opone a la orden de entrecruzar llamados durante el mes de junio de 2016 a fin de determinar si existió ese encuentro.

Se trata de la causa originada en la denuncia de Fabián De Sousa en la que se investiga la persecución del Grupo Indalo a través de diferentes resoluciones en especial contra Oil Combustibles con las que el gobierno de Cambiemos fue hostigando a las empresas y a sus accionistas.

En una resolución anterior, la Cámara había ordenado a la jueza María Servini, que los entrecruzamientos de llamados se limiten a diez días antes y diez días después de cada evento que pueda ser considerado determinante para la investigación.

Sobre esa reunión no hay una fecha exacta. Cuando Federico de Achával declaró como testigo, sostuvo que fue en junio de 2016, en oportunidad de un encuentro con Mario Quintana y Rodríguez Simón, en el despacho de Quintana.

El 9 de noviembre pasado, Servini dispuso el entrecruzamiento de llamados, entre los teléfonos de los involucrados a lo largo de todo el mes. Esa medida fue apelada por Pablo Lanusse, defensor de Macri en el caso.

La Cámara rechazó la apelación y sostuvo que no puede revisar el “juicio de atinencia que haga la instructora sobre las diligencias pertinentes para investigar la posible comisión de los delitos denunciados”, ya que están reservados a su “discrecionalidad”.

«Por ende, debe rechazarse lo promovido por la defensa, sin perjuicio de volver a resaltar la necesidad que ni bien se produzcan los primeros resultados de las diligencias (elaboración de los listados de llamados de los abonados individualizados), esa información sea recibida únicamente por el juzgado», dice el fallo.

Los camaristas Martín Irurzun, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia firmaron la resolución.

En un fallo anterior, la Cámara dispuso que Servini debe «determinar cuáles datos son ajenos al legajo –imponiendo su eliminación- y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de la justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas”.

Ahora en la nueva resolución, para la Cámara, la revisión pretendida por la defensa de Macri “es improcedente”.

Lo hizo mediante un decreto publicado este lunes, con el que oficializó el anuncio que había hecho el ministro de Trabajo.

El Gobierno nacional prorrogó hasta el próximo 25 de enero del 2021 la doble indemnización en el caso de despido de un trabajador sin una causa justificada.

Este lunes se publicó en el Boletín Oficial el decreto de Emergencia Pública en Materia Ocupacional Nro 961/2020, que llevó la firma del presidente Alberto Fernández y todo su gabinete. También extendieron la prohibición de despidos y suspensiones, pero en este caso hasta el 29 de enero.

La decisión de que se mantiene la doble indemnización vencía el 17 de diciembre, día en que entrará en vigencia el nuevo decreto publicado.

«Amplíase hasta el 25 de enero de 2021 la emergencia pública en materia ocupacional declarada por el Decreto N ° 34 del 13 de diciembre de 2019 y ampliada por el Decreto N ° 528 del 9 de junio de 2020 a partir del vencimiento de la vigencia de esta última norma «, especifica el decreto.

También señala que la medida no alcanza a aquellas personas que hayan ingresado a sus trabajos luego de decretada la emergencia sanitaria a causa de la pandemia de coronavirus ni a los empleados públicos.

Y agrega: «En consecuencia, durante la vigencia del presente decreto, en caso de despido sin justa causa, la trabajadora afectada o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad con los términos del artículo 3 ° del Decreto N ° 34/19 y la legislación vigente en la materia «.

Expondrán durante esta semana unos 50 referentes, 25 a favor del proyecto y 25 en contra, tras lo cual se buscará emitir dictamen de la iniciativa el viernes 4 de diciembre.

La Cámara de Diputados abrirá el debate en comisiones del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y la exposición de unos 50 referentes, 25 a favor y 25 en contra, tras lo cual buscará emitir dictamen de la iniciativa el viernes 4 de diciembre.

La intención de los diputados del Frente de Todos, según informaron fuentes parlamentarias, es aprobar en la segunda semana de diciembre el proyecto en la Cámara baja y enviarlo luego al Senado para tener sancionada la ley antes de fin de año, ya en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso.

Las fuentes anticiparon que el Poder Ejecutivo realizaría la convocatoria a extraordinarias en los próximos días, donde podría incluir además otras iniciativas claves para el gobierno nacional.

Junto con el proyecto de legalización el aborto se debatirá, en una sesión especial virtual, que se realizaría entre el 8 y el 10 de diciembre, el Plan de los 1000 días de ayuda a las mujeres embarazadas que abarcará hasta los primeros años de la infancia, que también tendrá dictamen en la próxima semana.

