Los diputados aprobaron en el recinto el despacho emitido por la Comisión Mixta de Legislación General y Asuntos Constitucionales y Economía, y Presupuesto, Hacienda y Finanzas Públicas.
En la tarde de este martes, en una nueva sesión ordinaria la Cámara de Diputados sancionó con fuerza de ley el Decreto remitido por el Poder Ejecutivo que declara por seis meses el “estado de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa y de Ejecución de Contratos a cargo del Estado Provincial”.
Los diputados aprobaron en el recinto el despacho emitido por la Comisión Mixta de Legislación General y Asuntos Constitucionales y Economía, y Presupuesto, Hacienda y Finanzas Públicas cuyos miembros consideraron el Decreto enviado por el Poder Ejecutivo, ratificando “en todas sus partes el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2853 de fecha 19 de diciembre de 2023”.
En tal sentido, vale recordar que en un mensaje destinado a la comunidad santiagueña, el gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, anunció la implementación de nuevas medidas económicas en respuesta a las recientes acciones de ajuste divulgadas por el Gobierno Nacional, las cuales, debido al impacto directo que se espera en las provincias argentinas, buscan abordar y mitigar los desafíos económicos planteados por dichas decisiones a nivel nacional.
En sus considerados, los diputados indicaron que “si bien nuestra provincia tiene una reconocida gestión ordenada de recursos que se traduce en equilibrio económico y financiero y que ha permitido un enorme crecimiento de infraestructura, turismo, deporte y radicación industrial, la situación económica y financiera nacional va a tener una fuerte repercusión en la economía de la provincia ante una directa caída de ingresos en términos reales, por lo que resulta pertinente y necesario prever la adopción de severas medidas de aplicación excepcional y de resultados inmediatos a efectos de lograr su mitigación”.
“Es de resaltar que el Poder Ejecutivo Provincial no ha promovido en toda su gestión una declaración de este tipo de alcance provincial, pero la realidad del contexto nacional impone el deber de proteger el interés general de todos los santiagueños”, remarcaron.
Dicho DNU incluye, entre otras, las siguientes medidas preventivas por seis meses: congelamiento de nuevas contrataciones y nombramientos en la administración pública y organismos descentralizados; suspensión de las partidas presupuestarias destinadas a gastos de promoción o difusión oficial; suspensión de las transferencias y asistencias financieras extraordinarias a municipios y comisiones municipales y se impondrá un estricto control y reducción de gastos en todos los organismos públicos, con una adecuación de las estructuras administrativas.
Además: regulación en obras públicas: se continuarán ejecutando obras públicas, pero se suspenderán nuevos proyectos y licitaciones no adjudicadas por seis meses, excepto aquellas relacionadas con el mantenimiento de infraestructura y servicios esenciales; se potenciarán el uso de la tecnología como herramienta de eficiencia y ahorro en gastos de insumos para minimizar los costos de la administración pública; se establecerán controles rigurosos en el uso de fondos provenientes del Estado Nacional, financiamiento internacional y cuentas especiales provinciales, así como en el otorgamiento y rendición de subsidios y se impondrán límites y estricto control al otorgamiento de viáticos, viajes, comisiones de servicios y se eliminarán, por seis meses, gastos protocolares no debidamente autorizados y justificados.
Además, durante la sesión, se aprobó por unanimidad de bloques otro despacho emitido por la Comisión Mixta de Legislación General y Economía, y Presupuesto, Hacienda y Finanzas Públicas, que consideró el Proyecto remitido por el Poder Ejecutivo (Ley integral de incentivos para la celeridad y transparencia del sistema de Justicia) que modifica los artículos 21 y 22 de la Ley N° 6.345 y sus modificatorias.
Asimismo, se trató y aprobó un despacho de la Comisión Mixta de Legislación General y Asuntos Constitucionales, cuyos miembros consideraron el Proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que desafecta la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación establecida por la Ley N° 7.283 de una superficie de 2 Has. 37 As. 95 Cas.
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