La protesta comenzará en horas de la mañana con diversas movilizaciones que concentrarán en distintos puntos del país.
Este martes, trabajadores docentes, no docentes, estudiantes y graduados protagonizarán la cuarta Marcha Federal Universitaria en todo el país para exigirle al Gobierno que cumpla con la ley de Financiamiento Universitario —cuyo futuro quedó en manos de la Corte Suprema— y que ordene una recomposición salarial de los educadores. En términos reales, las transferencias a universidades cayeron más de 45% en dos años y medio. Está prevista una amplia convocatoria de parte de diversos sectores de la sociedad.
La protesta comenzará en horas de la mañana con diversas movilizaciones que concentrarán en distintos puntos del país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, donde se espera un acto multitudinario a las 17. A lo largo de la jornada, las universidades realizarán un paro con suspensión de clases para reclamar por la grave situación financiera que atraviesan.
Será la cuarta vez en lo que va del gobierno de Milei que representantes de las universidades convocan a movilizarse ante el ajuste a las partidas. La convocatoria partió del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que lleva adelante una disputa en la Justicia con la administración libertaria por la ejecución de la ley de Financiamiento aprobada por el Congreso.
«Ya llevamos 200 días sin que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y por eso el martes nos movilizamos en todo el país», indicaron desde el CIN. La Universidad de Buenos Aires (UBA) también convocó a la movilización.
Participarán también organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y docentes y la Federación Universitaria Argentina (FUA) las cuales denuncian que las universidades públicas atraviesan una situación crítica provocada por el desfinanciamiento impartido por la gestión Milei desde diciembre de 2023.
Recorte del 45,6% en transferencias a universidades
Las instituciones denuncian una caída real del 45,6% en las transferencias presupuestarias entre 2023 y 2026. Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señalan que en ese lapso las becas estudiantiles se desplomaron un 76%: las becas del Plan Belgrano, diseñadas para carreras estratégicas, son de $80.000, mientras que las del Progresar son de $35.000.
En el caso de los trabajadores docentes sufrieron una retracción del 34% de su salario entre la asunción de Milei y enero del 2026 según la CONADU: un profesor de universidad con dedicación simple y 10 años de antigüedad cobró ese mes un sueldo bruto de $ 305.604. No tienen paritarias desde octubre del 2024.
Según un informe del propio CIN, mientras que los salarios universitarios subieron un 158% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, la inflación trepó al 280%. Este desfasaje se tradujo en una caída del 32% en el poder de compra de los trabajadores del sector. El deterioro salarial acumulado representa una quita real de 7,3 salarios mensuales en poco más de dos años.
En las últimas horas, mediante la Decisión Administrativa 20/2026, el Poder Ejecutivo oficializó una quita de $78.768 millones en partidas de la Secretaría de Educación. El recorte más significativo recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, el cual sufrió una baja de $35.288.051.713. También suprimió el Fondo de Compensación Salarial Docente de $8.929.835.294. Además, paralizó obras de infraestructura en universidades.
El futuro de la ley de Financiamiento Universitario se definirá en la Corte Suprema
Mientras tanto, en la previa de la marcha, la Cámara de Apelaciones concedió un recurso extraordinario al Gobierno nacional en el marco de la causa por la ley de Financiamiento Universitario que frena la cautelar y estira el plazo de definición hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La resolución, que revoca un fallo previo de la misma cámara, manifiesta que «el pronunciamiento del 31 de marzo de 2026, por el que este Tribunal decidió confirmar la resolución de primera instancia de fecha 23 de diciembre de 2025 (…) no reviste el carácter de sentencia definitiva», motivo por el cual hicieron lugar al planteo del Gobierno al pronunciarse «en sentido favorable a la concesión del recurso extraordinario interpuesto en la causa».
«Lo decidido por el tribunal implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar, hasta tanto se expida de manera definitiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación», informó Capital Humano al respecto del fallo.
En paralelo al recurso presentado por el Gobierno sobre el cual se expidió la Cámara de Apelaciones, el Poder Ejecutivo también le solicitó a los tres miembros de la Corte Suprema que se excusen en el caso y llamen a otros tres conjueces. Según consignó el portal Infobae, es debido a que todos ellos son docentes universitarios.
En ámbitos judiciales, el planteo fue considerado «débil». La maniobra fue interpretada como una estrategia dilatoria similar a la utilizada durante el kirchnerismo para intentar apartar magistrados en causas sensibles.
En la administración nacional argumentan que la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario obligaría desembolsar unos $2,5 billones, lo que rompería el superávit.
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