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Rodolfo Barra, en Diputados: «Si hay crisis económica no va a haber Constitución vigente»

by adminweb 9 enero 2024
Rodolfo Barra, Procurador del Tesoro y principal referencia judicial del Gobierno, construyó un marco teórico para las reformas que propone el oficialismo.
Télam

En el marco del debate de la ley ómnibus en las comisiones de la Cámara de Diputados, una serie de funcionarios del Gobierno se hicieron presentes para explicar y defender los lineamientos de las reformas del oficialismo. Uno de ellos fue el Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, quien se refirió a los fundamentos legales del paquete de medidas.

Luego de dar cuenta de la etimología de la definición de Estado y el proceso histórico de su concepción, Barra manifestó que «las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis también» y señaló «para defender los derechos constitucionales habría que permitir que la Constitución siguiera vigente: si hay crisis económica, señores, no va a haber Constitución vigente, si la crisis nos lleva a los extremos que podemos temer». «Esto ya lo vio Alberdi, no es un invento», remató.

El funcionario, quien representa el principal respaldo legal del Gobierno, analizó en la misma jornada que «el derecho, como la economía, es un sistema» y «si se quiere hacer un cambio integral hay que tocar todos los aspectos«. «Hay que actuar ahora cuando es más posible realizarlo», reconoció.

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Ecuador: gobierno declara estado de «conflicto armado interno» y moviliza a las FFAA

by adminweb 9 enero 2024
El presidente de Ecuador declaró el estado de excepción por 60 días.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó este martes un decreto que declara al país en estado de «conflicto armado interno» y ordena a las Fuerzas Armadas «ejecutar operaciones militares para neutralizar» el accionar de una veintena de bandas criminales, en medio de una nueva ola de violencia en las principales ciudades del país. El narco pone al recién asumido como presidente ante su primera crisis.

La decisión del mandatario se dio poco después de que hombres con fusiles y granadas incursionaron en los estudios de TC Televisión, el canal público de Guayaquil, en la costa ecuatoriana, y un día después de que decretara el estado de sitio por la fuga de la cárcel del jefe de una de las bandas criminales más grandes del país, identificado con el alias Fito, a los que se sumó luego otro escape del líder de otro grupo, así como otros hechos de violencia.

El Gobierno dispuso identificar a 22 grupos organizados como «organizaciones terroristas y actores estatales no beligerantes», dado el conflicto armado interno y ordena a las Fuerzas Armadas que ejecuten operaciones militares para «neutralizar» a estas organizaciones delictivas enumeradas. El Consejo de Seguridad puede actualizar el listado de grupos identificados terroristas.

Pasadas las 14:45 (16:45 de Argentina) miembros de la Policía ingresaron a la señal de televisión de TC Televisión, rescataron al personal de la emisora y detuvieron a algunos miembros del grupo armado que protagonizó la toma.

Hace dos días que el país sudamericano comenzó a sufrir el estallido de violencia. Siete policías fueron secuestrados en medio del estado de excepción ordenado por el gobierno, el lunes.

«Son días sumamente difíciles porque (…) la decisión importante es enfrentar estas amenazas con características terroristas de manera frontal», aseguró el secretario de Comunicación del gobierno, Roberto Izurieta, en una entrevista con el canal digital Visionarias.

Fugas de la cárcel, detonante de la crisis

La fuga de una cárcel de Adolfo Macías, alias «Fito», jefe de la principal banda criminal conocida como Los Choneros, detonó la crisis el pasado domingo.

El martes, las autoridades informaron de la huida de otro líder narco, Fabricio Colón Pico, uno de los dirigentes de Los Lobos, detenido el viernes por el delito de secuestro y su presunta responsabilidad en un plan para asesinar a la fiscal general.

Además, según las autoridades, siete policías fueron secuestrados en Machala (suroeste), Quito y en la Provincia de Los Ríos (suroeste). También se registraron explosiones contra una estación policial, la vivienda del presidente de la Corte Nacional y vehículos incendiados. Hasta el momento, no hay reportes de muertos ni heridos.

