Según informó la AFIP, las 8.100 toneladas decomisadas por la DGI-AFIP equivalen a unos 300 camiones, y el valor de mercado del maíz decomisado supera los $ 160 millones.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó el mayor decomiso de granos en la historia del organismo, y en un solo procedimiento, la Dirección General Impositiva (DGI) secuestró más de 8.100 toneladas de maíz que se encontraban almacenadas en distintos depósitos del puerto bonaerense de Campana. Además, el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont incautó otras 502 toneladas de soja en un depósito fiscal en Rosario, tras detectar irregularidades en la documentación respaldatoria de la mercadería que pretendía ser exportada a Paraguay en camiones con patente y choferes del país vecino.
Según informó la AFIP, las 8.100 toneladas decomisadas por la DGI-AFIP equivalen a unos 300 camiones, y el valor de mercado del maíz decomisado supera los $ 160 millones, de acuerdo con los precios de plaza vigentes. Asimismo, la evasión estimada con la operatoria desarticulada por la DGI-AFIP supera los $ 65 millones, y la empresa identificada pretendía exportar la mercadería en barcazas a Uruguay.
La investigación comenzó tres meses atrás cuando una de las áreas operativas especializadas en la fiscalización de la cosecha de granos detectó indicios de una operación fraudulenta. La primera medida que tomó la DGI-AFIP fue la interdicción de los granos para investigar el origen de las 8.100 toneladas de maíz.
La fiscalización fue sobre inconsistencias en el origen del maíz, y por ese motivo, las áreas operativas solicitaron información sobre los productores que enviaron el maíz al exportador de manera directa a Campana. La pesquisa permitió detectar que los productores que carecían de cualquier tipo de capacidad operativa.
También se identificaron productores que habían sido inscriptos recientemente en los registros, que no podían justificar el cereal de la campaña comercializada. Asimismo, se constató la adulteración en algunas de cartas de porte utilizadas, que son la documentación obligatoria para transportar granos dentro del país, y que al momento del operativo eran en formato papel. Durante la actual gestión, esa documentación fue digitalizada para, entre otras mejoras, dificultar este tipo de maniobras.
A partir de la verificación y el control de la documentación que realizaron los agentes de la DGI-AFIP procedieron a la interdicción de las más de 8.100 toneladas de maíz, que se concretó en galpones de un depósito fiscal en el puerto de Campana.
A comienzos de esta semana se resolvió el decomiso del total, y ahora se espera la decisión judicial para avanzar en disponer la mercadería para hacer la liquidación a través de una subasta. El producido de esa liquidación se destina, siguiendo la normativa vigente, al Ministerio de Desarrollo Social.
En el otro decomiso, de 502 toneladas de soja, la investigación de las distintas áreas del organismo permitió constatar inconsistencias como la falta de capacidad económica del operador, así como la ausencia de la carta de porte electrónica, la única documentación válida para trasladar granos dentro del país. La investigación que permitió incautar esta soja es resultado del trabajo conjunto entre la DGI y la Aduana, y el operativo además contó con la participación de la Gendarmería Nacional.
El procedimiento consistió en una verificación física y cruce documental en un depósito fiscal que culminó con el secuestro de los 16 camiones con patente paraguaya, que tenían previsto exportar la soja al país vecino.
La incautación se originó con una investigación de la Aduana que permitió activar el control exhaustivo de la documentación donde se requirió al exportador la ampliación de la información, así como comprobantes que respalden la legítima adquisición de las 502 toneladas de soja.
La DGI, por su parte, advirtió de las inconsistencias en la trazabilidad de la mercadería, y las tareas de control permitieron identificar que se trataba de un nuevo productor observado por carecer de capacidad económica, que ya se encontraba bajo una fiscalización producto de la utilización de facturas apócrifas.
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