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El proyecto incluido en la nueva ley Bases tuvo 134 votos afirmativos, 117 negativos y una abstención.

El oficialismo logró este martes la aprobación de la delegación de facultades al presidente Javier Milei. El proyecto incluido en la nueva ley Bases tuvo 134 votos afirmativos, 117 negativos y una abstención. Sigue la maratónica sesión dones e discute capítulo por capítulo, con temas clave como la reforma del Estado, reforma laboral, privatizaciones, entre otros.

El proyecto declara «la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año» y además delega en el Poder Ejecutivo nacional «las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia».

La ley ómnibus incluye privatizaciones y cambios en el sistema previsional y laboral. También habrá modificaciones en impuestos como Ganancias y Bienes Personales.

La Cámara de Diputados iniciará este lunes una sesión que se prevé extensa y que se prolongaría hasta el martes, para debatir dos proyectos de ley que el Poder Ejecutivo considera decisivos para el programa de gobierno: la ley de Bases y el paquete fiscal. Ambas tuvieron dictamen de comisión la semana pasada y cuentan, a priori, con respaldo parlamentario suficiente para conseguir la media sanción.

Será la segunda vez que el oficialismo intentará aprobar en la cámara baja la ley ómnibus, tras el ensayo fracasado durante el verano, en sesiones extraordinarias, que terminaron con una aprobación en general pero en un naufragio al momento de los votos necesarios durante la discusión en particular. Tras varias semanas de renegociación, llegó al Congreso una segunda versión, más acotada, del mismo proyecto.

Ese mismo texto de ley experimentó, además, cambios en relación al primer borrador que hizo circular la Casa Rosada entre los gobernadores para conseguir su visto bueno y, por derrame, un posterior “poroteo” de votos favorable en el recinto. Además, adjuntó un paquete fiscal, con iniciativas variopintas en términos impositivos, que dotarán al fisco nacional y las provincias de mayores recursos. Fue esa, posiblemente, la llave para destrabar el tratamiento de la ley de Bases.

Punto por punto, qué se discutirá desde este lunes

La ley ómnibus introduce modificaciones a la legislación de una serie de aspectos, entre ellos cambios al régimen laboral -que aún así serán menores a los que preveía el proyecto en una primera instancia-, un listado acotado de empresas públicas sujetas a privatización, una nueva figura para el sistema previsional. Y, en el paquete fiscal, una buena cantidad de novedades en impuestos, junto con una amplia moratoria y un nuevo blanqueo de capitales.

-Sistema previsional:

La ley contempla la derogación de la moratoria previsional y crea la figura Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que cumplieron 65 años y que no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse.

Quienes se encuadren en esa figura cobrarán a partir de esa edad un haber mínimo equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), la cual es equivalente al 80% de la jubilación mínima ($260.141,60 contemplando el refuerzo) y no deja derecho a pensión por viudez. En mayo los beneficiarios de la PUAM cobrarán $222.113 divididos en $152.113 y $70.000 del bono que anunció el Gobierno.

Según la cantidad de años de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Ejecutivo deberá definir qué adicionales percibirán sobre ese piso.

-Reforma laboral:

Hasta último momento se discutió en comisiones la modificación laboral que propuso el oficialismo. El cambio quedó finalmente reducido a la extensión del período de prueba, el fondo de cese laboral optativo, a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones (de hasta 8% de las remuneraciones), y la derogación de multas por no registración laboral.

También fue borrado del texto original el artículo que establecía penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloquearan empresas en el marco de pujas salariales o laborales. La limpieza de los puntos más controvertidos desde la mirada de los gremios se dio a pedido de diputados como el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, que no quiso firmar un dictamen que tocara fibras sensibles para la CGT.

-Privatizaciones:

De la extensa lista de empresas con participación estatal que La Libertad Avanza buscaba dejar a tiro de privatización, finalmente solo un puñado de compañías quedaría en esas condiciones en caso de que avance la Ley de Bases.