De qué se trata el estado de excepción

El estado de excepción rige por 60 días en todo el país, incluidas las cárceles. La medida incluye un toque de queda de seis horas, entre las 23 y 05 locales (04 y 10 GMT).

En un video no verificado difundido en redes sociales aparecen tres agentes sentados en el piso. Uno de ellos es obligado a leer un mensaje dirigido al presidente: «Declaraste la guerra y guerra vas a tener (…) Declaraste estado de excepción; nosotros declaramos botín de guerra a policías, civiles y militares. Cualquier persona que se encuentre en las calles a partir de las once de la noche será ejecutado«.

Noboa, de 36 años, es el presidente más joven de Ecuador y llegó al poder con la promesa de atacar con mano dura a los grupos narcos, vinculados a carteles colombianos y mexicanos.

La declaración del estado de emergencia permite a las Fuerzas Armadas intervenir en el sistema penitenciario, en el que el lunes se registró la retención de una cantidad indeterminada de guardias, sin que el organismo que lo administra (SNAI) indicara si fueron liberados.

«Nosotros no vamos a negociar con terroristas ni descansaremos hasta devolverles la paz a los ecuatorianos», advirtió Noboa en un video a través de su cuenta de Instagram. El gobernante atribuyó la arremetida en las cárceles como una represalia por sus acciones para «recuperar el control» oficial de los reclusorios.

Noboa anunció la semana pasada que construirá dos prisiones de máxima seguridad en las provincias de Pastaza (este) y Santa Elena (suroeste), al estilo de las instauradas por el presidente de El Salvador Nayib Bukele en su guerra contra las pandillas.

Continúa la búsqueda del narco »Fito»

Policías y militares buscan desde el domingo a Fito, quien cumplía una pena de 34 años en la cárcel Regional de Guayaquil (suroeste) por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Los Choneros se disputan con una veintena de bandas las rutas del tráfico de drogas en una guerra que desangra al país.

La Fiscalía imputó cargos contra dos funcionarios penitenciarios por su presunta responsabilidad en la fuga del criminal de 44 años, quien obtuvo el título de abogado en prisión.

Secuestros y violencia

Los secuestros de policías se sumaron a actos violentos en la costera Esmeraldas (noroeste y cerca de la frontera con Colombia), una de las provincias ecuatorianas controladas por mafias.

Varios personas arrojaron un artefacto explosivo cerca de una estación policial y dos vehículos fueron quemados en otros lugares, sin dejar víctimas.

En Quito también se reportó el estallido de un auto y la explosión de un artefacto cerca de un puente peatonal. Su alcalde, Pabel Muñoz, pidió al Ejecutivo la «militarización» de instalaciones estratégicas ante la «crisis de seguridad sin precedentes».

Ubicado en medio de Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador pasó de ser una isla de paz a un fortín de guerra del narco. El 2023 cerró con más de 7.800 homicidios y 220 toneladas de droga incautadas, nuevos récords en la nación de 17 millones de habitantes.

Desde 2021, los choques entre presos dejaron más de 460 muertos. Además, los homicidios en las calles entre 2018 y 2023 crecieron en casi 800%, al pasar de 6 a 46 por cada 100.000 habitantes.

Ámbito

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Ley ómnibus en el Congreso: arrancó el debate con la presencia de funcionarios del Gobierno

by adminweb 9 enero 2024
Por el momento, el Gobierno se mantiene intransigente en su postura de no negociar la letra de la ley, ni dividir su contenido como le propone la oposición.
Ignacio Petunchi

El proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida por la Libertad de los Argentinos, también conocida como ley ómnibus, comenzó a ser debatido en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados con la presencia de un ministro (Mariano Cúneo Libarona, de Justicia) y funcionarios de la primera plana del Gobierno, que defenderán la iniciativa que aplica severas reformas de desregulación económica y reforma del Estado.

