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Según indica la resolución 153/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, su principal objetivo apunta a “enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar el accionar de miembros de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas”.

El Ministerio de Seguridad instauró un medida que apunta al mayor control de los presos de alto riesgo dentro de las cárceles. Así determinó una serie de cambios en el sistema de visitas, impidiendo que aquellos detenidos que signifiquen un mayor peligro puedan tener contacto físico con sus allegados.

Según indica la resolución 153/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, su principal objetivo apunta a “enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar el accionar de miembros de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas”.

A su vez, afirma que la intención es «reducir las posibilidades de que participen en actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios” y de que exista “riesgo de corrupción o violación del régimen interno o de entorpecimiento de las investigaciones judiciales».

Patricia Bullrich impone más controles en las cárceles

La cartera al mando de Patricia Bullrich también estableció que la medida regirá para quienes visitan a los presidiarios que forman parte del “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal”.

Por otro lado, la normativa señala que los condenados “podrán recibir la visita de hasta dos familiares directos mayores de 16 años” cada uno.

Asimismo, el encuentro deberá hacerse a través de un locutorio con un mínimo de 15 días entre cada uno de ellos. La duración de los mismo será de una hora, y la modalidad se aplicará también para quienes tengan hijos menores de la edad establecida.

Qué dice la normativa del Ministerio de Seguridad

A partir de estas modificaciones, el ministerio indicó: “El Servicio Penitenciario Federal (SPF) deberá requerir a la autoridad judicial a cuya disposición se encuentre detenido cada interno y al Ministerio Público Fiscal que por jurisdicción corresponda, que se informe si existe algún impedimento para autorizar las visitas de cada uno de los familiares directos solicitados por los internos incorporados en el sistema”.

Además, la determinación apunta que «no podrá ser autorizada como visita cualquier persona a la que un interno le haya revocado la autorización para ese fin. No se autorizará el ingreso como visita a personas que hayan sido condenadas o que se encuentren investigadas por la posible comisión de un delito”, precisa.

«No podrán recibir visitas de apoderados ni de allegados. Las restricciones establecidas no serán aplicables a las visitas de los abogados defensores debidamente acreditados en los expedientes judiciales y con los abogados que hubieran designado en tal carácter”, asevera.

«El SPF deberá denunciar todos los delitos de los cuales se tome conocimiento en el contexto del ´Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo´ en el Servicio Penitenciario Federal, oportunidad en la cual podrá requerir que se disponga la intervención de comunicaciones telefónicas, el monitoreo de visitas, la suspensión o prohibición de visitas o de establecer comunicaciones telefónicas o cualquier otra medida de prueba que resulte pertinente a los fines de disminuir el riesgo comunitario”, describe en su artículo 2°.

Se amplía el Sistema de Alto Riesgo

Esta determinación se oficializa poco más de un año después de que se lance el Sistema de Alto Riesgo. Este protocolo se implementó para vigilar y controlar a los presos que se incluyen en esa categoría.

Se pretende controlar a aquellos que “tengan la capacidad de fugarse, dirigir actividades criminales desde adentro de los penales, intimidar o corromper a funcionarios penitenciarios, entorpecer investigaciones judiciales y coaccionar a otros internos”.

El programa vigentes desde 2024 se ocupa del monitoreo constante de los narcos detenidos, la privación de las comunicaciones por vía de teléfonos celulares, llamados unidireccionales limitados, la instalación de cámaras de reconocimiento facial, sensores infrarrojos, escáneres de cuerpo completo, detectores de metales y el aumento de las requisas en los pabellones.

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