Aerolíneas Argentinas, AYSA, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Ferrocarriles Argentinos y Corredores Viales son las que podrían ser privatizadas, mientras que otras dos como Nucleoléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio podrían ser parcialmente vendidas al sector privado.

La ausencia más llamativa es la del Banco Nación, uno de los caballitos de batalla del impulso privatizador de la Casa Rosada. En ese sentido, el ministro del Interior Guillermo Francos, aseguró que el Gobierno no abandonó la idea de permitir el ingreso de capitales extranjeros, y adelantó que la idea que tienen es el modelo del Banco de Brasil que, afirmó, impulsó Lula en su primer mandato como presidente.

“Hay varios sectores de la política argentina que consideran al Banco Nación como un estandarte de empresa pública. Nosotros no lo entendemos muy bien y es un debate que vamos a dar de todas maneras, no lo dejamos de lado”, dijo Francos.

-Régimen de inversiones:

La norma establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de inversión que superen los USD 200 millones. Además, impone una alícuota única del Impuesto a las Ganancias del 25%; la actualización de quebrantos por IPC en Ganancias; tratamientos tributarios preferenciales para las utilidades y dividendos; la contabilización del 100% del Impuesto a los Débitos y Créditos como pago a cuenta de Ganancias y la posibilidad de pagar el IVA a proveedores y a la AFIP con certificados de créditos fiscales.

Si bien cosechó apoyos en sectores empresarios, una de las cámaras que planteó objeciones fue la Unión Industrial Argentina. La entidad había advertido a los distintos bloques parlamentarios que la actual redacción del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) coloca a los proveedores locales en desventaja frente a los productos importados, toda vez que la importación no paga aranceles de ningún tipo mientras que los proveedores nacionales deben cumplir con todas sus obligaciones en materia arancelaria e impositivas. Por este motivo la UIA realizó propuestas al articulado para generar un esquema que permitan a las empresas argentinas convertirse en proveedores de calidad de los nuevos grandes proyectos.

Paquete fiscal

El proyecto adjunto establece numerosos cambios en el paisaje impositivo, con el regreso de la cuarta categoría de Ganancias, una baja de Bienes Personales a lo largo de los próximos años, una actualización de las escalas del monotributo, una amplia moratoria de deudas tributarias y un blanqueo de capitales.

-Ganancias:

En septiembre pasado se había eliminado la cuarta categoría de Ganancias, lo que eximía del pago del tributo a más de 800.000 contribuyentes. La ley sancionada por el Congresoelevaba el piso del mínimo no imponible para trabajadores y jubilados que perciban 15 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM) Además, estipula que los contribuyentes tributarán de acuerdo a la diferencia entre el haber y el mínimo establecido y las alícuotas irán del 27% al 35%, según el nivel de ingresos. Eso se revertirá si el Paquete Fiscal termina siendo aprobado por las dos cámaras.

Con el texto tal como quedó acordado en comisión, así quedan las 17 categorías contempladas. La más baja, con un salario bruto de hasta 1.800.000 pesos -que representa un a remuneración neta o “en mano” de hasta $1.494.000- queda eximida del tributo, lo que se suele llamar “el mínimo no imponible para empleados solteros”.

-Monotributo:

El proyecto el Gobierno supone una actualización de los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300 y 330 por ciento. El ingreso tope anual sería de $68 millones y elimina la diferenciación entre actividades (comercio y servicios) para estar en el régimen simplificado. También, subirían los montos de toda la escala y los importes a pagar.

Si se aprueba el proyecto, los monotributistas de la categoría A, de menores ingresos, podrían facturar hasta $6.450.000 anuales. Para aquellos que se encuentren en la categoría K, la más alta, el monto asciende a 68 millones de pesos.