El presidente de la comisión de Legislación General (cabecera del debate), Gabriel Bornoroni, abrió el plenario minutos después de las 14.30. Para este martes, estaba confirmada la exposición del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Sin embargo, el titular de la cartera energética sostuvo que no se desarrollarían las reformas de ese sector en la jornada y Cúneo Libarona participó recién en la segunda parte del debate. En contraposición, participaron el vicejefe de Gabinete José Rolandi y el procurador Rodolfo Barra. Además, se indicó que todas las preguntas que el Gobierno pidió que se manden por escrito, se responderán por la misma vía en la jornada del miércoles.

A pesar de ello, el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo comenzó exponiendo sobre los fundamentos del proyectos y la declaración de la Emergencia Pública. «Bajo ningún punto de vista se está tratando de cerrar el Congreso», indicó.

Por su parte, Barra acotó que «las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis también. […] Para defender los derechos constitucionales habría que permitir que la Constitución siguiera vigente: si hay crisis económica, señores, no va a haber Constitución vigente«.

Otros funcionarios de alto rango que podrían concurrir el miércoles, según pudo averiguar NA de fuentes de la presidencia de Diputados, son Guillermo Francos (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad), Guillermo Ferraro (Infraestructura), y Florencia Misrahi (AFIP). Se espera que el jueves asista la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que asistirá junto a su equipo de secretarios de Estado. Cada funcionario disertará y responderá por tres horas cada uno.

Ley ómnibus: qué dijeron los diputados de la oposición

El titular de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, fue el primer locutor. «Tenemos que profundizar los temas, si tienen que ser más días bienvenidos sean», definió el legislador y reclamó la presencia de todo el Gabinete de Javier Milei.

Esa posición se reiteró cuando tomaron la palabra Myriam Bregman (Frente de Izquierda) y Rodrigo de Loredo (UCR), quienes solicitaron que se constituyan mayor cantidad de comisiones que puedan abarcar las discusiones pertinentes a todas las reformas que propone la ley ómnibus. «Estamos profundamente influenciados por un interrogante: ¿Estamos siendo usados por una estrategia que no tiene nada que ver con el futuro inmediato y las necesidades del país?«, preguntó el presidente del bloque radical.

Otras de las coincidencias fue el pedido de legisladores de que el oficialismo detenga sus expresiones contra los representantes parlamentarios. En ese sentido, la diputada Danya Tavela (UCR) se refirió a Manuel Adorni que «en estos más de 600 artículos poco hay sobre el plan de estabilización monetaria, que sería indispensable para que el dólar no suba. El vocero presidencial se encuentra obligado a acusar a los diputados y senadores de semejante descalabro macroeconómico”. A su vez, Sergio Palazzo (UP) apuntó contra Javier Milei: “No tengo ninguna denuncia por coimas y a mí no me va a tratar de coimero ningún presidente de la Nación”.

Por su parte, las intervenciones de las diputadas del PRO solicitaron aclaraciones o reformas para la presentación de la ley. Silvia Lospennato, por ejemplo, pidió que la prórroga del estado de emergencia cuente con aprobación legislativo y no quede sujeta a criterio ejecutivo. Además, María Eugenia Vidal solicitó que se remarquen «prioridades»: «La reforma política, ley por juicio por jurados y ley de procedimiento administrativo no definen la hiperinflación«.

Ante las preguntas de los diputados, los representantes del Ejecutivo ratificaron la postura del Gobierno. «Esta ley contiene reformas estructurales que son absolutamente necesarias para recuperar el país», entendió el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo; mientras que el procurador Rodolfo Barra explicó que «el derecho, como la economía, es un sistema» y «si se quiere hacer un cambio integral hay que tocar todos los aspectos«. «Hay que actuar ahora cuando es más posible realizarlo», reconoció.

Ley ómnibus en Diputados: qué dijo el Gobierno sobre privatizaciones

En su intervención, María Eugenia Vidal (PRO) anticipó que rechazaría el paquete de privatizaciones de forma global que propone en la ley ómnibus y solicitó una «aclaración del Ejecutivo»: «El sector de hidrocarburos no está pidiendo una privatización de YPF«.

En ese marco, Rodríguez Chirillo apuntó que «todas las empresas del Estado, en el estado en que están, no se pueden privatizar. Tienen que ser ordenadas y eficientizadas para que sean consideradas sujetas a privatización«.

