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Por 134 votos a favor y 121 en contra, se convalidó el artículo que también establece la emergencia en materia administrativa, financiera, tarifaria, energética y de seguridad. 

La Cámara de Diputados aprobó por 134 a 121 votos el artículo primero de la ley «Bases» que establece la declaración de emergencia en las materias económicas, administrativa, financiera, tarifaria, energética y de seguridad.

Posteriormente, el plenario legislativo aprobó por 140 a 115 el artículo que establece las bases de esa emergencia pública, para luego comenzar a debatir el capitulo que se refiere a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo.

La Cámara Baja retomó a las 14.30 de este martes la sesión especial en la que busca aprobar en particular el articulado de la denominada Ley de Bases enviada por el presidente Javier Milei, que recibió el viernes el respaldo en la votación en general de 144 diputados contra 109.

La sesión se reinició tras el cuarto intermedio al que se pasó el viernes por lo que no requería del quórum reglamentario y en el primer tramo, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio lugar a planteos de los diputados sobre cuestiones de privilegio.

Los primeros planteos provinieron del bloque de la Izquierda, donde los diputados Nicolás Del Caño y Romina del Plá cuestionaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el operativo desplegado durante las manifestaciones en contra de la ley registradas la semana pasada.

Luego, fue el turno de las cuestiones de privilegio, oportunidad en la que el diputado nacional Pablo Carro, de Unión por la Patria por Córdoba, rechazo la decisión de intervenir los medios públicos adoptada por el Gobierno nacional en los últimos días.

Cuando se comenzó a tratar en particular la Ley «Bases», se llegó a un acuerdo para que el proyecto sea debatido por capítulos y para que cada orador tenga tres minutos por discurso.

Télam

El magistrado resolvió «rechazar la acción intentada» por el CECIM (Centro de ExCombatientes de Islas Malvinas) y dejó «sin efecto la medida cautelar» con la que su par de La Plata suspendió días atrás el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia.

El juez federal Alberto Recondo dejó este lunes sin efecto la medida cautelar que suspendió la derogación de la Ley de Tierras establecida en el DNU 2023/70 a raíz un pedido del Centro de ExCombatientes de Islas Malvinas La Plata (CECIM), ya que el magistrado no le dio a esa entidad «legitimación» para solicitar la anulación de ese tramo de la medida del Gobierno de Javier Milei.

«La calidad alegada es insuficiente para constituir al Centro peticionante en la condición de parte legitimada, por lo que corresponde el rechazo de la presente acción», indicó Recondo en su texto, luego de citar un caso de la Corte Suprema denominado causa «Cerámica San Lorenzo».

El magistrado a cargo del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal 4 resolvió «rechazar la acción intentada» por el CECIM y dejó «sin efecto la medida cautelar» con la que su par de La Plata, Ernesto Kreplak, suspendió días atrás el artículo 154 del DNU que derogaba la Ley de Tierras.

«Me veo obligado a señalar que no surge que el Centro actor se encuentre facultado para actuar en juicio en representación de la comunidad toda; tampoco ello surge de las atribuciones otorgadas a la Comisión Directiva, Presidente y Vicepresidente del mismo», argumentó Recondo.

Agregó que «por más amplia que resulte la interpretación que se atribuya a dicho estatuto, de los términos allí utilizados no puede extraerse que el CECIM pueda estar en juicio en defensa de los intereses de los habitantes de la Nación Argentina», según la resolución a la que accedió Télam.

Pese a su decisión, el juez ponderó el rol del Centro al asegurar que promueve en la comunidad de la ciudad de La Plata «valiosos fines», con los que mantienen «la memoria activa del conflicto bélico» y honran «a los héroes caídos en defensa de la República Argentina».

«Hago notar, tal vez en resguardo de mi propia conciencia, que fui conscripto en aquéllas épocas, y solo algunas circunstancias, de tiempo y lugar, hicieron que -como en otros casos- no fuera destinado al conflicto. Por ende, no estará demás decir que, honrar permanentemente la gloria de los caídos en las acciones bélicas del Atlántico Sur, es para el suscripto una consigna generacional indispensable en su memoria», sostuvo.

El CECIM promovió a fines de diciembre pasado una acción de amparo para declarar la inconstitucionalidad del DNU que «deroga la ley 26737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales (Ley de Tierras)» porque -argumentó- «pone en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional».

Sin embargo, el juez Recondo le dio la razón al Estado nacional, que había rechazado esa acción, al afirmar que ese organismo no estaba legitimado porque «carece de un interés concreto y personal que se encuentre afectado, lo que deriva en la ausencia de caso, siendo ello un requisito de admisibilidad necesario para la consecución de la acción intentada».

Entre algunos de los límites que estipulaba la ley derogada está «que las Tierras rurales extranjerizadas no superen el 15% de la superficie nacional, provincial o subprovincial»; que «una misma nacionalidad no supere el 4,5% de superficie a nivel nacional, provincial o subprovincial», y que «un mismo titular no tenga más de 1.000 hectáreas, o su equivalente».

Además, la ley «prohíbe la adquisición de tierras rurales que contengan o que limiten con cuerpos de agua de envergadura y permanentes».

La UTA y las cámaras empresarias habían alcanzado un principio de acuerdo el pasado viernes, que este lunes se terminó de cerrar.

La Unión de Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias cerraron su paritaria con un aumento del 17,25% para los dos primeros meses del año y una suma fija de $250.000 para enero y febrero.

“El ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, anuncia que hubo acuerdo paritario con la UTA», indicó la cartera que comanda Sandra Pettovello.

Y agregó: «Las partes sellaron el acuerdo de la Unión de Transportes Argentinos (UTA), con un incremento promedio del 17,25% para enero y febrero, y una suma fija de $250.000 para cada uno de los meses antes mencionados”.

La noticia se conoció un día antes del aumento de los pasajes de colectivo, que ahora costarán $270, mientras que el tren se fue a $130.

La UTA y las cámaras empresarias habían alcanzado un principio de acuerdo el pasado viernes, que este lunes se terminó de cerrar.

El reclamo inicial del gremio era del 27% en enero y el 33% en febrero.

NA