Además, habría un aumento en importes que pagan mensualmente los monotributistas en concepto del impuesto integrado, y de los aportes al régimen jubilatorio y a la obra social. Asimismo, se fija en $385.000 el precio unitario de facturación tanto para quienes ofrezcan servicios como para quienes vendan productos. Y se establece una actualización anual por inflación.

-Bienes Personales:

Entre los principales cambios que el gobierno busca hacer para bienes personales se encuentra la eliminación del tratamiento de alícuotas diferenciales según la localización de los bienes (en el país y en el exterior).

También, de acuerdo al informe del estudio de Lisicki, Litvin & Asociados, se propone la modificación de las escalas progresivas del impuesto a partir del período fiscal 2023, con una alícuota inicial del 0,50% y hasta el 1,50%,eliminándose el último tramo de la escala por cada período, hasta llegar finalmente al período fiscal 2027 con una alícuota única de 0,25%”. A su vez, “las escalas serán actualizadas anualmente según IPC.

Además, el proyecto propone un beneficio para Contribuyentes Cumplidores,es decir, aquellos que hayan cumplido con la totalidad de sus obligaciones respecto de Bienes Personales para los períodos fiscales 2020 a 2022 tendrán una reducción del 0,25% en la alícuota para los períodos 2023, 2024, 2025 y 2026. No obstante, cabe destacar que si el contribuyente se adhiriera al régimen de regularización de activos no podría ser categorizado como Contribuyente cumplidor.

Los nuevos valores para el período fiscal 2023 serían:

• Mínimo no imponible: $100.000.000 (en la actualidad es de $27,3 millones)
• Mínimo para casa-habitación: $350.000.000

En cuanto a la escala, “se plantea un régimen individual y voluntario que comprende el ingreso por adelantado del Impuesto sobre los Bienes Personales (ISBP) y todo otro tributo patrimonial (cualquiera fuese su denominación) que pueda complementar o reemplazar el ISBP para los períodos 2024 a 2027″, indicó el informe.

-Moratoria:

Este artículo implica el pago voluntario de diversas obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, y prevé una duración de 150 días corridos a partir de la fecha de entrada en vigencia. Habrá distintos beneficios según la modalidad de adhesión y según qué tipo de deuda vaya a declararse.

Los pagos adeudados que no podrán ser incluidos son los aportes a obras sociales, a las aseguradoras de riesgo de trabajo y los aportes y contribuciones a la Seguridad Social de personal de casas particulares.

El proyecto establece el esquema de pago para los casos que opten por regularizar sus obligaciones mediante un esquema de facilidades de pago, y la condonación del 100% de las multas aplicadas.

“El proyecto de ley prevé una condonación del 30% de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de consolidación original, y la regularización a través de los tres primeros esquemas previstos, con la correspondiente condonación de intereses para aquellos devengados a partir de la fecha original de consolidación. También se aplica en estos casos el beneficio de la condonación del 100% de las multas aplicadas”, indicó un informe de la OPC.

-Blanqueo:

El blanqueo establece que por activos de hasta USD 100.000 no se aplicará ninguna alícuota, es decir, el blanqueo sería sin costo hasta ese monto. Para aquellos montos que superen los USD 100.000, el proyecto propone alícuotas progresivas del 5%, 10% y 15%, dependiendo del momento en que los contribuyentes decidan adherirse al régimen. Estas tasas variarán en tres etapas específicas, diseñadas para fomentar una pronta adhesión.

También, bajo ciertas condiciones, se podrá pagar alícuota 0% blanqueando montos mayores a USD 100.000. Para ello, habrá que dejar depositado el dinero exteriorizado en una cuenta bancaria especial y dejando el dinero inmóvil hasta el 31 de diciembre de 2015.