Por su parte, Barra precisó la situación de YPF: «Para venderla hay que conjugar la defensa que estamos haciendo, en un pleito que no está terminando y va a llevar un tiempo todavía, con la posibilidad de que alguien quiera adquirirla si es que el Estado la pone en venta». «La declaración de ‘sujeta a privatización‘ es una habilitación, no una orden, que queda a decisión discrecional del Presidente, la situación económica y el diálogo con el Congreso», añadió.

La postura del Gobierno ante la ley ómnibus

Por el momento, el Gobierno se mantiene intransigente en su postura de no negociar la letra de la ley, ni dividir su contenido como le propone la oposición dialoguista, integrada por el PRO, la UCR y Hacemos Cambio Federal. En esta pecera están los votos que el oficialismo necesita para aprobar la ley ómnibus.

A priori, La Libertad Avanza busca aprobar todo el paquete de 664 artículos a libro cerrado, aunque el presidente Javier Milei abrió una pequeña hendija al diálogo al deslizar que aceptaría «sugerencias» para mejorar la normativa.

«Por ahora desde los dos lados muestran mucha dureza para no ceder terreno pero después va a haber una negociación. Siempre funciona así», admitieron las fuentes consultadas de presidencia de Diputados.

El sector de la oposición moderada que antes formaba parte del extinto Juntos por el Cambio se muestra abierto a colaborar con el oficialismo pero bajo la condición de que se acepte dejar de lado temas polémicos con los que no hay ninguna posibilidad de acuerdo. «No vamos a dar un cheque en blanco», es el latiguillo que repite este abanico opositor.

«Ahora todos se rasgan las vestiduras, pero durante años se votaron cosas sin modificar ni una coma«, se quejaron desde La Libertad Avanza por las resistencias que ponen las fuerzas políticas que tienen la llave para destrabar la aprobación de la iniciativa.

Ámbito

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Encapuchados entraron a un canal de televisión en Ecuador y tomaron a los trabajadores de rehenes

by adminweb 9 enero 2024
Ingresaron armados y con la cara tapada en vivo.

Una emisión en directo de la cadena de televisión ecuatoriana TC fue interrumpida el martes por personas encapuchadas y armadas, que obligaron al personal a tumbarse en el suelo, mientras se oían disparos y gritos.

Más tarde se vio a algunos de los encapuchados salir de un estudio de grabación con parte del personal.

El incidente se produjo en medio de los secuestros de al menos siete policías y una serie de explosiones, un día después de que el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción en el país.

La señal en directo, que finalmente se cortó, mostraba al personal acurrucado en el suelo de los estudios de TC en Guayaquil, mientras figuras armadas hacían gestos a la cámara. Se escuchó a alguien gritar «policía no».

La Policía Nacional informó en las redes sociales que sus unidades especializadas estaban desplegadas en el lugar para atender la emergencia.

Noboa, hijo de uno de los hombres más ricos del país, asumió el cargo en noviembre con la promesa de frenar una ola de violencia relacionada con el narcotráfico en las calles y en las cárceles que ha ido en aumento durante años.

Noboa declaró el lunes el estado de emergencia durante 60 días -una herramienta utilizada por su predecesor con escaso éxito-, habilitando patrullas militares, incluso en las prisiones, y estableciendo un toque de queda nocturno nacional.

La medida fue una respuesta a la aparente fuga de Adolfo Macías, líder de la banda criminal Los Choneros, de la prisión donde cumplía una condena de 34 años, y a otros incidentes carcelarios recientes, como la toma de guardias como rehenes.

(Con información de Reuters) -NA

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La producción de litio tuvo un crecimiento interanual del 68,4% en noviembre

by adminweb 9 enero 2024
De manera general, el sector minero reflejó en noviembre un avance del 7,1% interanual, tras alcanzar un alza del 0,6% respecto a octubre y un acumulado del 9,6% en los once primeros meses de 2023.
Foto: Prensa.

La producción de carbonato y otro minerales de litio creció en noviembre 68,4% respecto a igual mes el año pasado, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El organismo incluyó este dato en el informe sobre el Índice de Producción Minera.

