Destacadas

«Los equipos técnicos seguirán trabajando en los próximos días con la intención de emitir un comunicado en conjunto con las conclusiones de la visita”, dijo una fuente del Gobierno.

El Gobierno argentino y representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) acordaron este lunes continuar con la revisión de los datos económicos y sus proyecciones con el fin de llevar adelante el programa de crediticio por US$ 44.000 millones acordado entre las partes.

Así lo informaron fuentes oficiales del Palacio de Hacienda luego de una reunión mantenida este lunes por la tarde en la Casa Rosada, de la que participaron el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por el organismo multilateral estuvieron el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu; la Jefe de la Misión, Ashvin Ahuja; y el representante del FMI en la Argentina, Ben Kelmanson.

“La reunión fue positiva, los equipos técnicos seguirán trabajando en los próximos días con la intención de emitir un comunicado en conjunto con las conclusiones de la visita”, dijo una fuente oficial al término del encuentro realizado en Casa de Gobierno, que se extendió por espacio de una hora y media.

Desde el viernes pasado, cuando arribó al país, la delegación del FMI mantuvo reuniones con técnicos del Banco Central y del Ministerio de Economía para analizar las cuentas.

Antes del encuentro, que comenzó alrededor de las 15 y que se llevó a caco en el Salón Eva Perón, el vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó que el Gobierno busca «reflotar el acuerdo caído» con el FMI a partir del «incumplimiento sistemático de metas que ha tenido el país» con ese organismo.

«Todo lo que estamos haciendo está en línea con que con creces van a ser satisfechas esas nuevas metas que se impongan, porque el plan que estamos llevando adelante es de un orden en las cuentas y varios aspectos de la economía y no debería haber ningún tipo de inconveniente», ahondó el vocero presidencial.

La misión técnica del Fondo arrancó el viernes con reuniones formales con funcionarios técnicos del gobierno de Javier Milei, con el objetivo de dar comienzo a la revisión del acuerdo vigente que está «virtualmente caído» y cuyos desembolsos previstos se encuentran frenados desde noviembre de 2023.

También se espera, como suele hacer en ese tipo de visitas, que el FMI se reúna con representantes de la oposición, de los trabajadores, del sector empresario y con analistas del mercado.

El Fondo, que en los hechos viene dialogando informalmente con distintos sectores, se mostró muy interesado en el apoyo político con el que puede contar el Gobierno para llevar adelante su plan económico.

Días antes del cambio de Gobierno, la directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, dijo que «es necesario un plan de estabilización fuerte, creíble y apoyado políticamente para encarar de forma duradera los desbalances macroeconómicos y los desafíos estructurales de Argentina, y a la vez protegiendo a los más vulnerables».

El martes pasado, ante una consulta de Télam, voceros del FMI señalaron que el objetivo del equipo técnico que visita el país será «continuar las negociaciones sobre la séptima revisión del programa apoyado por el FMI«.

«Nuestro objetivo sigue siendo apoyar los esfuerzos en curso para restablecer la estabilidad macroeconómica en beneficio de Argentina y su gente», agregaron las fuentes.

En rigor, los vencimientos con el Fondo para 2024 suman alrededor de US$ 7.700 millones.

En base al cronograma de compromisos existentes, este martes -9 de enero- se debe cubrir un vencimiento de US$ 1.300 millones, y el próximo 16 otro por US$ 650 millones.

Desde el FMI señalaron que el Gobierno ya comunicó la decisión de afrontar estos compromisos a fines del corriente mes.

En este contexto, un gesto del gobierno fue que autorizó la semana pasada la emisión de Letras del Banco Central por US$ 3.200 millones a diez años de plazo, ante la proximidad de los vencimientos de los compromisos de deuda.

La medida -dispueta a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 23/202- apunta además a grantizar «la continuidad del normal funcionamiento del Estado nacional», según los considerandos de la norma.

Días antes, el Gobierno avanzó con la publicación del DNU 70/2023 de desregulación económica que el que se declara «la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025″, y que establece una profunda reforma del Estado en distintas áreas, que comenzó a regir a las 0 horas del viernes 29 de diciembre de 2023.

Hasta ahora cuenta con una medida cautelar de la justicia, que dio un lugar a las asociaciones de los trabajadores, y que frena su aplicación plena, precisamente en el plano de la reforma laboral.

Este DNU fue enviado también el Congreso, como parte de un proyecto de Ley Ómnibus junto con un paquete de medidas adicionales complementarias.

Los legisladores nacionales de UP consideran que la última actualización fue insuficiente teniendo en cuenta la devaluación que sufrió la moneda y el incremento exorbitante de precios de la economía.

Diputados nacionales de Unión por la Patria que responden al ex ministro de Economía Sergio Massa y a algunos gobernadores del PJ presentarán mañana un proyecto de ley de “Alivio Fiscal” para monotributistas mediante la actualización de las escalas y pisos de cada categoría del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. 

Los legisladores nacionales consideran que la última actualización fue insuficiente teniendo en cuenta la devaluación que sufrió la moneda y el incremento exorbitante de precios de la economía.

Esta situación trae como efecto que muchos monotributistas tengan que recategorizarse y pagar una alícuota más alta a la que les correspondía, pero no por vender más en términos reales sino por la suba de los precios nominales.

