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La audiencia tuvo lugar luego de la que se realizó el viernes 26 de enero, en la que las distribuidoras metropolitanas Edenor y Edesur solicitaron incrementos que tendrían una incidencia promedio del 89% en el usuario final.

Las empresas transportadoras de energía eléctrica solicitaron este lunes una readecuación de ingresos de hasta el 255,7%, con una incidencia en la tarifa final de no más del 3,8%, además de reclamar un actualización mensual y automática y que no se incurran en demoras en los pagos que les realiza la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

Los pedidos fueron formulados en el marco de la segunda audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE), como paso previo a los ajustes tarifarios que tomará la Secretaría de Energía, que por su parte advirtió sobre subsidios que consideró «escandalosos» y un sistema de transporte que está «saturado».

La audiencia tuvo lugar luego de la que se realizó el viernes pasado, en la que las distribuidoras metropolitanas Edenor y Edesur solicitaron incrementos que tendrían una incidencia promedio del 89% en el usuario final.

A los aumentos en las etapas de distribución y transporte deben añadírsele los derivados de los recortes a los subsidios que el Estado otorga a la fase de generación y que la subsecretaria de Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, calificó como «escandalosos».

La funcionaria sostuvo que «el nivel de subsidios es escandaloso» y que en los últimos años «fueron del 65% al 89%» del Precio Estacional de la Energía (PEST), uno de los principales componentes de la tarifa final del servicio.

Luego de dar repaso a una situación de «agotamiento de un modelo que llegó a su fin», Beljansky advirtió que el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) «está saturado y hoy no permite evacuar toda la energía adicional, actúa como un cuello de botella», al no facilitar el transporte de nuevos emprendimientos de generación, en especial de energía eólica y solar.

Si bien el sistema de transporte es el que menos incidencia tiene en la tarifa final (1,5% o menos del total, según estimaciones de las diferentes compañías), su rol es decisivo para conectar la oferta (generación) con la demanda, en un país en el que ambos extremos se encuentran a distancias considerables.

Al respecto, tras recordar que la Argentina es el octavo país del mundo en cuanto a superficie, indicó que el 60% de la demanda se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el sur del Litoral, en tanto la generación se distribuye en varias regiones.

Al referirse al «cuello de botella» que implica el retraso relativo del transporte respecto tanto de la generación como de la demanda, indicó que el crecimiento del sistema no acompañó a ninguna de las dos variables y que «los mecanismos de ampliaciones y renovaciones del transporte han resultado insuficientes».

Asimismo, remarcó que «los transportistas perciben sus ingresos a través de pagos mensuales de Cammesa», pero que «la mayor parte de estos pagos no se han realizado en tiempo y forma».

Por otra parte, indicó que «los costos del transporte fueron trasladados sólo en forma parcial a los usuarios, lo que generó subsidios en este segmento» y que «el Estado nacional se encuentra quebrado y sin posibilidad de abordar el costo de inversión requerido en el sistema de transporte».

En ese sentido, resaltó la «necesidad de generar señales para que operadores puedan realizar nuevas inversiones» y que «el Estado está considerando instrumentos de iniciativa privada» para obras de interconexión regional.

Las ocho empresas que expusieron en la audiencia coincidieron en resaltar el retraso en la evolución de la remuneración de sus ingresos, que en los últimos cuatro años fue en promedio la mitad de la inflación y que derivó en la obsolescencia de las instalaciones y los recortes en una serie de inversiones.

Por tal razón, solicitaron una readecuación de ingresos previa a la aplicación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que deberá comenzar el 1° de enero de 2025.

Sobre los valores resultantes, que remarcaron no tienen en cuenta ampliaciones necesarias, reclamaron la aplicación de un índice de actualización mensual y automático, teniendo en cuenta que el plazo promedio de pago de Cammesa es de unos 60 días y, al respecto, también pidieron que esa compañía no incurra en demoras para esos desembolsos.