De manera general, el sector minero reflejó en noviembre un avance del 7,1% interanual, tras alcanzar un alza del 0,6% respecto a octubre y un acumulado del 9,6% en los once primeros meses de 2023.

Esta suba del nivel general también contó con un incremento del 9,5% en la explotación de petróleo crudo; 8,8% en Plata y Oro; y del 63,7% en la extracción de minerales para la fabricación de productos químicos. Por el contrario, la extracción de minerales preciosos bajó 21,6%; y la de rocas ornamentales -5,6%.

Un dato llamativo lo dio la extracción de arena, que para la construcción presentó una baja del 7,7%, en línea con el menor nivel de actividad del sector, mientras que la que se extrae para fracking petrolero se incrementó 32,8%.

De hecho, los servicios de apoyo para la extracción del petróleo crudo y gas natural aumentaron 12,3% interanual en noviembre, informó el Indec.

Télam

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El Gobierno explicó cómo eliminará los subsidios en las tarifas de gas y anticipó fuertes subas

by adminweb 8 enero 2024
En la audiencia pública convocada por el Enargas, el secretario de Energía de la Nación explicó que se trasladará el 100% del PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a razón del 33% por mes en febrero, marzo y abril, a la tarifa que paga el usuario.

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anunció este lunes en la audiencia pública convocada por el Enargas que el Gobierno buscará reducir fuertemente los subsidios en las tarifas de gas en los próximos tres meses y que habrá cambios en la forma de segmentación a partir de abril próximo.

En su presentación, Rodríguez Chirillo advirtió los usuarios de gas pagan en la actualidad solo el 17,5% del costo de producción. En números concretos, se abona a través de las boletas el equivalente a 0,7 dólares el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), cuando el costo promedio es 4 dólares.

“El 82,5% restante lo pagan todos los ciudadanos, tengan o no suministro a través del presupuesto nacional que se traduce en menores jubilaciones, menor presupuesto para la salud, la educación y mayores impuestos”, dijo Rodríguez Chirillo.

En este sentido, adelantó que habrá un “traslado gradual” del costo del gas a las tarifas finales “para la readecuación progresiva de subsidios”. Y aclaró que se quitará un 33% del subsidio en los inicios de cada mes de febrero, marzo y abril hasta llegar a pagar el costo total. Es decir, los usuarios pasarán de pagar 0,7 dólares el millón de BTU a 4 dólares en tres meses.

Rodríguez Chirillo no brindó sin embargo precisiones sobre cómo será el impacto final de los aumentos en las tarifas.

El costo de producir gas es uno de los cuatro segmentos que componen el precio final de las boletas de gas y el de mayor incidencia a la hora de conformarse el precio final que paga el usuario. Además, se incluye el costo de transporte del gas de los lugares de producción a los centros de consumo; el costo de distribución del gas en los hogares, y los impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Sin embargo, el costo del gas es el que más peso tiene en el precio final, ya que representa alrededor del 36% del valor total de las boletas. El transporte significa el 12,5% del precio final, la distribución, el 26,2%, y los impuestos, 24,7%.

Al traslado del precio PIST se suma el reclamo de las compañías distribuidoras que reclamaron subas que llegan al 700%.

De acuerdo con los planteos presentados por las distribuidoras, la recomposición de tarifas debería de ser de al menos el 350% para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pero todavía más altas en el interior del país.

También reclaman un mecanismo de actualización automática calculada sobre la base de la inflación mayorista.

Minuto Uno

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Caso YPF: el Gobierno pidió a la justicia de EE.UU. que no active posibles embargos

by adminweb 8 enero 2024
A través de un escrito, la Argentina solicitó a la jueza de Nueva York Loreta Preska que no establezca una fecha determinada para iniciar posibles acciones en caso que no se presenten garantías. 

El Gobierno argentino presentó este lunes un escrito ante la jueza de Nueva York Loretta Preska en el que le solicitó que no establezca una fecha puntual para comenzar con los eventuales embargos en caso de no presentar garantías, en el marco de la causa por la nacionalización de la petrolera YPF concretada en 2012.

