Buscan que ambos inmuebles sean expropiados para resguardar los elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica colectiva de la Ciudad. Lo discutirá la Legislatura porteña este jueves.
Familiares de las víctimas y sobrevivientes de las masacres de Cromañón, en la que murieron 194 personas durante un recital en un boliche del barrio porteño de Once, y de Luis Viale, donde fallecieron una mujer y cinco niños por el incendio en un taller textil clandestino de Caballito, buscan que ambos inmuebles sean expropiados y convertidos en «centros de memoria» para contribuir a visibilizar ambos siniestros y a rescatar sus historias.
Los proyectos fueron presentados en la Legislatura porteña durante este año y apuntan a que pasen a manos del Estado el inmueble de Bartolomé Mitre 3060, donde funcionó el local bailable «República Cromañón», y el de de Luis Viale 1269, en el cual vivían y trabajaban 65 personas en condiciones de explotación laboral y hacinamiento.
Ambas iniciativas fueron elaboradas por los grupos que reúnen a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes de los dos hechos, quienes reclaman a los diputados de la ciudad de Buenos Aires la sanción de sus propuestas, para lo cual concurrirán el jueves próximo, a las 17, a la reunión de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional del Parlamento porteño.
El primer proyecto plantea que el edificio del boliche de la zona de Once, que es propiedad de Rafael Levy -el mismo dueño que al momento del incendio-, sea expropiado para «resguardar los elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica colectiva de la Ciudad».
El objetivo es que el lugar se transforme en un espacio para la memoria en recuerdo de las víctimas, que se sume al santuario ubicado enfrente al edificio que, en la actualidad, sirve de espacio de encuentro y homenaje pero que, al estar al aire libre, sufre periódicamente vandalizaciones.
El segundo proyecto, que está impulsado por la Comisión por la Memoria y Justicia de los obreros textiles de Luis Viale, destaca «el interés por preservar el sitio» a partir de «connotaciones afectivas y racionales».
«Las primeras están relacionadas con el respeto a las víctimas, las segundas a la toma de conciencia de la cadena de responsabilidades que permitan a los habitantes de la ciudad conocer sobre las distintas formas de explotación», agrega la iniciativa.
El taller textil clandestino de Luis Viale era un galpón con una planta baja donde estaban las maquinarias y un primer piso para las «habitaciones», en realidad separadas solo por telas y cartones.
Allí, habitaban unas 65 personas -más de la mitad, niños y niñas- llegadas desde el Cantón Cohana, un pueblito distante a unos 100 kilómetros de la Paz, Bolivia, y trabajaban en condiciones de explotación laboral y sin medidas de seguridad.
Por su parte, la legisladora del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro, respaldó las propuestas al afirmar que «no pueden funcionar en esos lugares nada más que sitios de conciencia, a nadie se le puede ocurrir otra cosa».
«Hay que mantener en la memoria las tragedias que sucedieron en los dos edificios para contribuir al ejercicio ciudadano que sirva para sembrar conciencia y derechos», destacó.
Por su parte, la diputada de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad y titular de la Comisión Especial que se reunirá el jueves, Mercedes de Mendieta, ratificó el «compromiso con la lucha por la justicia y la memoria ante dos hechos de violencia institucional en la Ciudad».
«La memoria nos permite pelear para que nunca más las ganancias de los empresarios y la corrupción se lleven la vida de nuestros pibes», dijo el referencia a lo ocurrido en el boliche de Once y agregó que la masacre de Luis Viale «puso al descubierto un problema que existe en la Ciudad como son los talleres clandestinos, una forma de esclavitud en pleno siglo XXI que afecta particularmente a las personas migrantes».
Fuente Télam
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