La defensa de los imputados por el crimen ocurrido el 18 de enero en Villa Gesell descartará esa opción porque considera que no puede garantizarse su imparcialidad debido a la difusión que tuvo el caso.
La defensa de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero último en Villa Gesell, descartará finalmente la opción de que los jóvenes sean juzgados por un jurado popular, porque considera que no puede garantizarse su imparcialidad debido a la difusión que tuvo el caso, así como algunos elementos del expediente, informaron hoy fuentes de la causa.
A un año del homicidio, ocurrido frente al boliche Le Brique, la causa se encuentra en pleno trámite del pedido de elevación a juicio presentado por la fiscal del caso, Verónica Zamboni, y debido a la feria judicial está pendiente la respuesta a este requerimiento por parte del abogado de los imputados, Hugo Tomei.
Si bien durante la etapa de instrucción el defensor había deslizado que pediría que los acusados fueran juzgados por un jurado ciudadano, fuentes con acceso al expediente indicaron a Télam que Tomei optará finalmente por un juicio tradicional ante un tribunal oral.
Este cambio de estrategia deberá ser notificado al juez de Garantías de Gesell, David Mancinelli, cuando el abogado responda la notificación del requerimiento de elevación a juicio, para lo que tiene plazo hasta el 1 de febrero, cuando termine la feria judicial.
Según indicaron fuentes de la causa, la defensa entiende que la divulgación reiterada de los elementos de la instrucción, así como las manifestaciones dirigidas hacia los imputados por partes de los abogados de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando y Fabián Améndola, impediría que los eventuales integrantes de un jurado lleguen a esa instancia sin prejuicios o preconceptos sobre los hechos.
En ese sentido, Tomei planteará que el Poder Judicial es responsable de «condicionar» la renuncia al juicio por jurados, por no poner límites a las manifestaciones de la acusación, y permitir «la proliferación de opiniones» que «fundaron la condena social».
Ante este escenario, la defensa de los rugbiers considera que «solo una idea irracional» podría confiar en la imparcialidad del jurado popular.
La elevación a juicio
El pedido de elevación a juicio de la causa fue realizado por la fiscal el 17 de noviembre cuando solicitó que sean juzgados los ocho rugbiers que continúan detenidos por el hecho.
Se trata de Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), quienes cumplen prisión preventiva en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata, imputados como coautores del delito de «homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas».
Zamboni pidió además el sobreseimiento de Alejo Milanesi (19) y Juan Pedro Guarino (19), quienes se encuentran en libertad, imputados como partícipes necesarios.
Tras este requerimiento, los abogados que representan a los padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez, acordaron con el planteo de la fiscal, aunque rechazaron el sobresemiento de Milanesi, al que consideraron prematuro, y presentaron una acusación particular para que sea sometido a juicio junto a los otros ocho.
Burlando y Améndola consideraron que la eventual responsabilidad de Milanesi en la «coautoría funcional» del crimen debe definirse en un proceso oral.
Por otra parte, los abogados entendieron además que se debe seguir investigando la posible intervención del denominado «sospechoso número 11», identificado en el expediente como Tomás Colazzo.
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