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Tras conseguir el dictamen en la madrugada de hoy, el oficialismo tenía previsto iniciar el debate en el recinto de la Cámara baja mañana jueves. 

El Gobierno pospuso el tratamiento de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados para el próximo martes, según pudo saber Noticias Argentinas de fuentes oficiales. 

Tras conseguir el dictamen en la madrugada de hoy, el oficialismo tenía previsto iniciar el debate en el recinto de la Cámara baja mañana jueves. 

Según pudo reconstruir NA, la modificación en el calendario fue luego de un pedido de los diputados dialoguistas al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

La Libertad Avanza y los representantes del PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal llegaron a un acuerdo y firmaron un dictamen de mayoría con disidencias para la ley ómnibus del Gobierno, primera y principal apuesta jurídica-política del presidente Javier Milei.

Tras una jornada de intensísimas negociaciones, cerca de la 1.30 de este miércoles el plenario de tres comisiones de la Cámara baja que estudió el texto logró el número para el despacho.

Finalmente, el dictamen de mayoría de la Ley de Bases cosechó 55 firmas, 34 de las cuales marcaron sus disidencias. Según supo esta Agencia, se anotaron otros cuatro dictámenes de minoría, uno de ellos de 45 firmas correspondiente a Unión por la Patria.

Mientras los legisladores expresaban sus rechazos y apoyos a la norma en el salón central del anexo C de Diputados, en el despacho de Menem se terminó de pulir el articulado final hasta la madrugada.

En esas negociaciones estuvieron las diputadas del PRO María Eugenia Vidal y Silvia Lospennatto, parte del bloque que junto a la UCR y Hacemos Coalición Federal acompañaron con algunas disidencias el dictamen de la mayoría.

Esas firmas dejaron a la ley ómnibus en condiciones de llegar al recinto el próximo jueves, paso clave para el objetivo final del Poder Ejecutivo.

Por los intercambios que se dieron a lo largo de toda la jornada, el plenario de comisiones que estaba convocado para las 18 debió correrse primero para las 20:30 y luego para las 21, ya que los diálogos frenéticos se dieron entre diputados, gobernadores y referentes del gobierno nacional no llegaban a una conclusión.

Según pudo reconstruir NA, las divergencias internas más notorias se plasmaban dentro de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), que encabeza Rodrigo De Loredo.

Apoyado en el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el cordobés marcó el artículo que grava impositivamente a las retenciones de las economías regionales como un retroceso al «kirchnerismo».

Dentro de ese espacio, el bonaerense Facundo Manes rechazó el proyecto en general y dijo que solo logrará «empobrecer aún más» a los argentinos.

Por el bloque Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto, se daría libertad de acción a la hora de la votación y, por ejemplo, la Coalición Cívica presentará un dictamen propio por no estar de acuerdo con puntos clave de la ley.

«Esperamos que las respuestas que le han dado a los gobernadores estén receptadas en el dictamen. Tenemos una visión receptiva de no poner palos en la rueda», resaltó Pichetto en declaraciones a la prensa antes del plenario.

Durante el debate en comisión, el jefe de bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, ratificó que su espacio votará por el rechazo del dictamen y apuntó fuertemente contra algunas figuras del oficialismo, entre ellos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor Federico Sturzenegger.

«Desde el 2005 para acá no recuerdo una comisión que esté tratando un tema de esta envergadura y que se convoque para iniciar el debate política con deseo del oficialismo de dictaminar, que se junten a las 20.30 y que se arranque a las 21», se quejó.

Y agregó: «A expresión de nuestro bloque será de rechazo. Vamos a tener, más temprano que tarde, que otros diputados de otros bloques se van a dar cuenta de que es un error darle más facultades a este presidente (Javier Milei)».  

Mientras se cumple el paro nacional de actividades y se realizan movilizaciones en todo el país, el cosecretario general de la CGT rechazó el DNU y el proyecto de ley «Bases» que impulsa el gobierno. 

El cosecretario general de la CGT Héctor Daer reclamó este miércoles a los diputados nacionales que «no actúen agazapados en la oscuridad, miren al pueblo a la cara» y rechacen el DNU y la ley «Bases» promovidas por el Gobierno de Javier Milei, tras lo cual advirtió que desde la central obrera «vamos a seguir la lucha y no vamos a dar un paso atrás hasta que caigan» esas medidas.

