El fiscal consideró que el joven fue quemado con un cigarrillo «mientras agonizaba» y que sus amigos fueron sometidos a «actos de torturas» mientras permanecieron esposados, tirados en la cinta asfáltica en calidad de detenidos.
El fiscal que investiga el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años baleado en el barrio porteño de Barracas cuando iba con tres amigos en un auto, pidió agravar por el delito de «torturas» las imputaciones de seis policías que se encuentran detenidos por el encubrimiento del homicidio, al solicitar que sean procesados con prisión preventiva, informaron fuentes judiciales.
Así lo requirió el fiscal de Instrucción Leonel Gómez Barbella al juez de la causa, Martín del Viso, al considerar que Lucas fue quemado con un cigarrillo «mientras agonizaba» en el auto instantes antes baleado, al tiempo que sus amigos permanecieron esposados, tirados en la cinta asfáltica en calidad de detenidos y fueron sometidos a «actos de torturas».
En el escrito de 45 páginas -al que Télam tuvo acceso-, el fiscal solicitó que los comisarios Juan Romero y Fabián Alberto Du Santos, el subcomisario Roberto Inca, el inspector Héctor Cuevas y las oficiales Lorena Miño y Micaela Fariña sean procesados con prisión preventiva por los delitos de «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin las formalidades de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas, todos en concurso ideal».
A la vez, en los casos de Inca, Cuevas, Fariña y Miño, agregó la imputación de delito de «falso testimonio agravado», ya que los tres declararon como testigos ante la Policía Federal cuando fue convocada para tomar el caso.
Las nuevas imputaciones fueron requeridas por Gómez Barbella tras la ampliación de las indagatorias de esos seis acusados.
No obstante, como están detenidos desde el 27 de noviembre pasado -salvo Miño que estuvo prófuga y se entregó el 29- el juez Del viso debe resolver este martes sus situaciones procesales pero por las primeras imputaciones realizadas («encubrimiento agravado, privación de la libertad agravadas y falsedad ideológicas»), dijeron fuentes de la causa.
Para sustentar la nueva acusación, el representante de Ministerio Público se basó en la definición que dice que «por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuanto éstos tengan gravedad suficiente«, y apeló también a la Convención sobre los Derechos del Niño.
«De la normativa internacional (…) surgen tres ejes esenciales referentes a específica prohibición de aplicar torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes a menores; que la detención del niño debe llevarse a cabo de acuerdo a la ley y que durante la misma, deben recibir un trato humanitario y respetuoso que atienda a las necesidades propias de su edad, aspectos respecto de los cuales no se efectuó ninguna consideración en el procedimiento llevado a cabo» para con los adolescentes, escribió.
Y continuó: «La tortura se caracteriza, entonces, a partir de la gravedad de los sufrimiento padecidos por la víctima«.
En este sentido, mencionó que los «sufrimientos recibidos por Lucas González a través de la quemadura en su mano durante el procedimiento policial y mientras inventaban pruebas en su contra colocando un arma detrás suyo» y el de sus amigos «a través de las frases abominables, racistas, cargadas de odio, discriminatorias y estigmatizantes junto a sus detenciones ilegales después de haber baleado a un amigo suyo por parte de policías en un procedimiento inventado, luego de intentarlos matar y mientras estaban esposados».
Por ese mismo delito, junto a los de falsedad ideológica, encubrimiento y privación ilegal de la libertad, la fiscalía pidió la detención de otros ocho policías: un comisario inspector, un comisario, un subcomisario, dos principales, un oficial mayor, un oficial primero y un oficial.
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