El cronograma
El cronograma de debate fue definido el jueves durante un encuentro que mantuvieron la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard (Frente de Todos), y las presidentas de las comisiones de Legislación General, Cecilia Moreau (FdT); de Mujer y Diversidades, Mónica Macha (FdT), y el titular de la de Salud, Pablo Yedlin (FdT).

También asistieron las diputadas de Juntos por el Cambio que están a cargo de las vicepresidencias de esas comisiones: Silvia Lospenatto, Carla Carrizo, Carmen Polledo y Marcela Campagnoli, en tanto que al final del encuentro se sumó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Lunes
Las comisiones de Salud y Presupuesto comenzarán a las 10 la discusión del Plan de los 1000 días, con las exposiciones de funcionarios de los Ministerios de Salud; de la Mujer, Géneros y Diversidad y del Interior y de la Anses.

Martes
A las 9 a la mañana se abrirá la discusión sobre el proyecto de legalización del aborto con las exposiciones que brindarán los ministros de Salud, Gines González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

Tras los informes de los ministros, el mismo día a las 14 comenzará la ronda de expositores: 50 en total, 25 a favor y 25 en contra del proyecto de legalización del aborto, que tendrán 7 minutos cada uno al igual que en 2018.

Miércoles
La discusión continuará durante toda la jornada.

Jueves
Según lo acordado, la intención de los diputados es reunirse ese día para escuchar las diferentes posturas.

Viernes
Se espera que, finalmente, se dictamine sobre el tema el 4 de diciembre.

Desarrollo Productivo intenta reflotar siete plantas que producían en el país para evitar importar. Una de ellas cerró en los años de Cambiemos. 

Ante la posibilidad anunciada de iniciar la vacunación contra la COVID en la primera parte del 2021, el Gobierno Nacional empezó a trabajar contrareloj para conseguir un insumo que es esencial y hace unos años no se fabrica en el país: jeringas plásticas. 

Según fuentes oficiales, el ministro de Desarrollo Productivo tiene un equipo técnico trabajando en la reactivación de plantas que habían dejado de fabricarlas e incluso algunas que habían cerrados sus puertas. La más emblemática, una radicada en Morón que el gobierno de Cambiemos buscó intervenir y que se vio obligada a bajar la persiana luego de avisos de que era mejor y más rentable importar el producto. En total, en el Gobierno aseguran que hay al menos siete plantas, en su mayoría localizadas en la provincia de Buenos Aires, que podrían estar en condiciones de fabricar. 

Cuando este diario consultó los plazos que se persiguen para reactivar el segmento, la respuesta fue que «es urgente«. Naturalmente, la tarea es compleja, pero los equipos quieren calcar el esquema de recuperación industrial que se hizo al inicio de la pandemia, cuando se trabajó con fábricas textiles para que se pusieran a producir barbijos para evitar la propagación de la COVID 19. 

Según cifras a las que accedió este diario, Argentina importa hoy 300 millones de jeringas anuales, para todo uso. Y según el Gobierno, con la COVID de por medio, ese número debería alcanzar los 400 millones. Ese incremental se puso como meta para la fabricación local. 

Vale decir que, desde el inicio de la pandemia, la industria local vino proveyendo productos que antes no elaboraba. Y hoy, casi nueve de cada diez insumos para la pandemia listados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se hacen en el país. Solo las jeringas y los guantes de látex se sostienen como productos importados en un 100 por ciento. Con los guantes, el gobierno intentó un plan similar pero la complejidad de hacerlos y la competitividad del costo hicieron que desista. 

«Acá lo más dificil va a ser la obsolescencia de los sistemas y conseguir las certificaciones del producto nuevo», explicó uno de los funcionarios que está sobre el tema. La cartera que conduce Matías Kulfas está pensando y ejecutando, además, sobre los datos de demanda del producto que va adelantando el ministerio de Salud de la Nación. 

Los que trabajan en la iniciativa aclaran que la degradación de estos establecimientos en la época de Mauricio Macri tuvo que ver, básicamente, con que el Estado jugó a importar y dejar de comprar nacional. Siendo que el rol estatal es el core business de este tipo de compañías. «Hoy es un sector que lo han transformado en inviable, pero es posible de recuperar», se esperanzan los que trabajan en el plan oficial para tener producto local. 

Hace unos días, el presidente Alberto Fernández encabezó la primera reunión del Comité de Vacunación, que diseñará la logística de la distribución y aplicación de las vacunas contra la COVID-19 de las que dispondrá el Gobierno nacional en los próximos meses. La meta oficial es tener 40 millones de vacunas y luego 60 más, para vacunar al 100 por ciento de los argentinos. De ese total, más de 12 millones de personas son grupos de riesgo. Personal estratégicos, docentes, salud y fuerzas armadas y seguridad serán vacunados en primera instancia.