Al hablar ante una multitud en la Plaza Congreso, en el marco del paro nacional y la marcha contra el Gobierno organizados por la CGT, Daer dijo que los planes de la administración Milei «destruyen los derechos individuales de los trabajadores, los derechos colectivos, los sindicatos y la libertad de acción sindical».

«Vamos a seguir la lucha hasta que lleguemos al éxito, hasta que caigan el DNU y la ley ómnibus; no vamos a dar un paso atrás, viva el pueblo argentino, viva el movimiento obrero, la patria no se vende!», enfatizó.

«Lo advertimos antes de las elecciones y nos decían que metíamos miedo a la sociedad, pero nos aumentaron todo: los alimentos, los combustibles y ahora nos dicen que no hay aumento para los jubilados», enfatizó.

En su crítica al Gobierno afirmó que «apuntan a todo lo popular» y ejemplificó que procuran «privatizar el deporte».

«Soy hincha de Huracán, pero quieren venir por los grandes clubes, por Boca, River, Independiente, Racing…Sepan que a los clubes también hay que defenderlos», sostuvo Daer y alertó que también «vienen por la ciencia y no les importa regalar las empresas que son fruto de los científicos argentinos; no les importa la educación; no les importan los compañeros del empleo público ni los docentes».

Al referirse a los diputados que discuten el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y el proyecto de ley «Bases», el líder del sindicato de la Sanidad les advirtió, dirigiéndose a los manifestantes: «Ahora les decimos que de acuerdo al mandato popular que miren a todos ustedes a a la cara, que nos miren a los ojos, que actúen en consecuencia, que no actúen en la oscuridad, agazapados, porque les dijeron que son coimeros».

«Cuando los llevan a discutir, cuando ponen todo sobre la mesa no se discute nada. Son 600 leyes (contenidas en los proyectos), cada diputado tiene cinco minutos en comisión y cinco minutos en el recinto», describió.

Daer destacó que «hoy vinieron acá la CGT, las CTA y todos los sindicatos y organizaciones obreras de nuestro país, los científicos, la cultura, el deporte, los inquillinos, los jubilados, los socialistas, los de izquierda, de la Unión Cívica y los radicales que no olvidan a (Hipólito) Yrigoyen ni a (Raúl) Alfonsín».

«Todos los que estamos acá más el acompañamiento de organizaciones internacionales, como el presidente de la Confederación Sindical de las Américas, junto con los que están en las provincias, en el mundo, reclamando frente a las embajadas», amplió.

Télam

Tras las argumentaciones donde expusieron referentes de la cultura, enmarcados por protestas y manifestaciones en las calles de trabajadores del arte y la cultura, la Ley Bases ingresó al Congreso con reformas en una «nueva versión».

El Gobierno envió al Congreso el texto reformado del proyecto de “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” donde da marcha atrás a la derogación del Fondo Nacional de las Artes (FNA) y del Instituto Nacional del Teatro (INT), entre otros puntos incluidos en el capítulo dedicado a la cultura, que se «rediseñó protegiendo los recursos del sector, pero preservando el objetivo de que los gastos administrativos no sean una carga excesiva», según se explicó en los fundamentos de la iniciativa.

Tras el plenario de comisiones de Diputados, donde expusieron referentes de la cultura, enmarcados por protestas y manifestaciones en las calles de trabajadores del arte y la cultura, la Ley Bases ingresó al Congreso con varias reformas: una «nueva versión» que «ha sabido recoger muchos de los puntos de la discusión», donde «la diferencia no es solo cuantitativa (se pasa de un proyecto con 664 artículos a uno de 523) sino cualitativa”, aclara la introducción del texto.

El nuevo texto -que incorpora gran parte del debate público» pero «mantiene las bases fundamentales de ampliación de libertades, libertad económica, reorganización administrativa, equilibrio presupuestario» y «fortalecimiento de la educación y la cultura»- plantea que el FNA pase a funcionar con directores ad-honorem y un límite de gastos del 20% de sus ingresos; que se reforme la categorización de filmes nacionales, restricciones financieras para el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Biblioteca Populares (Conabip).

