El ministro de Economía Luis Caputo confirmó este viernes que su cartera asumirá el area de Infraestructura tras la salida de Guillermo Ferraro. El ministerio a su cargó ahora contará también con las secretarías de transporte, obras públicas, energía, minería y comunicaciones.
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El presidente Javier Milei decidió realizar su primer cambio de Gabinete, a menos de dos meses de asumir. Le pidió la renuncia al titular de la cartera de Infraestructura, Guillermo Ferraro, al cual se lo hace responsable de “filtrar” información. “La decisión está tomada”, comento a Ámbito una alta fuente oficial.
En los pasillos de la Casa Rosada, cuando se conoció la decisión, comenzaron las especulaciones respecto quién podría ser el ministro. En este sentido, Ámbito pudo confirmar que el ministro que dejará su cargo, es Guillermo Ferraro, titular de la cartera de Infraestructura.
El Ministerio incluía transporte, obras públicas, minería y comunicaciones. Su última aparición había sido en la Cámara de Diputados para defender la ley ómnibus en lo que afecta a sus áreas. En esa instancia, el funcionario había prometido que durante el 2024 se terminarían «todas las obras que están en ejecución, priorizando las que están en mayor grado de avance», considerando que hay «más de 2.500 obras que estaban paralizadas por falta de pago”.
Ferraro proyectó en ese contexto que «de aprobarse la ley, durante este año se va a generar una corriente de inversión muy grande y esto, de alguna manera, va a inflexionar (sic) el rumbo que estamos tomando en materia de la economía del país». También, en esa oportunidad dijo que “en el país que imaginamos, a partir de dos o tres años se va a normalizar la macroeconomía y los derechos de exportación no deberían existir».
Pero, el problema no fueron sus declaraciones en el Parlamento sino las filtraciones de lo que se conversa en la confidencialidad de las reuniones de gabinete, comentan allegados al presidente.
Luego de la reunión de gabinete de este jueves, trascendió que el presidente se habría mostrado muy enojado con el proceder de los gobernadores (sin distinción de pertenencia política) y, fastidiado por la demora en la sanción de la Ley Base habría amenazado se lo vio especialmente enojado con los gobernadores «sin distinción partidaria» que los iba “a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos». Exabrupto que fue dicho en el marco de una reunión de trabajo.
Cabe señalar que Milei no tolera la falta de códigos como asimismo la mentira. “Estos temas lo sacan de sus casillas”. Prueba de ello es cuando utiliza las redes para desmentir información errónea.
El jueves, en su habitual conferencia, el vocero presidencial, Manuel Adorni en referencia a la salida de dos funcionarios de la superintendencia de Salud señaló que el reemplazo de funcionarios: «va a seguir ocurriendo en otro montón de casos más y no hay que sorprenderse por eso. Hay que acostumbrarse a que hay cosas que son diferentes en este gobierno”. Y, estas palabras hoy toman relevancia: “Repito: no se sorprendan si eso sigue ocurriendo en el gabinete o en el Ejecutivo nacional».
Javier Milei ratificó esta mañana la estrategia que habían empezado a desplegar desde ayer algunos de sus funcionarios de mayor confianza. En la reunión de Gabinete frente a sus ministros, asesores y representantes en el Congreso, el Presidente lanzó una dura frase contra los gobernadores que se muestran duros para prestar apoyo a la Ley Ómnibus que se trataría el martes en el recinto de la Cámara de Diputados. “Los voy a dejar sin un peso”, lanzó.
La expresión fue el resumen de la táctica confrontativa que adoptó el líder del Ejecutivo a medida que se embarran las negociaciones con la oposición en el ámbito legislativo. Y un respaldo a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y al vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, que ayer habían expresado sendas frases en el mismo sentido y fueron acusados por, supuestamente, amenazar a todos aquellos que no apoyan su medida.
El primero se había expresado ayer a través de X, rompiendo su usual bajo perfil. “El déficit cero no se negocia. Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el Presidente”, dijo. Y luego informó que había mantenido una reunión con su secretario de Hacienda y su subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que recortarían “inmediatamente si alguno de los artículos económicos fuera rechazado”.
“No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico”, aclaró.
