Las presentaciones fueron hechas ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal nueve, donde quedó radicado el amparo del Gobierno.
Las empresas de medicina prepaga presentaron ante el Poder Judicial un documento en el que negaron que los aumentos dispuestos en virtud del DNU 70/23 hubieran sido “abusivos”.
Se trata de las empresas a las que el Gobierno acusó de cobrar cuotas con aumentos desproporcionados y les ordenaron que no solamente los frenen sino que además devuelvan a los usuarios aquello que han cobrado demás.
Sancor Salud, Swiss Medical y Medicus se presentaron y pidieron rechazar el amparo presentado por el Gobierno la semana anterior.
El documento niega “lo abusivo” del aumento de sus cuotas denunciado por el gobierno en una acción de amparo que busca, desde el Poder Judicial, desautorizar aquello que había autorizado mediante el DNU.
Las presentaciones fueron hechas ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal nueve, donde quedó radicado el amparo del Gobierno.
Las empresas aseguran que no hubo abusos, que están justificados y que tampoco devolverán aquello que se les reclama por haber cobrado de más desde diciembre hacia la actualidad. Según informo NA.
Tanto Swiss Medical como Medicus y Sancor Salud justificaron que el DNU 70/2023 que firmó el presidente, Javier Milei, desreguló el sector y le quitó el rol de fiscalizador a la Superintendencia de Salud.
Por ello, cuestionaron la legitimidad de la Superintendencia, que fue la que presentó el amparo ante la Justicia.
Más de 20 empresas están acusadas en un expediente administrativo de haber cartelizado los precios de sus cuotas, por lo que ya la Secretaría de Comercio e industria dispuso una medida de retrotraer los aumentos.
Si bien las cuotas por vía administrativa fueron retrotraídas a diciembre, esa decisión es apelable ante los tribunales ordinarios.
Por eso la estrategia del Gobierno fue a través de la Superintendencia de Salud presentarse en el fuero Civil y Comercial Federal a fines de obtener una cautelar que asegure el cumplimiento de la disposición.
El juzgado que entiende en la causa corrió vista (pidió opinión) a la fiscalía para que dictamine si el expediente es de competencia de ese fuero o debe pasar a otro.
Una vez resuelto eso, el magistrado que quede a cargo deberá dar intervención a todas las partes en plazos breves y, después, emitir un fallo haciendo lugar o rechazando el amparo presentado por el Gobierno.
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