La oposición venezolana acusó a la dictadura chavista de destruir los derechos laborales. Desde marzo de 2022, el salario mínimo y la pensión se mantienen en unos 30 dólares.
Un grupo de choque del régimen de Maduro arremetió este miércoles contra la marcha de trabajadores —en el marco del Día Internacional del Trabajo— en Caracas. Organizaciones sindicales claman a la dictadura chavista mejoras salariales en un país donde el salario mínimo se mantiene en unos 30 dólares.
“Esto no se puede estar permitiendo (…), ¿cómo es posible que bandas armadas golpeen a trabajadores? Nosotros lo que venimos a reclamar es un salario digno”, dijo a la prensa el dirigente sindical Mauro Zambrano durante la movilización en Caracas.
La ONG defensora de derechos humanos PROVEA cuestionó que policías y militares que tenían acordonada la zona a la que llegó la marcha, en la céntrica Plaza Venezuela, “no actuaron para impedir la agresión”.
Durante el incidente, una fotoperiodista fue agredida por estos motorizados, que la golpearon con sus cascos y le robaron su cámara.
Por su parte, varios opositores acusaron al chavismo este miércoles de “destruir” derechos laborales, cuya recuperación —señalaron— pasa por un “cambio político” en el país, que se prepara para celebrar las presidenciales el próximo 28 de julio.
Uno de ellos fue el ex gobernador Henrique Capriles, quien aseguró, a través de X, que los trabajadores venezolanos viven “tiempos muy duros” debido a la “destrucción sistemática de sueldos, salarios, jubilaciones, pensiones, beneficios laborales”.
Varias organizaciones sindicales convocaron para hoy a una protesta nacional contra la “política hambreadora del Gobierno” y para exigir un aumento del salario mínimo, base del resto de remuneraciones en el sector público.
Desde marzo de 2022, el salario mínimo y la pensión se mantienen en 130 bolívares al mes, que en ese entonces, al cambio oficial, eran unos 30 dólares, lo que significa que se han reducido un 88 % en su equivalente en la divisa estadounidense, usada como referencia para fijar precios en Venezuela.
Los sindicatos exigen un aumento del salario mínimo del 5.614 %, hasta los 200 dólares al mes, un monto “inicial de arranque de una política salarial que le devuelva al trabajo su valor”.
Por su parte, el dictador Nicolás Maduro expresó que el “pueblo trabajador” del país tiene “razones de sobra para celebrar” este miércoles y aseguró tener un plan para el impulso económico y el “rescate de los derechos sociales y laborales”.
“¡Feliz día, pueblo trabajador! Tenemos razones de sobra para celebrar, somos un río crecido de fe, conciencia, constancia y amor patrio. Hoy, el país se sostiene sobre los valores humanistas y socialistas que construimos y defendemos, estamos venciendo y dando una contundente demostración de dignidad al mundo, somos la expresión viva del verdadero sentido y significado de este día”, escribió en X.
El dictador aseguró estar “comprometido por siempre con el destino de la patria buena”, y señaló que el denominado ‘Plan de la Patria 7T (transformaciones) 2030′ apunta al “crecimiento y la construcción del nuevo modelo económico” y al “rescate de los derechos sociales y laborales”.
En este sentido, prometió seguir “recuperando la economía” y los derechos de los trabajadores, a pesar de los “ataques perversos de los apellidos” -en referencia a miembros de la oposición mayoritaria- y “del imperialismo”.
Derechos humanos en la Venezuela de Maduro
La situación de los derechos humanos en Venezuela no ha experimentado cambios significativos, permaneciendo críticos los informes sobre violaciones, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad de la dictadura de Nicolás Maduro. Organizaciones no gubernamentales (ONGs) como Provea y el Centro Gumilla, documentaron centenares de asesinatos en operativos de seguridad, con un alto porcentaje de las víctimas siendo jóvenes varones de áreas pobres, según el informe anual del Departamento de Estado norteamericano. Además, el Monitor de Uso de Fuerza Letal registró 432 muertes involucrando a las fuerzas de seguridad solo hasta agosto, con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) liderando en número de casos.
Las acciones de grupos armados no estatales y bandas criminales también contribuyen al caos, involucrados en violencia, tráfico humano y explotación de comunidades indígenas, como es el caso de los Yanomami. Acusaciones de reclutamiento forzado de niños por estos grupos armados ilícitos fueron señaladas, presentando incluso una determinación por parte del Secretario de Estado que Venezuela respaldó tales prácticas durante el período de abril de 2022 a marzo de 2023, según el informe al que accedió Infobae.
El Foro Penal y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, denunciaron cientos de casos de tortura no reportados por temor a represalias. Las víctimas a menudo eran sometidas a tratos crueles como asfixia, descargas eléctricas y fracturas de huesos, lo que destaca la impunidad con la que actúan las fuerzas de Maduro.
(Con información de EFE) -Infobae
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