A la megacausa de espionaje que actualmente tramita en Comodoro Py se agregó el expediente sobre la bomba que dejaron en un domicilio del ex funcionario Vila, del Ministerio de Defensa.
La causa por el espionaje a periodistas, académicos, organizaciones sociales y partidos políticos durante las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20 aún sigue sin juez, ya que el juez Marcelo Martinez de Giorgi rechazó hacerse cargo del caso. Por el contrario, el magistrado sumó a la causa principal de espionaje ilegal el expediente sobre la bomba que dejaron en un domicilio que había pertenecido al exsubsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa de Cambiemos José Luis Vila en julio de 2018.
Martinez de Giorgi, a cargo de la mega investigación que antes de pasar a la órbita de Comodoro Py tramitó en la justicia de Lomas de Zamora, aceptó por “conexidad” el expediente que le remitió su colega Sebastián Ramos.
La decisión de Ramos de enviar el caso hacia la causa central se activó tras un dictamen del fiscal Guillermo Marijuán para investigar al presunto narco Sergio Rodríguez, conocido como «Verdura», y una presentación de Vila para que llame a indagatoria a las más altas autoridades de la AFI macrista, al primer director operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, y a los espías de la Súper Mario Bros.
Los protagonistas son los mismos y el caso de Vila es central, porque fue su presentación ante la Bicameral de Inteligencia en mayo del año pasado lo que desencadenó una investigación sobre el espionaje macrista que culminó con la presentación de un informe extenso en el que se denunció el funcionamiento de un estado mafioso.
En cambio el juez no aceptó hacerse cargo de la investigación del espionaje a periodistas, ya que no se trata del mismo objeto procesal que la causa central del espionaje al instituto Patria, a Cristina Kirchner, a políticos propios del macrismo y ajenos, y a los detenidos del Servicio Penitenciario Federal .
Después de asumir la intervención en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño halló perfiles ideológicos que pertenecían a 403 periodistas que se habían acreditado para cubrir la cumbre del G20, que se hizo en 2018.
También había un listado de 86 académicos, activistas o incluso empresarios que habían querido participar de la cumbre de la OMC que se había hecho un año antes, un informe sobre una asamblea del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Bauen en la previa de las elecciones de 2017 y antes de una marcha por la desaparición de Santiago Maldonado.
La documentación estaba en la oficina que ocupaba el último director operacional de Contrainteligencia de la AFI macrista, Martín Coste.
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