El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, detalló que los empleados restantes cumplirán funciones en la Dirección de Protección a la Familia.
El Gobierno de Javier Milei anunció un recorte del 85% de la planta de lo que pertenecía al ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en el marco de la baja de contratos estatales que se realiza de forma trimestral.
Así lo comunicó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, lo que generó la rápida reacción de las trabajadoras que denunciaron el vaciamiento de las políticas públicas para combatir la violencia de género y exigieron la reincorporación de los trabajadores.
“Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a TODOS los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo”, especificó el funcionario nacional a través de su cuenta de X.
De inmediato, desde ATE hicieron público un comunicado en el que cuestionan la decisión de la administración libertaria y hablan de un vaciamiento del programa para combatir la violencia por motivos de género.
“Denunciamos la disolución del organismo y que ya más del 80% de las trabajadoras fueron notificadas de la no renovación de sus contratos», se expresaron al respecto.
Para las ex empleadas, «el Gobierno de Milei será el primero desde el retorno de la democracia que no tenga un organismo específico para trabajar las problemáticas vinculadas a género y diversidad, incumpliendo así los compromisos nacionales e internacionales en la materia, generando un gran retroceso en materia de Derechos Humanos”.
«Mientras tanto, las autoridades del Ministerio de Justicia se jactan en medios de
comunicación anunciando que habrá más despidos y se contradicen afirmando que darán cumplimiento a la normativa vigente, siendo esto imposible ya que las políticas públicas que lo hacían no se sostienen sin las trabajadoras y trabajadores especializados que están despidiendo«, denunciaron respecto a los dichos de Cúneo Libarona
Asimismo, especificaron: “Incluso, desconocen la normativa, anunciando que se trabajará la ‘atención a personas en situación de violencia y riesgo’, desconociendo las especificidades reconocidas por la Ley 26.485 de la violencia por motivos de género y pretendiendo equiparar las obligaciones que asume el Estado frente a cualquier delito, con las que asume tanto en nuestra Constitución como en acuerdos internacionales en materia de género”.
Según precisaron, resulta imposible garantizar la continuidad de la línea 144, creada para dar cumplimiento a la Ley 26.485 de Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las mujeres que contaba con equipos interdisciplinarios especializados. «En la guardia que atiende el mayor número de llamadas provenientes de todo el territorio nacional, sólo quedaron dos trabajadoras haciendo imposible el cumplimiento de esta Ley«, agregaron.
Además, aseguraron que el equipo interdisciplinario de la Dirección de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la integridad sexual también redujo su planta a tan solo dos trabajadoras.
«Existen actualmente más de 7.000 víctimas de violencia de género a nivel nacional
que ya fueron registrados como de Altísimo Riesgo/Emergencia, y se encuentran a
la espera de recibir la asistencia que garantiza el Programa Acompañar», detallaron las especialista, y agregaron: “Los equipos interdisciplinarios de este programa, que ya había sufrido despidos en diciembre y en marzo, se reducen aún más ahora, en un 50%».
El Programa Acercar Derechos también fue desmantelado en algunas provincias y en otras cuenta con guardia mínima. Lo propio sucedió con el Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero que, a partir de los despidos, funciona con una sola trabajadora.
“Denunciamos al presidente Javier Milei, al ministro Mariano Cuneo Libarona y a la subsecretaria Claudia Barcia como responsables políticos y materiales de este vaciamiento y todas las consecuencias que puedan producirse por el cierre de este organismo”, plantearon al tiempo que revelaron que avanzarán por la vía judicial.
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