Ahora, la titular del Juzgado Federal con competencia electoral de la Capital Federal, María Romilda Servini, rechazó una acción de amparo promovida por una ciudadana, María Valeria Viglianchino, por el cual solicitó la obligatoriedad de un examen físico y mental que determinen si idoneidad para ocupar el cargo.
En las vísperas de las elecciones generales de este domingo, la Justicia Federal rechazó un amparo para exigir exámenes psicofísicos a los candidatos presidenciales, idea planteada inicialmente por el postulante presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.
En la última semana de campaña presidencial, el ministro de Economía propuso un examen psicofísico para los dos candidatos que lleguen a un eventual balotaje: «Voy a pedir para el debate de segunda vuelta que tres universidades hagan una evaluación psicológica y psiquiátrica de los candidatos. En algún momento, el alcoholismo de un general nos llevó a la guerra».
En esa línea, el funcionario nacional aseguró que «ser presidente requiere de una estabilidad emocional que no te puede llevar a decir cualquier cosa por un voto». «Yo veía un candidato agitando que la gente saque los depósitos de los bancos», agregó en referencia a Milei y sus declaraciones sobre la moneda nacional.
Ahora, la titular del Juzgado Federal con competencia electoral de la Capital Federal, María Romilda Servini, rechazó una acción de amparo promovida por una ciudadana, María Valeria Viglianchino, por el cual solicitó la obligatoriedad de un examen físico y mental que determinen si idoneidad para ocupar el cargo. Según informo Ámbito.
Los principales argumentos de la presentación se basaban en el artículo 16 de la Constitución Nacional que establece que todos los ciudadanos “son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad» y que, además, los empleados públicos también deben cumplir con estos exámentes.
Sin embargo, según la jueza Servini, «exigir a los referidos candidatos que acrediten y se sometan a exámenes de aptitud psicofísica en instituciones públicas resulta improcedente, en ausencia de una regulación normativa que así lo establezca«.
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