La decisión se tomó ahora a través de la resolución 2988/2020. El alza que había autorizado el Ministerio de Salud era de un 7% y se sumaba al 10% de diciembre.
El presidente Alberto Fernández dio marcha atrás este jueves con la autorización de un aumento del 7% en el servicio prestado por las empresas de medicina prepaga y que iba a entrar en vigencia en febrero próximo. Así, 24 horas después de autorizar el incremento a través del Boletín Oficial, Presidencia dio la orden de dejarlo sin efecto.
La decisión de anular el aumento quedó plasmada en la resolución 2988/2020 publicada este jueves en una edición suplemento del Boletín Oficial. El alza que había autorizado el Ministerio de Salud que conduce Ginés González García era complementaria y acumulativa a la del 10% que ya se había otorgado a partir del 1° de diciembre.
En los considerandos de la norma que frena los aumentos se hace referencia a que se tomó “por expresa decisión del Sr. Presidente de la Nación”, Alberto Fernández, y no hace referencia a cuándo se podría volver a autorizar el incremento
Las empresas asociadas a la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales de la República Argentina (CIMARA) y la Asociación de Entidades de Medicina Privada (ADEMP) viene solicitando que se las autorice a realizar aumentos desde hace meses. En el que se aplicó durante diciembre desde la Superintendencia de Salud había dicho que iba a ser de 15% y finalmente fue del 10%. Algo similar fue en este aumento que ahora se suspendió en donde habían adelantado que iban a autorizar 10% y finalmente fue de 7 por ciento.
Desde la Cimara habían informado “el impacto que les ha causado el incremento de los costos del sector, especialmente en el delicado contexto de atención de la pandemia suscitada a principios de 2020 y que ha demandado esfuerzos inusitados del personal de salud”, por lo que requirieron a la Superintendencia de Servicios de Salud que autorizara nuevos aumentos.
Si bien las cuotas de la medicina privada no habían registrado suba alguna hasta este mes, el sector recibió beneficios por parte del Estado nacional para llevar adelante su actividad durante la pandemia. En primer lugar, por tratarse de una actividad considerada esencial, las empresas de salud estuvieron incluidas en el Programa ATP, por lo que el Estado absorbió el pago de una parte de los salarios de sus empleados.
Asimismo, hasta fines de noviembre, las prepagas estuvieron eximidas del pago de contribuciones patronales y pagaron una alícuota menor del impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocido como “impuesto al cheque”.
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