Durante la sesión, se dio además aval a una quincena de pliegos de jueces y defensores públicos.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner abrió a las 14.20 la primera sesión extraordinaria del año del Senado de la Nación para dar tratamiento a un proyecto del oficialismo que propone reformas a la ley de Defensa de la Competencia.
Durante la sesión, que se celebra mediante el sistema virtual mixto, con una decena de senadores desde el recinto y el resto conectado de manera remota, se dio además aval a una quincena de pliegos de jueces y defensores públicos propuestos por el Gobierno.
En el inicio del debate, los senadores acordaron fijar los días miércoles, jueves y viernes a las 14 como los días para sesionar.
La senadora por San Juan del Frente de Todos, Cristina López Valverde, rindió además homenaje a los damnificados por el terremoto ocurrido en esa provincia, con foco en el sur de la jurisdicción, el 18 de enero pasado.
Para la discusión de la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia se anotaron en la lista de oradores la autora de la iniciativa, Ana Almirón (Frente de Todos-Corrientes) y otros cinco senadores.
La lista acordada de oradores para esta primera sesión del año estará conformada además por Martín Lousteau (Juntos por el Cambio-CABA); Oscar Parrilli (Frente de Todos-Neuquén), Juan Carlos Romero (Parlamentario Federal-Salta), José Mayans (Frente de Todos-Formosa) y María de los Angeles Sacnún (Frente de Todos-Santa Fe).
Defensa de la competencia
El proyecto de la senadora Almirón busca reformar el tribunal de Defensa de la Competencia en cuanto a mejorar la conformación y su funcionamiento.
Uno de los cambios propuestos consiste en que la designación de los integrantes se formule a través de las propuestas del Ministerio de Desarrollo Productivo, pasando por la revisión del Congreso para su aprobación final.
La legisladora argumentó en ese sentido que «las modificaciones relativas a la Autoridad Nacional de la Competencia se proponen con la finalidad de facilitar su constitución como así también su posterior funcionamiento una vez constituida».
«Cabe destacar que desde la sanción de la Ley 27.442 en el año 2018 no ha podido concluirse la selección de quienes integrarán los diferentes órganos que funcionan dentro de la Autoridad Nacional de la Competencia y esto se debió en parte a los mecanismos de selección de candidatos que la propia norma prevé», agregó en los fundamentos de su propuesta.
En el primero de los artículos, modifica conceptos de la normativa vinculados a la concentración económica y la toma de control de una o varias empresas.
La norma define esa acción mediante la fusión entre empresas, la transferencia de fondos de comercio o la adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda.
Pliego de jueces y defensores
El Senado aprobó los pliegos de una quincena de jueces, camaristas y defensores públicos propuestos por el Poder Ejecutivo, entre ellos el del juez que tuvo a su cargo la investigación del supuesto espionaje ilegal cometido durante el gobierno de Mauricio Macri, Alejo Ramos Padilla.
El juez Ramos Padilla, actualmente a cargo del juzgado federal de Dolores, se desempeñará en adelante en el juzgado federal de primera instancia número 1 de la ciudad de La Plata, de acuerdo a lo aprobado durante la sesión.
La oposición votó en contra de este nombramiento y se manifestó a favor en el resto de los nominados por el Gobierno, que recibieron 66 votos positivos.
En nombre del oficialismo, el senador Jorge Taiana (Frente de Todos-Buenos Aires) consideró que la designación del juez Ramos Padilla «es un acto de estricta justicia y en verdad un desagravio ante tantas falsedades».
«Es un juez valiente que tuvo que soportar que un Presidente en ejercicio (por Mauricio Macri) dijera que había que sacarlo. Fue víctima de una campaña mediática y política de descalificación que tiene pocos antecedentes», señaló en el recinto el legislador.
Para Taiana, «se habló de la filiación política» del nominado pero «no se ha recordado que su filiación política fue en la Unión Cívica Radical» y «se ha mencionado su parcialidad cuando fue el mejor calificado en el concurso».
Desde la oposición, el senador Juan Carlos Romero denunció «contubernios políticos» y adelantó el rechazo a la designación de Ramos Padilla al sostener que se trata de «un juez militante y polémico» al que «se pretende nombrar en un juzgado tan importante como es electoral de la provincia de Buenos Aires».
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