Universidades

La protesta comenzará en horas de la mañana con diversas movilizaciones que concentrarán en distintos puntos del país.

Este martes, trabajadores docentes, no docentes, estudiantes y graduados protagonizarán la cuarta Marcha Federal Universitaria en todo el país para exigirle al Gobierno que cumpla con la ley de Financiamiento Universitario —cuyo futuro quedó en manos de la Corte Suprema— y que ordene una recomposición salarial de los educadores. En términos reales, las transferencias a universidades cayeron más de 45% en dos años y medio. Está prevista una amplia convocatoria de parte de diversos sectores de la sociedad.

La protesta comenzará en horas de la mañana con diversas movilizaciones que concentrarán en distintos puntos del país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, donde se espera un acto multitudinario a las 17. A lo largo de la jornada, las universidades realizarán un paro con suspensión de clases para reclamar por la grave situación financiera que atraviesan.

Será la cuarta vez en lo que va del gobierno de Milei que representantes de las universidades convocan a movilizarse ante el ajuste a las partidas. La convocatoria partió del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que lleva adelante una disputa en la Justicia con la administración libertaria por la ejecución de la ley de Financiamiento aprobada por el Congreso.

«Ya llevamos 200 días sin que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y por eso el martes nos movilizamos en todo el país», indicaron desde el CIN. La Universidad de Buenos Aires (UBA) también convocó a la movilización.

Participarán también organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y docentes y la Federación Universitaria Argentina (FUA) las cuales denuncian que las universidades públicas atraviesan una situación crítica provocada por el desfinanciamiento impartido por la gestión Milei desde diciembre de 2023.

Recorte del 45,6% en transferencias a universidades

Las instituciones denuncian una caída real del 45,6% en las transferencias presupuestarias entre 2023 y 2026. Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señalan que en ese lapso las becas estudiantiles se desplomaron un 76%: las becas del Plan Belgrano, diseñadas para carreras estratégicas, son de $80.000, mientras que las del Progresar son de $35.000.

En el caso de los trabajadores docentes sufrieron una retracción del 34% de su salario entre la asunción de Milei y enero del 2026 según la CONADU: un profesor de universidad con dedicación simple y 10 años de antigüedad cobró ese mes un sueldo bruto de $ 305.604. No tienen paritarias desde octubre del 2024.

Según un informe del propio CIN, mientras que los salarios universitarios subieron un 158% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, la inflación trepó al 280%. Este desfasaje se tradujo en una caída del 32% en el poder de compra de los trabajadores del sector. El deterioro salarial acumulado representa una quita real de 7,3 salarios mensuales en poco más de dos años.

En las últimas horas, mediante la Decisión Administrativa 20/2026, el Poder Ejecutivo oficializó una quita de $78.768 millones en partidas de la Secretaría de Educación. El recorte más significativo recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, el cual sufrió una baja de $35.288.051.713. También suprimió el Fondo de Compensación Salarial Docente de $8.929.835.294. Además, paralizó obras de infraestructura en universidades.

El futuro de la ley de Financiamiento Universitario se definirá en la Corte Suprema

Mientras tanto, en la previa de la marcha, la Cámara de Apelaciones concedió un recurso extraordinario al Gobierno nacional en el marco de la causa por la ley de Financiamiento Universitario que frena la cautelar y estira el plazo de definición hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La resolución, que revoca un fallo previo de la misma cámara, manifiesta que «el pronunciamiento del 31 de marzo de 2026, por el que este Tribunal decidió confirmar la resolución de primera instancia de fecha 23 de diciembre de 2025 (…) no reviste el carácter de sentencia definitiva», motivo por el cual hicieron lugar al planteo del Gobierno al pronunciarse «en sentido favorable a la concesión del recurso extraordinario interpuesto en la causa».

«Lo decidido por el tribunal implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar, hasta tanto se expida de manera definitiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación», informó Capital Humano al respecto del fallo.

En paralelo al recurso presentado por el Gobierno sobre el cual se expidió la Cámara de Apelaciones, el Poder Ejecutivo también le solicitó a los tres miembros de la Corte Suprema que se excusen en el caso y llamen a otros tres conjueces. Según consignó el portal Infobae, es debido a que todos ellos son docentes universitarios.

En ámbitos judiciales, el planteo fue considerado «débil». La maniobra fue interpretada como una estrategia dilatoria similar a la utilizada durante el kirchnerismo para intentar apartar magistrados en causas sensibles.

En la administración nacional argumentan que la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario obligaría desembolsar unos $2,5 billones, lo que rompería el superávit.

Ámbito

Al analizar el caso, los jueces destacaron que el Congreso había agotado el procedimiento legislativo previsto en la Constitución, por lo que la norma debía ser aplicada.

La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata aspectos centrales de la ley 27.795 de financiamiento universitario, al considerar que no fueron desvirtuados los argumentos que justificaron su dictado en primera instancia.