Adorni había hablado en un sentido similar más temprano, en su habitual conferencia matutina desde la Casa Rosada: “Más allá de que no vemos razones para que el proyecto de ley bases no se termine transformando en ley, en caso de que eso no ocurra, es seguir con el ajuste de las cuentas públicas, no va a haber otro camino. El ajuste de las cuentas públicas va a incluir el análisis de todas y cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias, en todos los conceptos que se pueda ocurrir”, había adelantado.
Desde las provincias dejaron traslucir sus quejas y su preocupación por lo que, deslizaron, consideraban un tipo de extorsión de parte del Ejecutivo a pesar de que instruyeron a sus diputados para dar dictamen al proyecto “Bases”.
Las arremetidas del Gobierno ocurren porque no tiene los votos para la votación en el recinto, que tenía planeado celebrar hoy, jueves, o, a más tardar, el fin de semana. Sin embargo, debió postergarla para el martes que viene, y ni siquiera está asegurado el orden del día para entonces. El PRO, sectores del radicalismo, de Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal acompañaron con disidencias y no hay acuerdo aún para que salga el capítulo sobre retenciones, clave para alcanzar la meta fiscal que persiguen los libertarios.
El Gobierno considera que ya hizo todas las concesiones que podía al eliminar el aumento de retenciones al 15% para todas las economías regionales, y creía que los gobernadores y los bloques dialoguistas acompañarían la suba del 15% a las exportaciones industriales y el aumento de la alícuota para los derivados de soja, el trigo y el maíz, clave para incrementar la recaudación. Pero esta semana recibió la noticia de que había nuevas exigencias. Desde PRO como el bloque de Pichetto propusieron que no se toquen las exportaciones y que se avance, en cambio, sobre los 30 regímenes especiales que rigen, por ejemplo, industrias como la del champagne, los autos de lujo y la economía del conocimiento.
Infobae
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó «angustia» ante la amenaza del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, de « delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos de la Ley ‘Bases’ es rechazado».
El mandatario provincial afirmó que lo «angustia que desde el Gobierno central se pretenda quebrar una decisión» y consideró que el anuncio de Caputo va dirigido a Santa Fe.
«Creo que sí, nos habla a nosotros porque fuimos el principal Gobierno que se plantó ante un tema que entendíamos que era injusto para la provincia de Santa Fe y son las retenciones a las exportaciones agropecuarias y los gravámenes a las exportaciones industriales», advirtió, aludido, Pullaro.
«Santa Fe es industria y campo», dijo Pullaro. Dentro de ese parámetro, para el gobernador santafesino cualquier decisión que vaya en una dirección contraria a esos principios está destinada «a romper el contrato social de defender a la provincia».
«Entonces, la verdad es que me angustia su amenaza, pero yo nunca me voy a poner del lado del Gobierno central porque pretendan subordinarnos con la billetera. Vamos a defender la producción de la provincia de Santa Fe y si Caputo piensa de esa manera, nosotros vamos a trabajar para hacerle entender que es un error aumentar las retenciones al campo y a la industria», subrayó. Para Pullaro, con medidas de ese tipo, lo que se va a lograr «es que se pierdan puestos de trabajo y se afecte el crecimiento económico en el interior de Argentina».
«Que desde Buenos Aires miren mucho más al interior. El interior es gente de trabajo que se esfuerza todos los días. Nosotros no vivimos de la coparticipación. Eso es Santa Fe», concluyó.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, aseguró este jueves que «el Gobierno nacional accedió mayoritariamente a los pedidos» de la provincia en el proyecto de ley «Bases» que se analiza en la Cámara de Diputados, y respaldó al diputado nacional por esa provincia, Agustín Fernández, por firmar el dictamen de mayoría para tratar la iniciativa.
«Mayoritariamente, el Gobierno accedió a los pedidos de Tucumán y de los diferentes sectores de la producción, a tal punto que estaba todo escrito en el dictamen de mayoría, con 57 votos, lo que habilita a una sesión en el Congreso de la Nación», dijo Jaldo.
El gobernador ofreció este jueves una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno local acompañado, entre otros, por el vicegobernador, Miguel Acevedo; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; y los diputados nacionales Agustín Fernández y Elia Fernández de Mansilla, quienes ayer abandonaron el bloque de Unión por la Patria (UxP) y armaron una bancada aparte.