«Es sano exponer los privilegios de unos pocos, es sano mover nuestro marco normativo hacia adelante modificando cosas que el tiempo había enquistado (…) es sano escuchar, corregir, aprender», dice el documento que incorpora medidas específicas para garantizar que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) promocione al cine nacional y mantenga intactos los alcances del Fondo de Fomento Cinematográfico.

En cuanto al Instituto Nacional de la Música (INAMU) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares CONABIP, «en pos de una gestión más eficiente», se establecen restricciones de gastos para el INAMU y la CONABIP. Limitar también los egresos al 20% de los ingresos de estas instituciones busca garantizar una utilización eficaz de los recursos disponibles, evitando excesos administrativos y priorizando el respaldo directo a la música y las bibliotecas populares.

Sobre el Instituto Nacional del Teatro, el proyecto propone la absorción de las funciones del INT por la Secretaría de Cultura, señalando un enfoque en la eficiencia administrativa. Sin embargo, esta decisión también abre la posibilidad de que el Instituto quede más supeditado a los vaivenes políticos, planteando desafíos adicionales para su funcionamiento futuro.

Las nuevas modificaciones al proyecto de ley reflejan una estrategia más cautelosa, donde se buscan reformas significativas sin descuidar la protección de instituciones fundamentales, pero que mantiene el espíritu de achicar el Estado. La propuesta se adapta a la complejidad del sector cultural argentino, reconociendo la necesidad de cambios, pero asegurando que estos no comprometan la estabilidad y la misión esencial de las instituciones culturales del país.

Entrando más en el orden preciso de los cambios, el proyecto redefine la categorización de películas nacionales. Ahora, se considerarán aquellas producidas por ciudadanos argentinos o con domicilio legal en el país, con participación predominante de equipos locales. Se introducen definiciones específicas para películas de corto y largo metraje, proporcionando claridad a la industria.

Además, se impone la obligatoriedad de obtener un certificado de exhibición del INCAA para todas las películas que deseen proyectarse, independientemente de su origen. Esta medida, acompañada por la exigencia de un certificado de libre deuda, refuerza los controles administrativos.

El cambio significativo de derogar un inciso en particular busca promover apertura y diversidad en la producción cinematográfica. Se establece un límite del 20% para los gastos internos del INCAA, equilibrando la eficiencia administrativa con la necesidad de recursos para el desarrollo del sector.

El compromiso del INCAA de subsidiar tanto películas de largometraje nacional como coproducciones se detalla con lineamientos específicos. Se incorpora un artículo que establece normas para reconocer la inversión al coproductor argentino en coproducciones internacionales, fomentando la colaboración global.

Numerosos artículos de la Ley N° 17.741 (Texto ordenado 2001) son derogados, marcando un cambio profundo en la regulación de la cinematografía argentina.

Se incorpora también un artículo que limita los egresos de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) al 20% de los recursos recibidos. Múltiples leyes y artículos de la Ley N° 26.522 son derogados, marcando un enfoque más restrictivo en los gastos de CONABIP y una transformación significativa en la regulación de los medios audiovisuales.

Adicionalmente, el proyecto incorpora ajustes para salvaguardar recursos y adaptarse a la realidad política. Se reducen las modificaciones propuestas para el INCAA, manteniendo la asignación específica y preservando los alcances del Fondo de Fomento Cinematográfico.

Las restricciones financieras se aplican al INAMU y la CONABIP, limitando sus gastos al 20% de los ingresos. El Instituto Nacional del Teatro experimenta una fusión de funciones con la Secretaría de Cultura, buscando eficiencia, aunque planteando desafíos políticos.

Estos cambios en el proyecto mantienen el espíritu inicial de la propuesta, con algunas concesiones a raíz de las resistencias de los sectores de la cultura. La propuesta intenta tranquilizar al sector, reconociendo la necesidad de cambios, pero asegurando que estos no afecten la misión esencial de la Ley de Bases, conocida como Ley Ómnibus. El impacto real dependerá de la implementación eficaz y la adaptación de los diversos sectores involucrados en la cultura argentina.

Télam