El estudio de abogados que representa al país -Sullivan & Cromwell- pidió de esta forma que no se reconociera la fecha del 10 de enero como tope para que el Gobierno argentino presente garantías y, de esa manera, evitar eventuales embargos que pueda sufrir por parte de los litigantes.

En primera instancia, la Argentina fue condenada a abonar un resarcimiento de 16.000 millones de dólares a los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park.

El pedido presentado por la Argentina obligará a la jueza Preska a reconfirmar o modificar el fallo en el que estableció al 10 de enero como fecha límite para que los demandantes puedan comenzar a hurgar sobre algún activo, si la Argentina no presenta garantías.

«Mientras los beneficiarios del fallo no encuentren activos para embargar en Estados Unidos, no hay necesidad de establecer una fecha puntual para comenzar los embargos», sostiene el texto presentado por el estudio Sullivan & Cromwell al que accedió Télam.

Esta presentación muestra cierto cambio de estrategia de parte del nuevo gobierno, si bien mantuvo al mismo estudio de abogados que lleva adelante la causa.

Los litigantes tendrán tiempo para expresar su opinión respecto al nuevo planteo argentino hasta el mediodía de este martes.

En diciembre ultimo, Preska accedió a eximir el pago de una fianza por el monto total del juicio, a la espera de una sentencia firme para el fallo que obliga a la Argentina a abonar un resarcimiento de 16.100 millones de dólares a Burford Capital.

“Hay un problema, porque la plata no la tenemos, pero sí tenemos la voluntad de pagar. Una de las ideas en las que estamos trabajando, es crear la ‘tasa Kicillof’; que es pagarle a este fondo con un bono perpetuo. La idea es que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof”, dijo hace un par de semanas el presidente Javier Milei, en una entrevista con LN+.

En los primeros días del corriente mes de enero, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que «la Argentina está en una situación muy complicada» respecto del juicio por la expropiación de YPF.

«Son montos que exceden a lo que uno puede suponer como un traspié menor; entendemos el desastre que se ha hecho y el desastre que la administración en aquel momento, con tal vez el exabrupto de Axel Kicillof, ha desembocado en este gran desastre que es este fallo», completó Adorni.

El pasado 27 de noviembre, en plena transición de gobierno, Argentina solicitó a la jueza Preska una postergación del plazo de ejecución de la sentencia para la presentación de garantías.

El motivo del pedido fue que el nuevo Gobierno aún no había asumido, lo que sucedió como estaba previsto el 10 de diciembre pasado.

En ese marco, la jueza Preska concedió la prórroga.

«Esta breve prórroga le daría a la nueva administración treinta días para evaluar las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de 21 de noviembre de 2023», indicó el estudio Sullivan & Cromwell en esa oportunidad.

En la nueva presentación realizada este lunes, los patrocinantes de la Argentina señalaron que «la República no puede aceptar esta condición porque privaría a la nueva administración de la capacidad de evaluar la totalidad de la Orden del Tribunal. En particular, acelerar el cronograma de presentación de informes sobre la apelación sería un desafío debido a que los demandantes presentaron una apelación cruzada, e YPF, en respuesta, presentó una apelación cruzada, lo cual requerirá información adicional».

Por otro lado, Preska concedió al nuevo gobierno -en otro escrito paralelo- plazo hasta el 22 de febrero para presentar los primeros argumentos contra el fallo que condena al país a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF concretada en 2012, cuando la fecha original fue fijada para el 23 enero.

Télam

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DestacadasPaís

Desde el Gobierno aseguraron que la reunión con el equipo técnico del FMI «fue positiva»

by adminweb 8 enero 2024
«Los equipos técnicos seguirán trabajando en los próximos días con la intención de emitir un comunicado en conjunto con las conclusiones de la visita”, dijo una fuente del Gobierno.

Foto: X @GitaGopinath.

El Gobierno argentino y representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) acordaron este lunes continuar con la revisión de los datos económicos y sus proyecciones con el fin de llevar adelante el programa de crediticio por US$ 44.000 millones acordado entre las partes.

