Cuáles son los principales puntos del proyecto de Ley de Envases con inclusión social.
En cada bolsa de basura que producen los y las argentinas hay una gran cantidad de envases que fueron usados para conservar alimentos o bebidas por algunos días, horas, minutos o segundos. Unos 150.000 cartoneros trabajan en recuperan muchos de esos residuos para sacarlos de su camino natural hacia el basural y reintroducirlos en el sistema productivo. Y en ese proceso hay también responsabilidad de las empresas productoras.
Sobre estos conceptos está pensada la base del proyecto de Ley de Envases con inclusión social que la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr) presentó junto con organizaciones ambientales, sociales y políticas en la Cámara de Diputados. La generación de basura y la participación de cartoneros para mitigarla es una realidad, pero no se visibilizaba la responsabilidad de las empresas en esa producción.
En Argentina se producen 50.000 toneladas de residuos por día cuyo destino son algunos de los 5 mil basurales a cielo abierto y de relleno sanitario que existen. Casi un cuarto de esa basura, el 20 por ciento, son envases posconsumo. Es decir, aquellos que se usa y, una vez consumidos, se descartan.
Quién pagaría la tasa ambiental
El proyecto de ley, que cuenta con el apoyo del diputado y jefe de la bancada oficialista Máximo Kirchner, sería tratado el próximo mes en el recinto. Establece la responsabilidad de quienes colocan envases en el mercado e integra a los trabajadores recicladores a la cadena de gestión. Apunta a que las empresas paguen una tasa ambiental para hacerse cargo económicamente de lo que cuesta el reciclado de los envases.
Con esa recaudación se propone financiar programas y políticas públicas de reciclado que, a la vez, institucionalicen, potencien y mejoren el trabajo de los y las cartoneras a través de la mejora de Sistemas de Reciclado con Inclusión Social.
«Reconoce derechos laborales hasta el momento negados para mis compañeros que somos miles de cartoneros y cartoneras en el país. Además aborda la problemática ambiental que nos afecta a toda la sociedad y cómo cuidamos la ciudad en la que vivimos. No es una ley para los y las cartoneras solamente, sino para ampliar y proteger derechos del conjunto de la sociedad», asegura la secretaria de Faccyr, Jackie Flores.
La problemática de los envases abarca por lo menos dos dimensiones: por un lado, atacar la problemática ambiental, vinculada a la contaminación que producen los envases que tardan años en degradarse. En este sentido, el proyecto de ley funciona como incentivo para que las empresas reduzcan o cambien los materiales de sus envases a fin de pagar una menor tasa ambiental. Por otro lado, la problemática social. Es decir, el trabajo que se desarrolla alrededor del descarte de los envases.
Quiénes son responsables de los residuos
Actualmente, trabajan unos 150.000 recuperadores en todo el país. La iniciativa propone su reconocimiento al insertarlos dentro de los sistemas de gestión integral de residuos que serían financiados en parte por la recaudación de esa tasa ambiental. Esto supone reconocimiento de derechos laborales, mejoras en las condiciones de trabajo y la creación de nuevos puestos de trabajo calificados.
Introduce el espíritu de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), concepto que fue adoptado en legislaciones similares por otros países, entre ellos Chile y Brasil. «Se trata de un principio político para promover mejoras ambientales para ciclos de vida completos de los sistemas de los productos al extender las responsabilidades de los fabricantes del producto a varias fases del ciclo total de su vida útil, y especialmente a su recuperación, reciclaje y disposición final», se cita al investigador sueco Thomas Lindhqvist en el proyecto de ley.
La REP involucra el reconocimiento de una externalidad económica, social y ambiental que justifica la incorporación de mecanismos regulatorios para internalizar los costos bajo el lema de «el que contamina paga».
«Si quiere pagar menos, achiquen los envases, háganlos menos contaminantes, apliquen sistemas de devolución y retorno, dejen de incentivar el ‘use y tire’. Caso contrario, deberán pagar por el daño ambiental que hacen y financiar sistemas públicos de cogestión entre municipios y cooperativas de cartoneros en todo el país porque, en definitiva, son ellos quienes hoy se están haciendo cargo de las irresponsabilidad ambiental de las multinacionales», resume el referente de la UTEP, Juan Grabois.
Fuente: Página 12
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