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La decisión la tomó Agencia Nacional de Puertos y Navegación denunciando diversas irregularidades. Tendrá un plazo de doce meses.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) intervino por un año el puerto de Ushuaia aduciendo «irregularidades financieras que se detectaron, los desvíos de fondos y el riesgo operativo y de seguridad por déficit de infraestructura». «No compartimos ni la medida ni sus fundamentos», respondió el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella.

Desde ANPYN señalaron que la medida se tomó como resultado de «la falta de respuestas concretas ante las inspecciones efectuadas, las denuncias de vaciamiento realizadas por los trabajadores, y la preocupación expresada por los representantes de las empresas navieras que allí operan».

En ese marco, aclararon que realizaron inspecciones y comprobaron fallas en la infraestructura portuaria. Faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, la presencia de defensas gastadas, problemas con el tablestacado, deficiencias en la carpeta asfáltica; así como serios compromisos en la gestión administrativa, financiera y de condiciones básicas de seguridad operativa son algunas de las que enumeraron.

Por otra parte, la ANPYN adujo que falta un registro de ingresos y egresos de dinero y compras, que la administración provincial tercerizó en una empresa que figura como habilitada para la venta de paraguas, termos y pelucas.

Además, el organismo denunció que el gobierno provincial de Tierra del Fuego usó un «33% del presupuesto para subsidios de las arcas de la provincia, dejando solo un 1,3% para realizar obras y servicios que mejoren la calidad de los servicios brindados».

En esa línea, aclararon que se hizo en detrimento de la normativa vigente, que indica que el presupuesto del puerto solo puede ser usado para inversiones en sí mismo.

Por último, aclararon que mientras dure la intervención, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación será asistida por la Prefectura Naval Argentina en las tareas para optimizar las condiciones de seguridad y las tareas operativas y las principales gerencias seguirán siendo gestionadas por el personal fueguino, con capacidad técnica y el conocimiento requerido.

Respuesta fueguina

Aunque en la Isla preveían la medida, su ejecución sorprendió a la administración del gobernador Gustavo Melella. Algunas voces de su gestión creen que, en última instancia, la intención de la gestión de Javier Milei es privatizar el puerto de Ushuaia.

La respuesta a Nación llegó de boca del propio mandatario austral, quien aseguró que «no comparte ni la medida ni sus fundamentos, y cree que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud».

Melella comentó que mantiene diálogo permanente con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de «encontrar una salida que preserve el normal funcionamiento del puerto y brinde previsibilidad a todos los sectores».

«Desde el Gobierno provincial y la Dirección Provincial de Puertos estamos trabajando en todos los planos necesarios para resolver esta situación, con responsabilidad institucional y en defensa de la autonomía fueguina», señaló el jefe provincial.

Además, el gobernador fueguino dijo que el Puerto de Ushuaia opera con normalidad y atraviesa una temporada récord de buques y cruceros, y que la ciudadanía fueguina, los turistas y quienes transitan diariamente por el puerto son testigos de su actividad constante.

Por otra parte, alegó que «las principales compañías navieras del mundo eligen Ushuaia porque el puerto cumple con estándares de excelencia en seguridad, calidad y servicios, algo que se refleja en la cantidad de recaladas y en su rol estratégico para la provincia y el país».

«Desde la Provincia vamos a seguir trabajando y dialogando, poniendo todas las herramientas necesarias para cuidar el funcionamiento del puerto, el trabajo de nuestra gente y el desarrollo de Tierra del Fuego», finalizó Melella.

La medida llega en medio de un momento delicado para las finanzas fueguinas. A principio del año, Francisco Devita renunció al Ministerio de Economía local con parte de su equipo. Aunque consensuada, su salida puso de relieve la hora complicada que atraviesan las arcas australes.

Posteriormente, la decisión del gobernador de llevar a 0% los aranceles a los teléfonos celulares importados encendió las alarmas en la Isla, que destina buena parte de su producción a la industria tecnológica bajo el amparo del Subrégimen de Promoción Industrial.

Fuente Ámbito