En el caso de tratarse bienes en Argentina, se debe declarar:

• Dinero en efectivo, ya sea en pesos o en dólares.
• Inmuebles. Se debe considerar su valor de adquisición, su valor fiscal o su valor mínimo (el que sea superior).
• Acciones, cuotas y participación en sociedades, derechos de beneficiarios de fideicomisos o cuotapartes de fondos comunes de inversión.
• Títulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotas partes de fondos y otros similares, que coticen en bolsas o mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores.
• Créditos de cualquier tipo o naturaleza.
• Derechos y otros bienes intangibles no incluidos en incisos anteriores

En caso de tratarse de bienes en el exterior, debe declararse:

• Dinero en efectivo o depositado en cuentas bancarias.
• Inmuebles
• Acciones, cuotas y cualquier tipo de derecho de participación en sociedades, corporaciones, entes o vehículos de cualquier naturaleza y los derechos de beneficiarios de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares.
• Títulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotas partes de fondos y otros similares, que coticen en bolsas o mercados del exterior.
• Otros bienes muebles de cualquier tipo ubicados fuera de Argentina.
• Créditos de cualquier tipo o naturaleza, cuando el deudor de dichos créditos no sea un residente argentino bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
• Derechos y otros bienes intangibles no incluidos en incisos anteriores.
• Criptomonedas, criptoactivos y otros bienes similares, sin importar quien ha sido su emisor, quien es su titular o donde estuvieran depositadas, custodiadas o guardadas.

Infobae

La Argentina adquirió 24 aviones de caza F-16 (16 monoplazas y 8 biplazas), más componentes y servicios, por los que pagó u$s301.200.000 a Dinamarca. El monto se cancelará en 5 cuotas a cargo del presupuesto de Defensa.

El Gobierno, mediante el Ministerio de Defensa, confirmó el pago de más de u$s300 millones para la compra de los aviones F-16 a Dinamarca, y también concretó otra adquisición de la cual no dio detalles dado que declaró «secreto militar». Ambas medidas están hoy publicadas en el Boletín Oficial.

La Argentina adquirió 24 aviones de caza F-16 (16 monoplazas y 8 biplazas), más componentes y servicios, por los que pagó u$s301.200.000 a Dinamarca. El monto se cancelará en 5 cuotas a cargo del presupuesto de Defensa.

Las aeronaves pueden volar más de 860 kilómetros, a través de un sistema de control de vuelo fly-by-wire, mejor conocido como «pilotaje por mandos electrónicos», y cuentan con sistemas de posicionamiento global de alta precisión y sistemas de navegación inercial.

Según detallaron fuentes del Ministerio de Defensa, los aviones de origen norteamericano, diseñados en la década de 1970, tienen 9,8 metros de ancho, una longitud de 14,8 metros y una altura de 4,8 metros. Pesan 8.936 kilogramos y alcanzan una velocidad de 1500 mph (Mach 2 en altitud).

La agilidad y la capacidad de maniobra son algunas de sus características que los convierten en aeronaves efectiva en combate. Pueden cargar hasta dos bombas de 2000 libras, dos AIM-9, dos AIM-120 y dos tanques externos de combustible de 2400 libras.

El sistema F-16 adquiridos en Dinamarca incluye unidades monoplaza, biplazas para el entrenamiento avanzado de pilotos, armamento y equipo de apoyo.

El acuerdo incluye la entrega de cuatro simuladores de vuelo, ocho motores y se garantizarán los repuestos para las aeronaves durante cinco años. Además, el contrato prevé la capacitación de los pilotos y los mecánicos que trabajarán en este sistema de armas.

Por otro lado, mediante el Decreto 370/2024, el presidente de la Nación, Javier Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri, declararon «secreto militar» en los términos del vigente Decreto N° 9390/63 «a la operación contractual que tramita bajo el Expediente N° EX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA».

La norma difundida hoy por el gobierno nacional señala en su fundamentación que «una vez declarado el secreto militar de la referida operación contractual, el organismo contratante deberá seguir el trámite pertinente, estando exceptuado del cumplimiento de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de todas las actuaciones del proceso».

Ámbito