«Desde el primer día en el que nos enteramos que se habían incluido artículos que tienen que ver con las economías regionales, nos pusimos a trabajar en discusiones, ya que el proyecto iba a impactar negativamente en las principales actividades, como la citrícola, o el artículo 59 que dejaba sin efecto la Ley del Azúcar», contó el gobernador.
Y añadió que «a partir de las negociaciones que vinimos haciendo con las autoridades nacionales hemos tenido una respuesta positiva en cuanto a esas problemáticas».
Sin embargo, indicó que en el tema del bioetanol «faltan retoques para que se pueda cumplir con el acuerdo de los cañeros».
Jaldo también justificó la decisión del diputado Fernández, de respaldar con su firma el dictamen de mayoría de la ley de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» y expresó «los diputados debían tomar decisiones».
El mandatario consideró que la firma del diputado tucumano a ese texto «obedeció a que en el dictamen de mayoría se sacó el artículo 59 que eliminaba la Ley del Azúcar, se bajaron las retenciones a la actividad citrícola y hubo un avance importante del bioetanol».
Y destacó que en el dictamen «no solo estuvo la firma del parlamentario del bloque de Unión por la Patria (UxP), sino también de los diputados por Tucumán de otros espacios políticos, en apoyo a las economías regionales, esto va más allá de la política partidaria, de las divisiones que podamos tener en lo personal y político».
Además se refirió a los «cuestionamientos malintencionados, que tienen que ver más con la política que con lo institucional» por el respaldo de Fernández y sostuvo que «lo eligieron para gobernar para todos los tucumanos, sin excepción, no solo para atender la cuestión pública, sino para que el Estado trabaje en conjunto con la actividad privada».
«Hoy hemos demostrado con creces, que el Gobierno se puso al frente de las problemáticas de las actividades más importantes de la provincia de Tucumán, con resultados mayoritariamente exitosos», concluyó.
Télam
El Gobierno pidió a líderes empresariales que den su apoyo al marco legal que impulsa para reformar la economía y ratificó la necesidad de avanzar hacia la meta del «déficit cero».
La reunión se llevó a cabo en la Casa Rosada y fue encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, ocasión en la que las autoridades dialogaron con representantes de cámaras agrarias, industriales y de servicios para analizar el proyecto de Ley Bases y el DNU 70/2024.
Caputo estuvo acompañado por el secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini; su par de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y la Bioeconomía, Juan Pazo; de Trabajo, Omar Yasin; el titular de la Unidad Transitoria para la Desregulación de la Economía, Federico Sturzenegger; y el asesor Shunko Rojas; informaron fuentes de Presidencia.
Durante el encuentro, los funcionarios y las autoridades empresarias dialogaron «sobre el rumbo del país y coincidieron en la importancia de que se alcance el déficit cero», dijeron los informantes.
En este sentido, el Gobierno convocó a los empresarios a respaldar el proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el DNU para la desregulación de la economía, al sostener que permitirán que en el mediano y largo plazo crezcan exponencialmente todos los sectores y se genere empleo genuino.
«Está claro que creemos en la libertad y a medida que vayamos teniendo resultados, todo el esfuerzo inicial va a significar una baja de impuestos», señaló Caputo durante el encuentro, tras lo cual remarcó que «la mitad del déficit está en las provincias» y que estas «tienen que entender que deben ser parte de la solución».
Por su parte, Pazo recordó que en los primeros días de la nueva administración se eliminaron las licencias de exportación, los cupos, y las SIRAs.
Además, se refirió a la decisión del Gobierno de avanzar en la derogación de regulaciones en el comercio que implicaban tiempo y dinero para las pymes.
En tanto, los representantes de las cámaras destacaron la buena predisposición y la apertura al diálogo de parte del Gobierno y coincidieron en que se debía avanzar en el programa de emergencia económica.
Finalmente, se dialogó sobre la situación particular de cada sector en materia impositiva, comercio y costos laborales, entre otros.
Por el sector privado participaron el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González; y sus pares de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Grinman; de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), Claudio Ipolitti; de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; de la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi), Pablo Fiuza; de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni;
También fueron de la partida el titular de Confederación Rural Argentina (CRA), Carlos Castagnani; de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), Martín Berrade; y de la Comisión Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), Daniel Dessein; el secretario de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Mario Raiter; y su par de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Eloisa Frederking; y el coordinador General del Consejo Agroindustrial Argentino, José Carlos Martins.