DETALLE POR EMPRESA

El detalle por empresa de las readecuaciones solicitadas y el porcentaje de aumento resultante es el siguiente:

Transener: $ 256.349 millones, equivalentes a un aumento del 209%, con una incidencia en la tarifa final de aproximadamente 3,1%.

Distrocuyo: $ 29.265 millones (249% y una incidencia cercana al 3,7%).

Transnea: $ 20.243,91 millones (114% y 1,7% de incidencia).

Transba: $ 122.920 millones (207% y 3,1% de incidencia).

Transpa: $ 28.818 millones (255,7% y 3,8% de incidencia).

Transnoa: $ 59.512,4 millones (207% y 3,1% de incidencia).

Transcomahue: no especificó montos ni porcentajes, pero aseguró que la incidencia en la tarifa del aumento requerido es del 0,5%.

Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN): no dio precisiones sobre montos ni porcentajes.

Télam

En la reunión de Gabinete de hoy, el Presidente ratificó la estrategia que empezaron a desplegar ayer Adorni y Caputo. La meta es lograr apoyos para aprobar la Ley Ómnibus.

Javier Milei ratificó esta mañana la estrategia que habían empezado a desplegar desde ayer algunos de sus funcionarios de mayor confianza. En la reunión de Gabinete frente a sus ministros, asesores y representantes en el Congreso, el Presidente lanzó una dura frase contra los gobernadores que se muestran duros para prestar apoyo a la Ley Ómnibus que se trataría el martes en el recinto de la Cámara de Diputados. “Los voy a dejar sin un peso”, lanzó.

La expresión fue el resumen de la táctica confrontativa que adoptó el líder del Ejecutivo a medida que se embarran las negociaciones con la oposición en el ámbito legislativo. Y un respaldo a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y al vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, que ayer habían expresado sendas frases en el mismo sentido y fueron acusados por, supuestamente, amenazar a todos aquellos que no apoyan su medida.

El primero se había expresado ayer a través de X, rompiendo su usual bajo perfil. “El déficit cero no se negocia. Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el Presidente”, dijo. Y luego informó que había mantenido una reunión con su secretario de Hacienda y su subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que recortarían “inmediatamente si alguno de los artículos económicos fuera rechazado”.

“No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico”, aclaró.

Adorni había hablado en un sentido similar más temprano, en su habitual conferencia matutina desde la Casa Rosada: “Más allá de que no vemos razones para que el proyecto de ley bases no se termine transformando en ley, en caso de que eso no ocurra, es seguir con el ajuste de las cuentas públicas, no va a haber otro camino. El ajuste de las cuentas públicas va a incluir el análisis de todas y cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias, en todos los conceptos que se pueda ocurrir”, había adelantado.

Desde las provincias dejaron traslucir sus quejas y su preocupación por lo que, deslizaron, consideraban un tipo de extorsión de parte del Ejecutivo a pesar de que instruyeron a sus diputados para dar dictamen al proyecto “Bases”.

Las arremetidas del Gobierno ocurren porque no tiene los votos para la votación en el recinto, que tenía planeado celebrar hoy, jueves, o, a más tardar, el fin de semana. Sin embargo, debió postergarla para el martes que viene, y ni siquiera está asegurado el orden del día para entonces. El PRO, sectores del radicalismo, de Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal acompañaron con disidencias y no hay acuerdo aún para que salga el capítulo sobre retenciones, clave para alcanzar la meta fiscal que persiguen los libertarios.

El Gobierno considera que ya hizo todas las concesiones que podía al eliminar el aumento de retenciones al 15% para todas las economías regionales, y creía que los gobernadores y los bloques dialoguistas acompañarían la suba del 15% a las exportaciones industriales y el aumento de la alícuota para los derivados de soja, el trigo y el maíz, clave para incrementar la recaudación. Pero esta semana recibió la noticia de que había nuevas exigencias. Desde PRO como el bloque de Pichetto propusieron que no se toquen las exportaciones y que se avance, en cambio, sobre los 30 regímenes especiales que rigen, por ejemplo, industrias como la del champagne, los autos de lujo y la economía del conocimiento.

Infobae