El caso se originó tras la sanción de la norma por el Congreso —ratificada con dos tercios luego del veto presidencial— y su posterior promulgación mediante el decreto 759/25, que condicionó su aplicación a la asignación de financiamiento específico.

Frente a ello, el Consejo Interuniversitario Nacional y varias universidades promovieron un amparo para que se declare la inconstitucionalidad de esa limitación.

En diciembre de 2025, el juez de primera instancia hizo lugar a una cautelar y ordenó cumplir de inmediato con los artículos vinculados a la actualización salarial docente y a las becas estudiantiles. Esa decisión fue apelada por el Estado Nacional, pero ahora la Cámara la confirmó.

“No se admite suspender una ley vigente”

Al analizar el caso, los jueces destacaron que el Congreso había agotado el procedimiento legislativo previsto en la Constitución, por lo que la norma debía ser aplicada.

En ese sentido, remarcaron que “el proceso legislativo había concluido con la insistencia de ambas cámaras del Congreso bajo el art. 83 de la Constitución Nacional, lo cual no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley”.

La Cámara fue más allá y planteó un interrogante clave: “¿Podría el Poder Ejecutivo sostener que la aplicación de una ley del Congreso se encuentra suspendida con sustento en otra ley anterior del propio Congreso?”. Según el fallo, “la respuesta sería negativa”, en línea con la doctrina de la Corte Suprema sobre jerarquía normativa.

En ese marco, los magistrados concluyeron que, en esta etapa preliminar, “no se advierte que el Poder Ejecutivo, bajo el ropaje del principio de juridicidad, pueda suspender la vigencia de una norma sobre la base de las disposiciones de otra norma anterior de igual jerarquía”.

Peligro en la demora y derechos afectados

El tribunal también avaló el criterio del juez de grado respecto del daño que podría ocasionar la demora en la aplicación de la ley. Señaló que “la propia ley 27.795 y el decreto impugnado dan cuenta del deterioro de los ingresos, la disminución del poder adquisitivo y la pérdida salarial del colectivo afectado”.

En esa línea, consideró acreditado el riesgo de perjuicios irreparables, al tratarse de derechos de carácter alimentario vinculados a salarios y becas. “El juez de grado ha sustentado adecuadamente el perjuicio irreparable que sufriría la parte actora”, indicaron.

Interés público y educación

Frente al argumento del Estado sobre el impacto fiscal, la Cámara sostuvo que la cuestión fue debidamente ponderada. Recordó que el costo estimado de la medida representa el 0,23% del PBI y subrayó que “no se observaba una afectación al interés público”, sino que, por el contrario, estaba en juego “el derecho a enseñar y aprender”.

Rechazo a los planteos del Estado

El tribunal también desestimó los cuestionamientos sobre la supuesta falta de imparcialidad de los jueces, al señalar que esos planteos ya habían sido resueltos y estaban alcanzados por el principio de preclusión.

Asimismo, rechazó que la cautelar implique una sentencia definitiva encubierta. Explicó que la medida se limita a ordenar el cumplimiento de aspectos puntuales de la ley —salarios y becas— y no agota el objeto del proceso principal, que es la validez del decreto presidencial.

Con estos fundamentos, la Cámara resolvió “confirmar la resolución de primera instancia que admitió la medida cautelar solicitada en autos”, manteniendo la obligación del Poder Ejecutivo de avanzar con la actualización salarial del sector universitario y la recomposición de becas mientras se resuelve la cuestión de fondo.

Ámbito – Por Vanesa Petrillo

El secretario general del sindicato, Daniel Ricci, afirmó: «Desde que asumió el presidente Javier Milei los trabajadores docentes y no docentes perdieron más del 50% del salario frente a la inflación».

El Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció hoy un paro de 24 horas para el próximo lunes 12 de agosto como estaba pautado, y no empezará con normalidad el segundo cuatrimestre.

Al mismo tiempo, la entidad informó que habrá un cese de actividades previstas para el 20 y 21 de este mes.

La medida de fuerza se realizará en señal de protesta frente a la «crítica situación» de los sueldos de los docentes y no docentes, mientras que solicitaron a los rectores de las distintas facultades decretar la emergencia salarial en todas las universidades públicas.  Según informó NA.

En este sentido, pidieron a las casas de estudio que participen de un plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que se llevará a cabo en La Pampa el 30 de agosto, en el que, en caso de no recibir una respuesta, se determinará la fecha para otra manifestación universitaria, al igual que la marcha organizada el pasado 30 de abril en distintos puntos del país.

El secretario general del sindicato, Daniel Ricci, afirmó: «Desde que asumió el presidente Javier Milei los trabajadores docentes y no docentes perdieron más del 50% del salario frente a la inflación».

Además, añadió que tras una reunión con la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, hasta ahora, no obtuvieron respuesta.