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«Las reformas tienen una dimensión que va más allá de las reformas mismas: es como una revisión de la estructura de poder económico en Argentina», dijo Sturzenegger en ese sentido.

El asesor presidencial Federico Sturzenegger reveló este viernes que el Gobierno enviará la semana que viene otro proyecto de ley al Congreso Nacional que contempla la eliminación de 160 regulaciones.

La nueva iniciativa se sumará así al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que entró en vigencia en la fecha, y al proyecto de ley «ómnibus» enviado al Congreso el miércoles.

Para el asesor, el combo de medidas apuntan a «transformar radicalmente el país», según consignó en una entrevista con Bloomberg.

«Las reformas tienen una dimensión que va más allá de las reformas mismas: es como una revisión de la estructura de poder económico en Argentina», dijo Sturzenegger en ese sentido.

Respecto de las críticas al DNU, Sturzenegger dijo que son una cortina de humo para no discutir el contenido de las reformas, y agregó que el decreto es una apuesta de “todo o nada” ya que el Congreso puede rechazarlo de plano pero no modificarlo por partes.

Sobre la ley ómnibus que incluye 664 artículos, el funcionario espera que el Congreso la apruebe antes de marzo y confió en que, al final, las reformas “pro-empleo” facilitarán los negocios y estimularán la actividad en diversos sectores.

“¿Alguien va a presentar un caso ante el sistema de justicia de que no puede haber Internet satelital, que no puede haber competencia? Es algo ridículo”, dijo Sturzenegger, refiriéndose a las restricciones recientemente levantadas para que Starlink de Elon Musk opere en Argentina.

Para el asesor, las iniciativas apuntan a «desafiar al establishment político».

«La única manera de lograr el cambio, es desarmar esa estructura y, para desarmarla, en cierto sentido, hay que drenarle sus recursos, porque eso es lo que utilizan para sostener el status quo”, sostuvo el economista.

Los legisladores que integrarán el cuerpo serán Juan Carlos Pagotto; Víctor Zimmermann; Luis Juez; Juan Carlos Romero; Carlos Espinola; Anabel Fernández Sagasti; Mariano Recalde; y María Teresa González.

La vicepresidenta Victoria Villarruel designó a los ocho integrantes de la Cámara de 
Senadores que formarán parte de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que debe tratar el DNU del presidente Javier Milei.

Los legisladores que integrarán el cuerpo serán Juan Carlos Pagotto; Víctor Zimmermann; Luis Juez; Juan Carlos Romero; Carlos Espinola; Anabel Fernández Sagasti; Mariano Recalde; y María Teresa González.

Es decir, de los ocho, uno es del oficialismo, tres de lo que fue Juntos por el Cambio, un peronista y tres de Unión por la Patria.

De esta forma, ahora resta que la Cámara de Diputados, que preside el riojano Martín Menem, termine de definir quiénes serán los ocho integrantes que completarán la bicameral.

Este viernes, el jefe del bloque de Unión por la Patria de la Cámara baja, Germán Martínez, reclamó que se integre de forma «urgente» la comisión que debe abordar el DNU que ya está en vigencia. 

«Requerimos la urgente conformación de la Comisión Bicameral para dar tratamiento al DNU 70/2023, tal como establece la Constitución Nacional, la ley N°26.122 y las resoluciones del cuerpo en la Sesión Preparatoria», requirió el santafesino.

En su cuenta oficial de la red social X, sostuvo que ya se realizó el «pedido formal al Presidente de la Cámara de Diputados».

Según establece la ley, una vez publicado en el Boletín Oficial, el jefe de Gabinete tiene 10 días para enviar el DNU al Congreso para que sea considerado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso de la Nación.

Si no lo manda en ese plazo, el cuerpo queda habilitado a tratar el decreto.

Luego la Comisión tiene otros 10 días para expedirse acerca de la validez o no del texto y dictaminar para dejar listo el tema para llegar al recinto. 

Ninguna de las Cámaras pueden introducir modificaciones al texto del Poder Ejecutivo y solo pueden aceptar o rechazar.

NA

El proyecto enviado por el Ejecutivo nacional que pone a la venta al sector privado de las empresas públicas se funda en «la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales».

La petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Banco de la Nación Argentina, Ferrocarriles Argentinos y la agencia de noticias Télam figuran entre las 41 empresas públicas que fueron declaradas «sujetas a privatización» en el proyecto de Ley Ómnibus enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.

De acuerdo con el texto de la iniciativa denominada ´Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos´, la venta al sector privado de las empresas públicas se funda en «la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales».

La propuesta también apunta a «generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas», según los fundamentos de la iniciativa.

Puntualmente, en el Artículo 8 del Capítulo II del Título II, se declara «sujeta a privatización en los términos y con los efectos de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, a las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal».

De esta manera, se faculta «al Poder Ejecutivo Nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades, para lo cual se aplicarán en lo pertinente los procedimientos previstos en el Capítulo II de la Ley N° 23.696».

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 dado a conocer la semana pasada fue el puntapié inicial para avanzar en esta línea.

En el DNU, que comenzará a regir en los próximos días y que es objeto de varios amparos judiciales en su contra, se establece la modificación del «status jurídico de las empresas públicas, reconvirtiéndolas en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades», según consigna en sus considerandos.

La venta de las empresas del Estado es una idea que Javier Milei tiene desde antes de asumir la presidencia de la Nación.

En reiteradas ocasiones, durante la campaña electoral, deslizó la posibilidad de desprenderse de patrimonio público y calificó a las empresas estatales como «generadoras de déficit».

Qué empresas podrían ser privatizadas

Las empresas públicas sujetas a privatización son la Administración General de Puertos; Aerolíneas Argentinas; Empresa Argentina de Soluciones Satelitales; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Banco de la Nación Argentina; Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); Casa de Moneda; y Contenidos Públicos.

También figuran Corredores Viales; Correo Oficial de la República Argentina; Construcción de Viviendas para la Armada Argentina; Dioxitek; Empresa Argentina de Navegación Aérea; Educ.AR; Energía Argentina (Enarsa); Fabricaciones Militares; Ferrocarriles Argentinos; Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias.

A las que se suman la Fábrica Argentina de Aviones «Brig. San Martín»; Intercargo; Playas Ferroviarias de Buenos Aires; Polo Tecnológico Constituyentes; Radio de la Universidad Nacional del Litoral; Radio y Televisión Argentina; Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba; Talleres Navales Dársena Norte; Télam; Belgrano Cargas y Logística; Yacimientos Carboníferos Fiscales; Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) e YPF.

Incluye también a Nucleoeléctrica Argentina; Vehículo Espacial Nueva Generación; Operadora Ferroviaria; Administración de Infraestructuras Ferroviarias; Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM; Pellegrini; y las 4 empresas descentralizadas del Grupo Banco Nación.

El texto presentado  también deroga el artículo 35 de la Ley N° 24.804, que establecía que «Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima mantendrá hasta un veinte por ciento (20 %) de su capital y una (1) acción como mínimo en poder del Estado nacional, correspondiendo su tenencia así como el ejercicio de los derechos societarios al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación».

Además, sustituye el artículo 37 de esa misma Ley por el siguiente: «A los fines de las privatizaciones señaladas en el artículo 36, se constituirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad». El cambio en este caso es el reemplazo de Estado Nacional por Poder Ejecutivo nacional.

La Ley 24.804 legisla sobre las funciones del Estado en la actividad nuclear.

Télam