En esa línea, el proyecto actualiza las escalas con efecto a partir del 1º de enero del corriente en un 67% promedio, y establece los montos máximos de facturación de cada categoría en valores equivalentes a Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), que hoy se ubica en 156 mil pesos mensuales. 

Por ejemplo, para la categoría A se propone que los ingresos brutos anuales máximos facturados sean de 22 SMVM, siendo 34 para la categoría B, 46 para la C, 58 para la D, 68 para la E, 82 para la F 102 para la G, 128 para la H, 142 para la I, 162 para la J y 180 para la K.

Por otra parte, el proyecto propone la creación del “Régimen Simple”, una propuesta que había sido parte de la agenda de campaña de Massa como candidato presidencial de Unión por la Patria.

Los únicos requisitos que deben cumplimentarse para la referida adhesión al Régimen SIMPLE consisten en que los ingresos facturados en los últimos 12 meses sean menores o iguales al monto equivalente a 360 veces el SMVM.

A través de esta medida los contribuyentes podrán sustituir, integrándolas en un solo pago -que se determinará en función de los ingresos brutos facturados por las actividades comprendidas y se ingresará mensualmente (un % de la facturación)-, sus obligaciones en concepto de Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado y las correspondientes a aportes personales al Sistema Único de la Seguridad Social.

Entre los firmantes de la iniciativa se encuentran Gustavo Bordet (Entre Ríos), Guillermo Snopek (Jujuy), Ricardo Herrera (La Rioja), Ana Fabiola Aubone (San Juan), Jorge Chica (San Juan), Liliana Paponet (Mendoza), Eugenia Alianello (Chubut), Gabriela Pedrali (La Rioja), Tanya Bertoldi (Neuquén), Julio Pereyra (Buenos Aires), Varinia Marín (La Pampa), Natalia Zabala Chacur (San Luis), Mónica Litza (Buenos Aires), Cecilia Moreau (Buenos Aires), Ramiro Gutiérrez (Buenos Aires), Micaela Morán (Buenos Aires), Sabrina Selva (Buenos Aires), Daniel Arroyo,(Buenos Aires), Diego Giuliano (Santa Fe), Marcela Passo y (Buenos Aires).

NA

Serán el martes y el miércoles que viene, entre las 14 y las 20, y entre las 9 y las 20, respectivamente, en la Sala de Reuniones del edificio del Anexo, se detalló.

El oficialismo en la Cámara de Diputados convocó para la semana próxima a la primera reunión informativa conjunta sobre el mega proyecto de ley «ómnibus» de reformas y desregulaciones, a la que asistirán funcionarios nacionales para hacer aclaraciones sobre la iniciativa que genera resistencias en sectores de la oposición.

La Libertad Avanza convocó formalmente este viernes por la tarde a las Reuniones Informativas Conjuntas de las Comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, donde dispuso esta semana que se trate el extenso proyecto.

Serán el martes y el miércoles que viene, entre las 14 y las 20, y entre las 9 y las 20, respectivamente, en la Sala de Reuniones del edificio del Anexo, se detalló.

En el llamado que hizo el presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja, Gabriel Bornoroni, se informó que asistirán funcionarios del Poder Ejecutivo, y se instó a los legisladores para que envíen, en el curso de los próximos tres días, las preguntas que quieran plantearles. 

El Gobierno aún no había definido qué funcionarios será los encargados de concurrir a dar las explicaciones y las respuestas a las preguntas de los legisladores de la oposición.

NA

Con ese fin, emitió -a través de un DNU- una Letra del Tesoro por US$3.200 millones.

El Gobierno dispuso la emisión de Letras del Tesoro por hasta US$3.200 millones, a diez años de plazo, que se utilizarán para el  «pago de obligaciones de deuda denominadas en moneda extranjera». 

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo aclaró que esos títulos serán suscriptos por el Banco Central, con amortización íntegra al vencimiento y devengarán una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales para el mismo período.

Según lo dispuesto, los dólares autorizados a ser adquiridos mediante la presente medida solo podrán aplicarse al pago de obligaciones de deuda denominadas en moneda extranjera.

Asimismo, los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de las letras intransferibles en cartera del Banco Central, así como aquellas que se emitan a favor de ese organismo durante 2024, serán reemplazadas, a la fecha de su vencimiento, por nuevos títulos públicos cuyas condiciones serán definidas por el Ministerio de Economía, según lo dispuesto.

• El Gobierno justificó la emisión de esta Letra al señalar que «resulta necesario y urgente añadir» en el Presupuesto de este año «diversas disposiciones complementarias con el fin de garantizar la continuidad del normal funcionamiento del Estado Nacional».

En ese sentido, indicó que a partir de la implementación de las medidas económicas anunciadas durante el último mes, «se ha producido un aumento en el nivel de reservas del Banco Central, razón por la cual este se encuentra actualmente en condiciones de proveerle dólares al Tesoro Nacional para que haga frente al cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera».

«La proximidad de los vencimientos de los compromisos de deuda determina la urgencia en la adopción de esta medida, haciendo imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes», evaluó.

La Argentina debe hacer frente, el martes próximo, a un pago de unos US$1.600 millones correspondientes a rentas de bonos soberanos reestructurados en 2020 por el entonces ministro de Economía Martín Guzmán.

El Economista