Télam
En el marco del paro nacional que convocado este miércoles por la CGT justamente contra las medidas del Gobierno de Javier Milei, senadores de Unión por la Patria pidieron al Senado una sesión extraordinaria para tratar el mega DNU.
De acuerdo con C5N, el peronismo pidió sesión una sesión especial, con una nota dirigida a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para el primero de febrero para poner en consideración el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei.
Una jueza del fuero laboral declaró este miércoles la invalidez de seis artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica del gobierno de Javier Milei, informaron fuentes judiciales.
La decisión fue adoptada por la jueza laboral de feria Liliana Rodríguez Fernández.
La magistrada hizo «parcialmente lugar a la acción de amparo» de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional, que este miércoles fue a la huelga nacional contra el DNU y el proyecto de Ley Bases.
La magistrada resolvió “declarar la invalidez de los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97” del DNU 70/2023, aunque aclaró que “gozará de validez formal en el caso de ratificación por ambas Cámaras dentro del período de las sesiones extraordinarias en curso, o su vigencia cesará de pleno derecho en caso contrario”.
La jueza laboral de feria acotó su decisión a aquellos artículos del DNU que, según su consideración, afectan “de modo directo” los intereses de la CGT por afectar derechos colectivos de los trabajadores, según explicaron a Télam fuentes judiciales.
“El artículo 73, que modifica las condiciones de retención de la cuota sindical; el artículo 79, que establece reglas para la negociación colectiva; el artículo 86, que modifica la vigencia de las cláusulas obligacionales; los artículos 87 y 88, que incorporan a su vez los artículos 20 bis y 20 ter a la ley 23551; y el artículo 97, que regula los servicios esenciales en el marco de conflictos colectivos”, resumió la jueza en su resolución de 10 páginas.
“Tal como lo he sostenido en ocasión de analizar la constitucionalidad de normas anteriores (entre otras, los DNU 699/2019 y 761/2020, en los que me pronuncié por su invalidez), una objeción determinante estaría dada por la circunstancia de que el Congreso se encontrara funcionando. Y el Congreso, en este caso, se encuentra funcionando”, explicó.
“Es más, no sólo se encuentra funcionado, sino que ha sido el propio Poder Ejecutivo quien incorporó en la discusión de las sesiones extraordinarias la cuestión de la ratificación del DNU 70/2023 (ver el ya mencionado artículo 654 del Proyecto de Ley de ‘Bases…’). Si bien este argumento es suficiente para invalidar las normas mencionadas, tampoco puede pasarse por alto que la necesidad y la urgencia de la reforma no aparece debidamente justificada”, continuó la jueza.
Tampoco “puede presumirse (la supuesta necesidad y urgencia) a partir de analizar la correlación entre las dificultades económicas que se describen (por todos conocidas) y la posibilidad de conjurarlas con el conjunto de las normas contenidas en el Título IV”, se explayó.
“Normas vinculadas al concepto de ‘situación legal de desempleo’, al modo en que se confeccionan los recibos de sueldo, o a las modificaciones sobre presunciones o carga de la prueba no parecen a simple vista tener impacto alguno en los problemas macroeconómicos que el propio decreto invoca”, señaló la jueza.
En ese punto, la magistrada aclaró: “No abro juicio de valor sobre la eventual necesidad de alguna de las reformas propuestas, pero claramente no se configura la urgencia invocada en el caso de todas ellas”.
“He de reiterar, para ser precisa sobre los fundamentos de esta decisión, que no analizo aquí la conveniencia o la inconveniencia económica o social de la reforma (aspecto en principio ajeno al control judicial), las ventajas o las desventajas en el nivel de empleo o en el impulso de la economía que podrían derivar de su sanción y, menos todavía, mis propias preferencias, juicios de valor o criterios individuales en relación con todas las normas involucradas”, explicó la jueza.
“Con independencia de cualquier análisis sobre el contenido normativo del DNU 70/2023 no se han cumplido aquí los recaudos constitucionales para que tal instrumento pueda ser considerado válido», remató.
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