Así lo informaron fuentes oficiales del Palacio de Hacienda luego de una reunión mantenida este lunes por la tarde en la Casa Rosada, de la que participaron el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por el organismo multilateral estuvieron el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu; la Jefe de la Misión, Ashvin Ahuja; y el representante del FMI en la Argentina, Ben Kelmanson.

“La reunión fue positiva, los equipos técnicos seguirán trabajando en los próximos días con la intención de emitir un comunicado en conjunto con las conclusiones de la visita”, dijo una fuente oficial al término del encuentro realizado en Casa de Gobierno, que se extendió por espacio de una hora y media.

Desde el viernes pasado, cuando arribó al país, la delegación del FMI mantuvo reuniones con técnicos del Banco Central y del Ministerio de Economía para analizar las cuentas.

Antes del encuentro, que comenzó alrededor de las 15 y que se llevó a caco en el Salón Eva Perón, el vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó que el Gobierno busca «reflotar el acuerdo caído» con el FMI a partir del «incumplimiento sistemático de metas que ha tenido el país» con ese organismo.

«Todo lo que estamos haciendo está en línea con que con creces van a ser satisfechas esas nuevas metas que se impongan, porque el plan que estamos llevando adelante es de un orden en las cuentas y varios aspectos de la economía y no debería haber ningún tipo de inconveniente», ahondó el vocero presidencial.

La misión técnica del Fondo arrancó el viernes con reuniones formales con funcionarios técnicos del gobierno de Javier Milei, con el objetivo de dar comienzo a la revisión del acuerdo vigente que está «virtualmente caído» y cuyos desembolsos previstos se encuentran frenados desde noviembre de 2023.

También se espera, como suele hacer en ese tipo de visitas, que el FMI se reúna con representantes de la oposición, de los trabajadores, del sector empresario y con analistas del mercado.

El Fondo, que en los hechos viene dialogando informalmente con distintos sectores, se mostró muy interesado en el apoyo político con el que puede contar el Gobierno para llevar adelante su plan económico.

Días antes del cambio de Gobierno, la directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, dijo que «es necesario un plan de estabilización fuerte, creíble y apoyado políticamente para encarar de forma duradera los desbalances macroeconómicos y los desafíos estructurales de Argentina, y a la vez protegiendo a los más vulnerables».

El martes pasado, ante una consulta de Télam, voceros del FMI señalaron que el objetivo del equipo técnico que visita el país será «continuar las negociaciones sobre la séptima revisión del programa apoyado por el FMI«.

«Nuestro objetivo sigue siendo apoyar los esfuerzos en curso para restablecer la estabilidad macroeconómica en beneficio de Argentina y su gente», agregaron las fuentes.

En rigor, los vencimientos con el Fondo para 2024 suman alrededor de US$ 7.700 millones.

En base al cronograma de compromisos existentes, este martes -9 de enero- se debe cubrir un vencimiento de US$ 1.300 millones, y el próximo 16 otro por US$ 650 millones.

Desde el FMI señalaron que el Gobierno ya comunicó la decisión de afrontar estos compromisos a fines del corriente mes.

En este contexto, un gesto del gobierno fue que autorizó la semana pasada la emisión de Letras del Banco Central por US$ 3.200 millones a diez años de plazo, ante la proximidad de los vencimientos de los compromisos de deuda.

La medida -dispueta a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 23/202- apunta además a grantizar «la continuidad del normal funcionamiento del Estado nacional», según los considerandos de la norma.

Días antes, el Gobierno avanzó con la publicación del DNU 70/2023 de desregulación económica que el que se declara «la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025″, y que establece una profunda reforma del Estado en distintas áreas, que comenzó a regir a las 0 horas del viernes 29 de diciembre de 2023.

Hasta ahora cuenta con una medida cautelar de la justicia, que dio un lugar a las asociaciones de los trabajadores, y que frena su aplicación plena, precisamente en el plano de la reforma laboral.

Este DNU fue enviado también el Congreso, como parte de un proyecto de Ley Ómnibus junto con un paquete de medidas adicionales complementarias.

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